Gasolina legislativa, negocio oculto

• El contrato millonario del Congreso de Yucatán para tarjetas electrónicas de combustible abre la puerta a la opacidad y al posible desvío de recursos públicos. Cómo la tecnología puede usarse como coartada para desvío de recursos.

• Bajo un esquema tecnológico administrado por una empresa con antecedentes reputacionales cuestionados, el gasto en gasolina se vuelve difícil de fiscalizar y propicio para abusos que, hasta ahora, permanecen fuera del escrutinio ciudadano.

• Las tarjetas se cargan con saldo y se utilizan en estaciones afiliadas que reportan consumos a la plataforma del proveedor, la cual consolida la información y emite facturación.

Redacción/Sol Yucatán

A través de las tarjetas electrónicas para el supuesto abastecimiento de gasolina, los diputados de Yucatán han encontrado un mecanismo de corrupción para allegarse recursos del público a su bolsillo.

Bajo el lenguaje técnico de la modernización administrativa y el control del gasto, el Congreso del Estado de Yucatán formalizó un contrato abierto para la administración de monederos electrónicos de combustible que, lejos de disipar dudas, concentra riesgos, opacidad y márgenes de discrecionalidad difíciles de auditar en tiempo real.

El acuerdo, identificado como CEY-DGAF-LP-001-2025 y vigente de febrero a diciembre de 2025, autoriza un gasto máximo superior a los seis millones de pesos para la dispersión y administración de recursos destinados a gasolina. En el papel, se trata de un esquema eficiente, en la práctica, es un sistema que, sin controles externos robustos y sin transparencia granular, se presta a la simulación.

El contrato no adquiere gasolina como un bien tangible ni establece un suministro medido por litros verificados, contrata un servicio financiero-tecnológico que emite, administra y valida tarjetas electrónicas con saldo. Esa diferencia es crucial.

Cuando el gasto público se canaliza a través de plataformas privadas que concentran la información, la trazabilidad se vuelve dependiente del proveedor y de la voluntad del cliente de exigir reportes exhaustivos. El carácter de “contrato abierto” añade una capa adicional de riesgo: el gasto se ejerce conforme se solicita, sin un calendario rígido ni una justificación pública del consumo por vehículo o comisión legislativa, lo que diluye la posibilidad de detectar desviaciones oportunamente.

La proveedora seleccionada, Servicios Broxel, S.A.P.I. de C.V., es una empresa del sector fintech con autorizaciones fiscales para operar monederos electrónicos. Esa autorización, sin embargo, no es sinónimo de probidad en la gestión de recursos públicos.

En el ecosistema de pagos, la capacidad técnica convive con antecedentes reputacionales que obligan a un escrutinio reforzado. Diversos reportes públicos han señalado sanciones y observaciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a entidades financieras relacionadas con el mismo grupo empresarial, lo que, aun cuando se trate de razones sociales distintas, configura un contexto que no puede ignorarse cuando se entregan plataformas y flujos de dinero público a un intermediario privado. No se trata de afirmar culpabilidades automáticas, sino de advertir que el historial del grupo exige candados adicionales que el contrato no transparenta.

El diseño operativo del servicio revela por qué estos esquemas se han convertido, en múltiples entidades del país, en rutas habituales de desvío. Las tarjetas se cargan con saldo y se utilizan en estaciones afiliadas que reportan consumos a la plataforma del proveedor, la cual consolida la información y emite facturación.

Si no existe una obligación de publicar consumos individualizados, padrones de tarjetas, asignaciones por vehículo y comparativos de rendimiento, el sistema puede absorber prácticas irregulares sin levantar alertas visibles. La simulación es sencilla: consumos inflados, cargas repetidas, uso de tarjetas en horarios o ubicaciones incompatibles con actividades oficiales, o incluso esquemas donde estaciones “simulan” ventas de combustible para entregar efectivo o bienes. La tecnología no impide estas prácticas; solo las hace menos visibles.

El Congreso no ha difundido, de manera accesible, indicadores que permitan verificar la necesidad real del gasto. No hay un cruce público entre el número de vehículos oficiales, las rutas, los kilómetros recorridos y los litros cargados. Tampoco se conocen límites operativos estrictos por unidad, ni auditorías técnicas independientes que revisen la integridad de los datos de la plataforma.

En ausencia de estas medidas, la promesa de control se diluye y la discrecionalidad crece. El riesgo no es hipotético: el propio contrato contempla comisiones por administración que, aunque porcentualmente pequeñas, se vuelven relevantes en montos agregados y crean incentivos para maximizar el flujo administrado.

La relación entre proveedor y cliente es otro punto crítico. Al concentrar la emisión de tarjetas, la administración de saldos y la validación de consumos, el proveedor se convierte en un actor central del circuito del gasto. Si el Congreso no segrega funciones internas, si no establece dobles autorizaciones ni revisiones cruzadas, la plataforma puede operar como una caja negra.

En ese escenario, la colusión no requiere de grandes conspiraciones, basta con la tolerancia al desorden, la normalización de consumos elevados y la ausencia de consecuencias. La opacidad no siempre es un acto deliberado, a menudo es el resultado de sistemas diseñados sin la transparencia como prioridad.

La narrativa oficial suele presentar estos contratos como un avance frente al uso de efectivo o vales impresos. Sin embargo, la experiencia comparada muestra que la sofisticación tecnológica no sustituye a la vigilancia ciudadana. Cuando los reportes no se publican, cuando las bitácoras no se auditan y cuando las plataformas no son sometidas a pruebas independientes, el riesgo se multiplica.

En el caso del Congreso de Yucatán, la información disponible no permite descartar que el sistema esté siendo utilizado conforme a su objeto, tampoco permite confirmarlo. Esa ambigüedad es, en sí misma, un problema en el manejo de recursos públicos.

La gravedad del asunto no radica únicamente en el monto, sino en el precedente. Normalizar esquemas de gasto opacos bajo el pretexto de la eficiencia abre la puerta a prácticas sistemáticas de desvío que se vuelven difíciles de erradicar.

La ciudadanía no puede fiscalizar lo que no se publica, y los órganos de control llegan tarde cuando la información se concentra en reportes agregados. Si a ello se suma la selección de un proveedor con antecedentes reputacionales cuestionados en el ámbito financiero, el riesgo se convierte en una señal de alarma.

La pregunta central persiste: ¿para qué se necesita un esquema tan complejo y poco transparente para abastecer gasolina? Si el objetivo fuera estrictamente operativo, bastarían controles simples y verificables.

La elección de un sistema que intermedia, administra y opaca el flujo sugiere, cuando menos, una tolerancia institucional al riesgo de abuso. En un contexto nacional donde los monederos electrónicos han sido señalados como vías recurrentes de simulación, el Congreso de Yucatán tenía la obligación de elevar el estándar de transparencia. No hacerlo equivale a aceptar que la duda acompañe al gasto público.

Mientras no se publiquen los padrones de tarjetas, los consumos por vehículo, las rutas y las auditorías técnicas del sistema, el contrato seguirá siendo un ejemplo de cómo la tecnología puede usarse como coartada. La modernización administrativa no puede ser un escudo frente al escrutinio. En el manejo del dinero público, la confianza no se declara: se demuestra. Y hoy, en el caso de las tarjetas electrónicas de combustible del Congreso de Yucatán, esa demostración sigue pendiente.