Gobernador acorralado

• En menos de tres meses, tres veces ciudadanos, ejidatarios y maestros han encarado públicamente a Joaquín Díaz Mena durante sus eventos, al asegurar que han agotado los canales institucionales sin recibir respuesta a sus demandas.
• Nunca en tan poco tiempo un mandatario estatal había sido increpado repetidamente en eventos públicos por ciudadanos comunes, no por opositores políticos ni por grupos organizados.

José González/Sol Yucatán

En menos de tres meses, el gobernador Joaquín Díaz Mena ha enfrentado al menos tres confrontaciones públicas con ciudadanos desesperados, quienes han optado por encararlo directamente durante sus eventos oficiales para exigir algo que, en teoría, debería ser lo más elemental en cualquier gobierno: ser escuchados.

Lo que está ocurriendo en Yucatán resulta inusual y políticamente revelador. Nunca en tan poco tiempo un mandatario estatal había sido increpado repetidamente en eventos públicos por ciudadanos comunes, no por opositores políticos ni por grupos organizados, sino por personas que aseguran haber agotado todos los canales institucionales sin obtener respuesta.

El fenómeno deja al descubierto una profunda desconexión entre el discurso del llamado “Renacimiento Maya” y la realidad que enfrentan muchos ciudadanos que buscan justicia o simplemente una audiencia con el titular del Ejecutivo.

Durante su campaña, Joaquín Díaz Mena prometió ser “protector de los derechos del pueblo”, un gobernante cercano a la gente y dispuesto a escuchar. Sin embargo, los episodios recientes reflejan una percepción distinta entre diversos sectores sociales: para ser atendidos, algunos ciudadanos sienten que deben interceptar al gobernador en público, interrumpir ceremonias o alzar la voz frente a cámaras y funcionarios.

Es una escena que, hasta hace poco, resultaba impensable en la política yucateca.

Ciudadanos que recurren al último recurso

El caso más reciente ocurrió ayer 26 de marzo, cuando una mujer del municipio de Acanceh interrumpió un evento público en Ticul para exigir justicia para su hermano, quien permanece postrado tras un accidente provocado —según denunció— por un agente de la Secretaría de Seguridad Pública.

La mujer aseguró que lleva más de siete meses intentando obtener una audiencia con el gobernador. Incluso relató que en una ocasión anterior el propio mandatario le pidió entregar sus datos para ser contactada, lo que nunca ocurrió.

Ante la falta de respuesta institucional, decidió hacer lo que consideró la única manera de ser escuchada: enfrentarlo en público.

“No es que no tenga educación”, dijo frente a los asistentes al evento. “Pero es la única manera de que me hagan caso, porque si no termina el evento y se sube a su camioneta y se va”.

El momento resultó incómodo. Funcionarios y simpatizantes intentaron aplaudir para diluir la escena, mientras el gobernador le prometía atenderla al finalizar el acto.

Cuando finalmente fue atendida, no fue por el gobernador sino por el secretario de Gobierno, y según la propia denunciante, su caso sigue sin resolverse.

El reclamo del campo

El segundo episodio ocurrió el 17 de marzo, cuando ejidatarios de Dzununcán encararon directamente al gobernador para exigir el pago de las tierras utilizadas desde hace más de dos décadas como estacionamiento del recinto ferial de X’Matkuil.

Se trata de 82 hectáreas que, según los campesinos, han sido utilizadas por el gobierno durante más de 20 años sin recibir un solo peso de compensación.

El comisario ejidal Wilbert Cocom Celis reclamó públicamente que el problema ha sido ignorado durante años y que incluso han citado al gobernador en tres ocasiones ante el Tribunal Agrario sin obtener respuesta.

Los ejidatarios afirman que han sido convocados varias veces al Palacio de Gobierno para dialogar, solo para terminar plantados sin explicación.

La inconformidad es tal que han advertido que podrían tomar el estacionamiento de la feria si el conflicto no se resuelve.

El reclamo del magisterio

El tercer incidente se registró el 24 de enero en Valladolid, cuando el profesor Limberth Santoyo, líder del movimiento magisterial PAEES Unidos, intentó entregar personalmente al gobernador denuncias sobre presuntas irregularidades dentro de la Secretaría de Educación del Estado.

Los docentes aseguran contar con documentación que señalaría un posible desvío superior a los dos millones de pesos dentro de la dependencia.

Sin embargo, cuando Santoyo intentó acercarse al mandatario para pedirle audiencia, la respuesta fue tajante.

“Hágase a un lado, por favor”, le dijo el gobernador frente a los asistentes.

Los maestros aseguran que han ingresado oficios y solicitudes formales en varias ocasiones, sin obtener respuesta.

La reacción generó inconformidad dentro del gremio, especialmente porque el gobierno estatal ha reiterado públicamente su política de “cero tolerancia a la corrupción”.

Los tres episodios, ocurridos en un lapso de apenas semanas, comparten un elemento central: ciudadanos que afirman haber agotado los canales institucionales sin recibir respuesta.

En cada caso, el recurso final fue interceptar al gobernador durante sus eventos públicos.

Esto plantea una pregunta incómoda para la actual administración:
¿por qué los ciudadanos sienten que deben recurrir a este tipo de confrontaciones para ser escuchados?

Yucatán ha presumido durante décadas una estabilidad política poco común en el país, donde las giras de los gobernadores solían desarrollarse sin escenas de tensión o reclamos públicos.

Incluso mandatarios con estilos autoritarios, como Víctor Cervera Pacheco, mantenían estructuras políticas capaces de procesar conflictos antes de que explotaran frente a las cámaras.

Hoy la situación parece distinta.

La acumulación de reclamos —docentes, ejidatarios, familias afectadas por negligencia oficial— sugiere que los canales de atención ciudadana del gobierno estatal no están funcionando con la eficacia prometida.

El proyecto político del actual gobierno fue presentado como un “Renacimiento Maya”, una nueva etapa para Yucatán basada en cercanía con la gente, justicia social y atención a los sectores históricamente marginados.

Pero la realidad comienza a mostrar fisuras.

Cuando ciudadanos comunes sienten que la única forma de obtener atención es detener al gobernador en medio de un evento, el problema deja de ser un caso aislado.

Se convierte en un síntoma político.

Porque si en menos de tres meses tres sectores distintos han decidido confrontar públicamente al mandatario estatal, la inconformidad continúa creciendo.

Y sobre todo, qué pasará durante los próximos años de gobierno si los reclamos que hoy se gritan en las giras siguen sin encontrar respuesta en las oficinas del poder.