Fraude notariado en Celestún

• Una operación inmobiliaria por más de 2.2 millones de pesos derivó en un presunto despojo millonario que habría sido facilitado desde la Notaría 93 de Mérida.
• El caso ya es investigado por la Fiscalía por posibles delitos patrimoniales y pone en entredicho el uso de la fe pública como instrumento de fraude.

Redacción/Sol Yucatán

Una operación inmobiliaria en el puerto de Celestún derivó en un presunto despojo valuado hoy en más de 63 millones de pesos, con la participación de un abogado ligado directamente a la Notaría 93 de Mérida, cuyo titular es su propio padre. La Fiscalía investiga el caso, pero el denunciante acusa tortuguismo y una red de complicidades para quedarse con el predio.

El 17 de noviembre de 2017, el ciudadano Alberto Yáñez Castro adquirió un predio ubicado en el puerto de Celestún, identificado con el tablaje número 3827, mediante una operación de compraventa con Lázaro Ramón Guzmán, de origen cubano y naturalizado mexicano.

La transacción fue formalizada ante la fe del notario público número 93 de Mérida, Miguel de Jesús Sarabia Pérez, con un precio pactado de aproximadamente 2.2 millones de pesos. Para concretar los trámites legales y administrativos, Yáñez Castro contrató al abogado Miguel Ángel Sarabia Bazán, hijo del propio notario.

Lo que parecía una operación rutinaria terminó convirtiéndose en un presunto esquema de despojo inmobiliario.

Durante el proceso de escrituración, Lázaro Ramón Guzmán informó que no había cubierto los costos de inscripción de su compra previa del predio, adquirida originalmente a Fernando José Vega Espinosa. Esta omisión impedía registrar la nueva compraventa a favor de Yáñez Castro.

Para evitar retrasos, el comprador aceptó pagar los costos de ambas operaciones, bajo la promesa de que ambas escrituras serían tramitadas en la misma notaría.

Sin embargo, de acuerdo con la denuncia, el abogado Sarabia Bazán únicamente realizó los trámites para inscribir la operación previa (Vega Espinosa–Guzmán), dejando sin inscripción la compraventa entre Guzmán y Yáñez Castro. Tampoco se emitieron los avisos preventivos ni definitivos en el Registro Público de la Propiedad, dejando desprotegidos los derechos del comprador.

Especialistas en derecho inmobiliario advierten que este tipo de omisiones no son simples errores administrativos, sino una de las principales vías para ejecutar fraudes patrimoniales.

Aprovechando que la primera operación no fue inscrita, Lázaro Ramón Guzmán vendió el mismo predio a Cuauhtémoc Ayala Arzápalo. La operación se realizó en San Francisco de Campeche, ante la fe del notario número 12, Alberto Luciano Fuentes Tzec, donde sí se registraron los avisos correspondientes.

Cuando posteriormente se intentó inscribir la compraventa de Yáñez Castro, esta fue objetada por existir ya un registro previo a favor del segundo comprador.

La maniobra resulta particularmente sospechosa, ya que todas las partes involucradas radican en Mérida y el predio se ubica en Yucatán, sin razón técnica evidente para realizar la operación en otro estado.

La relatoría de hechos señala que Cuauhtémoc Ayala Arzápalo, Fernando José Vega Espinosa y Lázaro Ramón Guzmán han realizado múltiples operaciones inmobiliarias bajo la fe del notario Sarabia Pérez, asesorados por el abogado Sarabia Bazán.

Este patrón apunta a una estructura recurrente de operaciones que hoy está bajo observación de autoridades y especialistas.

Ante los hechos, Alberto Yáñez Castro presentó denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales, dando origen a la carpeta administrativa UNADT/409/2025.

Sin embargo, el denunciante acusa lentitud en la integración del expediente y falta de acción penal, pese a que el daño patrimonial podría superar los 60 millones de pesos, valor estimado actual del predio.

La Fiscalía ha considerado a Cuauhtémoc Ayala Arzápalo como comprador de buena fe, versión que el denunciante cuestiona debido a las relaciones comerciales previas entre los involucrados.

Celestún se ha convertido en uno de los puntos más codiciados de la costa yucateca, con un crecimiento especulativo acelerado que ha disparado el valor del suelo. Este fenómeno ha generado oportunidades de inversión, pero también conflictos legales, dobles ventas y presuntos esquemas de despojo.

El caso del tablaje 3827 es un ejemplo extremo: un predio adquirido por poco más de dos millones de pesos hoy tendría un valor superior a los 63 millones, convirtiéndose en una disputa multimillonaria.

El caso reaviva el debate sobre la supervisión del sistema notarial en Yucatán, donde los fedatarios públicos tienen la responsabilidad de garantizar la legalidad de las operaciones inmobiliarias.

La presunta participación de un abogado ligado directamente a una notaría plantea un conflicto de interés grave y cuestiona los mecanismos de vigilancia del Colegio de Notarios, el Registro Público de la Propiedad y las autoridades judiciales.

Mientras la carpeta de investigación avanza lentamente, el predio sigue en disputa, evidenciando las grietas del mercado inmobiliario yucateco en medio del boom turístico y de inversiones.