DELINCUENCIA ORGANIZADA 

EL CARTEL ESTÁ COMANDADO DIRECTAMENTE POR EL GOBERNADOR

*El Insejupy, Catastro y Consejería Jurídica de Yucatán, tejió una red de corrupción que trabaja para la mafia inmobiliaria que se han apoderado de manera ilegal de varios predios en zonas con alta plusvalía. En la operación, con falsificación de documentos, están involucrados notarios yucatecos.

*Los funcionarios tienen un modus operandi bien definido: “ahorcan” a los dueños de inmuebles con alto valor para obligarlos a mal venderlos o, en su caso, los despojan a través de cambio de propietario ante el Insejupy.

*Los predios desocupados son verificados mediante predial. Tras confirmar que no hay personas al pendiente de la vivienda, se trabaja con el notario corrupto, quien legaliza una eventual donación o finge una compra. Después regularizan el predio y lo ponen a nombre de integrantes de la mafia inmobiliaria.

El despojo de propiedades en colonias con elevada plusvalía y en la costa de Yucatán se ha convertido en una operación muy bien diseñada, como si fuera el crimen organizado, donde participan actuarios, policías y civiles.

Este negocio es auspiciado por el Registro Público de la propiedad, la Consejería Jurídica y el Catastro, del gobierno de Mauricio Vila Dosal. 

Varios casos han sido documentados en las colonias García Ginerés, Chenkú, Pensiones, Centro, donde despojan de las propiedades a sus dueños con diversas artimañas legales, después regularizan el predio y lo ponen a nombre de integrantes de la mafia inmobiliaria y a los pocos meses ya se encuentran en las revistas inmobiliarias en venta.

Opera de manera similar a como el cartel del PAN trabaja en la Ciudad de México, donde de acuerdo con investigaciones periodísticas este grupo ha despojado de valiosas propiedades a personas de la tercera edad.

En Yucatán, el cartel está comandado directamente por el gobernador Mauricio Vila Dosal y en el cual están involucrados el consejero jurídico de Yucatán, Yussif Heredia Fritz, sobrino de la Secretaria General de Gobierno, María Fritz Sierra, el director del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy), Heide Zetina Rodríguez, y la directora del Catastro, Lourdes Solís Méndez.

Los funcionarios tienen un modus operandi bien definido, “ahorcan” a los dueños de inmuebles con alto valor para obligarlos a mal venderlos o en su caso los despojan a través de cambio de propietario ante el Insejupy.

En la operación están involucrados notarios yucatecos, quienes son los que reescrituran las propiedades a nombre de otras personas, para luego revender las propiedades o convertirlos en negocios.

La falsificación de documentos y el uso de documentación falsa en actividades notariales, punto medular de acusaciones contra fedatarios que han llegado a los juzgados penales, son dos de los elementos más utilizados para la comisión de delitos del ámbito patrimonial.

Los inmuebles tienen una alta plusvalía por su cercanía con centros comerciales, escuelas de nivel superior, clínicas y hospitales.

En ese punto de la ciudad, los criminales encontraron tierra firme para cometer sus fechorías, ubicando predios objetivo, principalmente aquellos que tenían un periodo de renta sin ocupar, o aquellas viviendas donde nadie sabía quién vivía y no se veían nunca ocupadas.

El delito sigue el mismo patrón, ubican las viviendas desocupadas en las zonas de plusvalía, en el cuadrante norponiente que va desde Ciudad Caucel hasta Cholul.

Los predios desocupados son verificados mediante predial. Tras confirmar que no hay personas al pendiente de la vivienda, se trabaja con el notario corrupto, quien legaliza una eventual donación o finge una compra.

Al pasar por la Notaría Pública, los documentos del despojo aparentan legalidad.

Para ello, se falsifican documentos en donde aparecen los verdaderos propietarios del predio, como si estuvieran realizando la venta del mismo, se falsificaron sus firmas, así como papeles de identificación. Todo completamente legalizado y maquillado por el Insejupy y el Catastro.

La senadora morenista, Verónica Camino Farjat, aseguró a Sol Yucatán que este tipo de operaciones se han registrado en la colonia García Ginerés, donde ha tenido conocimiento del despojo de varias viviendas con una alta plusvalía, la cual se realiza en contubernio con las autoridades catastrales y del Registro Público de la Propiedad.

La legisladora aseguró de que esta artimaña es crimen organizado oficial, debido a que todo se hace mediante las instituciones gubernamentales y ante las leyes todo es legal.

Por su parte, la activista Adelaida Salas Salazar aseguró a Sol Yucatán que también la mafia inmobiliaria se ha apoderado de manera ilegal de predios ubicados en el centro de Mérida con una alta plusvalía, con el mismo modus operandi.

“Tenemos varios casos en que mujeres solas han sido despojadas de sus propiedades y estamos en la lucha jurídica”, señaló.

Los primeros despojos de esa mafia datan de 2015, cuando pusieron sus ojos en el fraccionamiento Francisco de Montejo, en la capital yucateca, sin embargo, del 2019 a la fecha han incrementado de manera exponencial.

En los últimos años, estos grupos se apoderaron de cientos de predios en Mérida, Sisal y la llamada Riviera Maya yucateca, un caso especial es el de Dzilam de Bravo, donde a través del tráfico de influencias y actos de corrupción al Insejupy, el diputado federal, Mario Peraza Ramírez, se adueñó de varias hectáreas de tierras, las cuales ya se están vendiendo como lotes de inversión.

Además, litigantes acusan de que el Insejupy es una de las dependencias más corruptas, debido a que los empleados, extorsionan a los litigantes por realizar trámites, en caso de no exceder las inscripciones pueden tardar meses, lo que genera problemas al litigante.

EPICENTRO DE LA MAFIA

*García Ginerés

*Ciudad Caucel,

*Francisco de Montejo

*Las Américas

*Cholul

*Chenkú

*Pensiones

*Centro