DEMANDADO POR CORRUPTO

EXIGEN UNA INVESTIGACIÓN SERIA, PROFESIONAL E IMPARCIAL PARA QUE SE APLIQUE LA LEY

*En un hecho sin precedente en la historia de Yucatán, el empresario Fernando Barbachano Herrero denunció por actos de corrupción al gobernador en funciones, Mauricio Vila Dosal, al fiscal Juan Manuel León León y al Juez Segundo de lo Mercantil, Raúl Cano Calderón.

*Se denuncia un esquema sistematizado de corrupción interinstitucional en el que han intervenido diversos funcionarios de la Fiscalía General de Justicia, del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo, todos del Estado de Yucatán, incluidos el gobernador en funciones y el fiscal general del Estado.

*Mauricio Vila Dosal está señalado como la cabeza del intento del descarado robo del hotel Mayaland, propiedad de la familia Barbachano, ya que significaba un negocio de cientos de millones de pesos por la construcción del Tren Maya en Chichén Itzá.

Redacción/Sol Yucatán

En un hecho sin precedente en la historia de Yucatán, un gobernador en funciones fue demandado penalmente por un ciudadano, junto con el fiscal general Juan Manuel León León y al juez segundo de lo mercantil, Raúl Cano Calderón, perteneciente al Poder Judicial.

El empresario yucateco Fernando Barbachano Herrero denunció ante la Vice Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción el intento fallido de Mauricio Vila Dosal y Rodrigo Rosas Moya de adueñarse del hotel Mayaland, el cual ha pertenecido a su familia por más de 100 años.

En la denuncia se expone el esquema de corrupción sistematizada que el Gobernador, Mauricio Vila Dosal, instrumentalizó en el Estado de Yucatán, con el apoyo de funcionarios judiciales y del fiscal general de justicia, Juan Manuel León León, del que se desprende un desentendimiento total de los principios de legalidad y división de poderes, así como un ejercicio francamente indebido de sus funciones públicas, en agravio de su representación y de la sociedad yucateca en general.

Se denuncian hechos constitutivos de un esquema sistematizado de corrupción interinstitucional en el que han intervenido a título de acción y omisión, diversos funcionarios de la Fiscalía General de Justicia, del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo, todos, del Estado de Yucatán – incluidos el gobernador en funciones, Mauricio Vila Dosal y el fiscal general del Estado, Juan Manuel León León.

En todo Estado Democrático de Derecho, el ejercicio de la función pública en los tres órdenes de gobierno exige a los servidores públicos el legal desempeño de su encargo, para lo cual resulta imprescindible que los sujetos elegidos por voto popular, o bien, designados para llevar a cabo encomiendas de carácter constitucional, se conduzcan con responsabilidad, honorabilidad, honestidad y transparencia, asienta la denuncia penal ante la Vice Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción.

La semana pasada, Barbachano Herrero, a través de sus abogados Gerardo Ostos Rincón Gallardo, Estefanía Viviana Rodríguez Ramos, Salme Hinostroza Jiménez y Paola Lisset Núñez Reséndiz, levantaron la denuncia y exhortaron al titular de la dependencia Carlos Alfonso Murillo Kú, de realizar una investigación seria, profesional e imparcial para que se aplique la ley.

Esto debido a que existen las pruebas suficientes para demostrar la plena culpabilidad de los señalados y dejar claro los atropellos e injusticias que sufrió la víctima, dejándolo en un estado de indefensión al sufrir corrupción institucional, que permió al Poder Ejecutivo y Judicial.

Cuya cabeza fue precisamente la del titular del Poder Ejecutivo, quien tiene total control del sistema judicial, ya que durante su gobierno impuso a los magistrados que conforman la máxima tribuna de justicia de Yucatán.

De no ser por la férrea batalla legal que emprendió Fernando Barbachano, que incluso, en su desesperación al topar con pared en el sistema de justicia de Yucatán, lo llevó a pedir auxilio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos ministros de justicia lo ampararon.

Hoy la familia Barbachano pide que se les regrese de manera inmediata su propiedad. El pasado 18 de junio se cumplieron 28 meses del secuestro del Hotel Mayaland por los negros intereses de Vila Dosal, quien ordenó al fiscal general Juan Manuel León León y al juez segundo de lo mercantil, Raúl Cano Calderón, para operar de manera dolosa e ilegal en favor de Rosas Moya y apropiarse del recinto.

Vila Dosal, con información privilegiada, quería hacer millonario negocio con la construcción del Tren Maya, que traería una mayor cantidad de turistas a la zona arqueológica más importante del país, considerado como una de las siete maravillas del mundo moderno.

Por ello, el Gobierno Federal no incluyó a Chichén Itzá en su plan de construcción de hoteles en zonas arqueológicas del sureste del país, que albergará a miles de turistas nacionales y extranjeros.

Los hoteles de la familia Barbachano fueron dados en arrendamiento a la empresa POSADA CHICHÉN ITZÁ, S.A. de C.V., por lo que hasta el año 2021 habían sido operados legítimamente por esta en un marco absoluto de cumplimiento normativo.

Derivado de los efectos de la pandemia provocada por el virus Covid-19 provocó en la economía mundial, la familia Barbachano exploró la posibilidad de enajenarlos, iniciando para tal efecto negociaciones con la persona jurídica denominada INMOBILIARIA R4, S.A. de C.V., representada por Rodolfo Rosas Moya.

El tres de junio de 2020, Fernando Barbachano Herrero, actuando en lo personal y como apoderado legal tanto de las personas físicas, John Patrick Barbachano Perschbacher y Carolina Marie Barbachano Perschbacher, como de la persona moral, MAYALAND, S.A., suscribió una carta de intención de venta con INMOBILIARIA R4, S.A. de C.V., representada legalmente por Rosas Moya, en la que quedó plasmada la voluntad de esta de adquirir en propiedad los hoteles denominados “MAYALAND” y “THE LODGE CHICHÉN ITZÁ”. 

El siete de agosto del 2020, las partes antes mencionadas suscribieron un contrato de promesa de compraventa por la cantidad de $6,000,000.00 USD (seis millones de dólares americanos), los cuales se pagarían a más tardar el 27 de octubre del 2020, sin embargo, no cumplió.

Como consecuencia del incumplimiento, se le notificó a la INMOBILIARIA R4, S.A. de C.V. la rescisión del contrato, por conducto del notario público número 19 en el Estado de Yucatán, licenciado Fernando Vales Tenreiro.

Con fecha del veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, el licenciado en derecho, Gabriel Pérez Esquinca Cámara, apoderado legal de INMOBILIARIA R4, S.A. de C.V. – formuló una querella ante la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales, adscrita a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Quintana Roo por hechos que “a su juicio” podrían ser constitutivos del delito de fraude. 

Sin embargo, estos de ninguna manera podrían ser constitutivos del delito de fraude, teniendo en cuenta que la familia Barbachano tenía la intención de vender las propiedades, pero la otra parte no pagó lo convenido y se dio por terminado el contrato, promoviendo incluso un juicio ordinario civil, que se radicó en el Juzgado Primero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, bajo el número de expediente 6/2021.

Cabe destacar que la Fiscalía de Quintana Roo ni siquiera es legalmente competente para proceder, en su caso, a la investigación de los hechos motivo de la querella, puesto que los hechos ocurrieron en Yucatán.

La Fiscalía del Estado de Yucatán, a cargo de Juan Manuel León León se encontraba obligada a no actuar ante la petición del aseguramiento de los hoteles, porque la investigación estaba fuera de competencia o bien atraer la investigación, sin embargo, actuó de manera dolosa para permitir el secuestro de los hoteles.

La Fiscalía de Yucatán no solo apoyó el despojo, sino que también, sin una orden judicial, entregó los inmuebles a Esquinca Cámara y a Alejandro Alvarado Muro, quienes al margen de la ley han estado operando los hoteles obteniendo un beneficio y evadiendo las leyes fiscales, ya que no emiten facturas por los servicios prestados, ni tampoco tienen asegurados ante el IMSS a sus empleados, lo que se configura un grave delito por evasión de impuestos.

Tras el cambio de gobierno, el fiscal de Quintana Roo, Óscar Montes de Oca Rosales, fue cesado, designándose en su lugar a Raciel López Salazar, se ordenó levantar la medida de aseguramiento, toda vez que el inmueble no constituye instrumento, producto u objeto de ningún delito. 

La Fiscalía de Quintana Roo notificó a su homóloga de Yucatán entregar los hoteles a sus dueños, dado que no existe delito que perseguir, sin embargo, la dependencia estatal se ha negado.

El juez Cano Calderón está siendo sujeto a denuncia penal, debido a que actuó de manera dolosa para favorecer a la empresa de Rosas Moya, al haber admitido a trámite en la vía ejecutiva mercantil, una acción que, en su caso, tendría que haberse dilucidado en la vía ordinaria mercantil.

Por lo tanto, más allá de vulnerar el principio de legalidad y el debido proceso en perjuicio, la conducta del juez constituye una conducta tipificada por la ley penal como delito; por ello, actualmente se sigue una investigación en su contra aperturada con el número de carpeta UNATD35-GC/935/2022.

Tampoco es casualidad que con la construcción del Tren Maya se proyecte un incremento considerable de turismo en la región del sureste mexicano, el Gobierno Federal tendría intenciones de fomentar la construcción de nuevos hoteles, lo que en función de su encargo es del pleno conocimiento del Gobernador, Vila Dosal. 

La zona arqueológica de Chichén Itzá es la más importante del país, tan es así que se encuentra clasificada como una de las siete maravillas del mundo moderno, y no habría sido posible construir un hotel tan cercano a dicho patrimonio de la humanidad, como los denominados “MAYALAND” y “THE LODGE CHICHÉN ITZÁ”. 

Parece muy claro entonces que Vila Dosal haya tenido un interés personal en la fallida operación de compraventa y de intentar adueñarse de manera ilegal del hotel, utilizando el aparato de justicia para hacer un millonario negocio.

Esto debido a que el hotel Mayaland es el único en el mundo que tiene acceso directo y una vista desde las habitaciones a una de las siete maravillas del mundo moderno, lo que significaría muchos millones al año.

Para darnos una idea, tan solo el año pasado, a Chichén Itzá accedieron 2 millones 300 mil personas y dejó una derrama económica en la zona arqueológica de 700 millones y una derrama económica de más de 10 mil millones de pesos en la zona.