CORRUPCIÓN EN MIGRACIÓN

RED LIDERADA POR EL SENADOR RAÚL PAZ Y SU PRIMO RICARDO PAZ ECHEVERRÍA

Paz Echeverría, subdirector de control y verificación migratoria, engancha a los migrantes que tienen los modos para pagar su libertad y concederles incluso un permiso de 15 días para permanecer de manera legal en el país

Luego de enganchar a los clientes, acordar el monto de los servicios y recibir parte del dinero acordado, el senador Paz Alonzo, por medio de sus influencias, realiza tramites de amparos y las estancias temporales.

Al interior del Instituto Nacional de Migración (INM) de Yucatán, operaría una red de corrupción que hace negocios con los migrantes que son detenidos y puestos a disposición de la dependencia federal, en la base de Mérida, pero también de Valladolid.

El negocio, que deja millones de pesos al año, es lidereado por el senador ex panista y ahora morenista, Raúl Paz Alonzo, quien infiltró en la dependencia federal a su primo Ricardo José Paz Echeverría.

Paz Echeverría, es el subdirector de control y verificación migratoria, por lo cual tiene las facultades para decidir sobre la situación legal de las personas detenidas.

De acuerdo con las investigaciones, el clan, en el que participarían otros funcionarios federales, extorsiona a los migrantes que son puestos a disposición de la dependencia.

Paz Echeverría, engancha a los migrantes que tienen los modos para pagar su libertad y concederles incluso un permiso de 15 días para permanecer de manera legal en el país, tiempo suficiente para continuar su trayecto hacia los Estados Unidos o Quintana Roo, destinos a los que se dirigen los migrantes.

Luego de enganchar a los clientes, acordar el monto de los servicios y recibir parte del dinero acordado, el senador Paz Alonzo, por medio de sus influencias, realiza tramites de amparos y las estancias temporales a través de despachos jurídicos con los que trabaja.

Con lo cual las personas detenidas pueden recuperar su libertad y continuar su trayecto.

Sin embargo, esta situación no solo ocurre en la estación migratoria de Mérida, sino también en la de Valladolid, donde se realiza la misma práctica.

Las personas que no pueden pagar son deportadas a su país de origen, no se sabe el monto con exactitud, sin embargo, se cree que estarían entre los 10 mil dólares, es decir, unos 180 mil pesos al tipo de cambio actual.

Yucatán, ya es una nueva ruta de paso para los polleros, para muestra de ello el año pasado se detuvieron a cerca de 200 personas, la mayoría de Centroamérica, pero también de la India, Vietnam, entre otras nacionalidades.

Sin embargo, únicamente se deportaron a 85 personas, se cree que las demás pudieron conseguir los recursos con familiares de Estados Unidos para pagar.

La misma estrategia utilizarían con los centros nocturnos que operan en Mérida y Kanasín, quienes como parte de la trata de blancas traen a hombres y mujeres a laborar en estos negocios de manera ilegal, por lo cual ellos les otorgarían estancias legales cuando son detenidos durante los operativos