Diputados cuestan 220 MDP

• El plan B puso en evidencia el costo real por cada diputado de Yucatán, que asciende a 6.2 millones de pesos al año. Sus privilegios se verán afectados con la inminente aprobación de la propuesta del Gobierno Federal.
• La actual legislatura se perfila para ser una de las peores de la historia, debido a que tienen más de 100 iniciativas en la congeladora y tienen 4 años en desacato para promulgar una ley de representación indígena.
• En Yucatán significa un duro golpe para el Congreso, dominado por Morena y sus aliados, quienes verán mermados sus privilegios y tendrán que prescindir de algunas personas y servicios.

Redacción/Sol Yucatán

En Yucatán, cada diputado cuesta al estado poco más de 6 millones de pesos al año, reveló la presidenta Claudia Sheinbaum al presentar el llamado Plan B, tras haber sido rechazada la Reforma Electoral.

De acuerdo con el documento, en Yucatán se asignan 219 millones 444 mil 926 pesos para las tareas legislativas y la operación del Congreso local.

El Congreso local tiene 35 legisladores, por lo cual cada diputado tiene un costo de 6 millones 269 mil 855 pesos.

Esta cantidad no significa el dinero íntegro que recibe cada legislador al año, sino que es lo que cuesta entre sueldo, el pago de prestaciones, asistente personal, que cada uno tiene al menos dos, asesores, voceros, viáticos, seguros médicos, café, seguridad, entre muchos otros.

De acuerdo con el Congreso, cada legislador percibe por su trabajo un sueldo de alrededor de 1 millón 300 mil pesos al año, por lo cual el resto se gasta en servicios externos.

Es inminente que la propuesta de la presidenta que llegará al Congreso de la Unión tenga luz verde, debido a que no requiere del voto de sus aliados (PT y PVEM), quienes no apoyaron la reforma electoral, ya que solo requiere el voto de la bancada morenista al tratarse de una ley secundaria y no una reforma constitucional.

Se pretende un ahorro de al menos 4 MMDP que se destinarán a los estados y municipios.

En Yucatán, significa un duro golpe para el Congreso, dominado por Morena y sus aliados, quienes verán mermados sus privilegios y tendrán que prescindir de algunas personas y servicios.

A nivel peninsular, Campeche tiene a los diputados menos costosos, con 6 millones 129 mil 955 pesos, mientras que Quintana Roo tiene a los diputados más caros de la península, con un gasto de 21 millones 455 mil 125 pesos, que los ubica como el octavo Congreso más caro del país.

De aprobarse el Plan B, como está previsto en el propio Congreso del Estado, se podría ver beneficiado, debido a que la propuesta contempla un presupuesto de hasta el 0.7% del presupuesto total del Estado, sin embargo, el Congreso actual recibe el 0.5% del presupuesto estatal.

Los altos costos contrastan con la productividad legislativa, al día de hoy, el Congreso local tiene en la congeladora más de 125 iniciativas, que no se dictaminaron, no se discutieron y que han sido enviadas a la bodega.

Por lo cual la presente legislatura se perfila para ser de las peores en la historia de Yucatán.

Aunado a ello, desde hace 4 años el Poder Legislativo se encuentra en desacato, debido a que no han dado entrada a la “Ley de representación indígena ante los Ayuntamientos”, la cual fue frenada por la anterior legislatura dominada por el PAN y ahora tampoco ha sido discutida y aprobada por la actual legislatura dominada por Morena.

Por su parte, el gobernador no es congruente entre lo que dice y lo que hace.

En cada uno de los eventos públicos no se cansa de agradecer y alabar el trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, sin embargo, sus palabras no concuerdan con sus acciones.

En pleno debate del llamado Plan B de la Reforma Electoral de la presidenta, el mandatario realizó un decreto que contradice la propuesta de la jefa de Estado.

El gobierno del estado emitió el decreto 169/2026.

De acuerdo con el decreto del gobierno estatal, se contempla el incremento de la cifra de regidores de los municipios de Acanceh, Akil, Espita, Halachó, Muna, Seyé, Tecoh, Tekit, Temozón, Tinum, Yaxcabá y Tixkokob, quienes pasan de 8 a 11 ediles.

Con lo cual hay un incremento de 36 ediles.

De acuerdo al decreto del gobierno estatal que entró en vigor hace unos días y que se dio parte al IEPAC, pero que aplicará a partir del 1 de septiembre del 2027, que corresponde al primer ejercicio constitucional de las autoridades que se elegirán en el proceso electoral 2026-2027. Lo que llama la atención es que el decreto del gobernador contraviene lo planteado en el plan B de la Reforma Electoral del Gobierno Federal, donde entre una de las propuestas está precisamente la reducción de regidores con una cifra de 7 como mínimo y 15 como máximo.