Desgaste político

• El gobierno de Joaquín Díaz Mena está plagado de acusaciones de corrupción, tráfico de influencias y un desgaste político anticipado, lo que ha llevado a que el actual gobernador sea considerado como uno de los peores de la historia.

• La modificación de la propuesta del Plan B, aplazó un año más de sufrimiento para los yucatecos, debido a que la revocación de mandato no se hará en el 2027, sino que se corrió al 2028.

Redacción/Sol Yucatán

El Plan B de la Reforma Electoral del gobierno federal, aprobada anoche en la particular por la Cámara de Senadores, significa un respiro para el gobernador de Yucatán Joaquín Díaz Mena, ya que por ley le dará al menos un año más al frente del gobierno.

De última hora se modificó la propuesta de la revocación de mandato contemplada para la presidenta y por ende para gobernadores elegidos en el 2024, cuya consulta sería en el 2027 y en cambio se movió para el 2028.

Por lo tanto, por ley el mandatario yucateco no podría ser sometido a la revocación de mandato o término anticipado de su función por malos resultados, lo que significa al menos un año más de sufrimiento para los yucatecos como consecuencia de una mala gestión.

No hay que olvidar que el gobierno de Díaz Mena está plagado de acusaciones de corrupción, tráfico de influencias y un desgaste político anticipado, lo que ha llevado a que el actual gobernador sea considerado como uno de los peores de la historia y posicionarse como de los peores mandatarios del país.

De ser la consulta el día de hoy, el mandatario, indudablemente sería removido de su función, debido a que está llevando al estado al colapso.

La reforma que se aprobaría este día en el Pleno, también contempla repercusiones en Yucatán.

El Ayuntamiento de Mérida tendría que reducir el número de regidores de 19 a 15 como estipula la propuesta.

Los magistrados electorales también se verían afectados, debido a que al día de hoy entre sueldos y prestaciones obtienen ingresos de poco más de 200 mil pesos.

Esta situación se tendría que modificar, ya que la ley establece que nadie podrá ganar más que la presidenta.

En el caso del Congreso, el tope máximo sería del .7% del presupuesto del estado y se contempla la reducción de asesores y de personal auxilia.