COMERCIALIZAN A LOS NIÑOS

*La construcción del nuevo centro de asistencia social de Yucatán, la realizó una empresa comercializadora de artículos eléctricos, que no está regularizada para tal actividad ante el SAT. 

Lejos de proteger el bienestar de las infancias bajo la tutela del Estado de Yucatán, se confirmó que son parte de un negocio. Está el caso de Bertha Maribel Noh Montejo, una abuelita que por 12 años luchó por recuperar a sus nietos. Cumplió con los requisitos y, aun así, los dos menores fueron separados y entregados en adopción a dos familias diferentes. 

“En Mérida, Yucatán, están lucrando con los niños, porque eso hicieron con mis nietos. Se los entregaron al mejor postor”, declaró con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada en la terraza de su casa. 

Aunque en esta ocasión no se trata de adopciones y custodia. Sino de instalaciones dignas para brindarles un hogar seguro. Y para tales fines, en septiembre de 2021, el gobernador del Estado -ahora senador del PAN-, Mauricio Vila Dosal anunció la construcción de un nuevo Centro de Asistencia Social (CAS), en sustitución al CAIMEDE: Casa Otoch.

La obra se licitó y las bases fueron publicadas el jueves 27 de octubre de 2022 en el Diario Oficial. La sorpresa es que la edificación estuvo en manos de una comercializadora de artículos eléctricos, que no está regularizada ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para la actividad de construcción.

La empresa que ganó la licitación es Artículos Electrónicos Industriales del Carmen. Cuya actividad económica permitida y registrada ante el SAT es de 95 por ciento comercio al por mayor de equipo y material eléctrico y en 5 por ciento comercio al por mayor de otras materias primas para obras industriales.

La duda es ¿cómo una comercializadora facturó una construcción? 

La deuda de las autoridades de la administración del 2018 a 2024, con las infancias que deberían cuidar, no fue subsanada. Va en aumento. 

El CAIMEDE daño a las infancias 

Un balón de fútbol desinflado y quieto en un estacionamiento. En el fondo el bullicio de los autos que encendían sus motores. Las personas que conducían aceleraban la reversa para irse ¿A sus casas? ¿De fiesta? A donde se les diera la gana, pero lejos. A kilómetros de un sitio en donde las infancias no querían permanecer.

La estampa es un recuerdo del secreto a voces que se escondía en el Caimede. Violencia familiar, sexual y física en contra de las infancias que están bajo la tutela del Gobierno del Estado de Yucatán. Cuyo testigo era un espacio lóbrego en el que los vehículos del personal y/o visitantes esperaban salir lo más pronto posible. 

Aquella tarde de 2022, una pelota era la diversión de niñas, niños y adolescentes. Ese momento les fue arrebatado por el custodio de la puerta, quien tras recibirla porque se escapó de una patada, decidió asesinarla. La “ponchó”. 

La violencia psicológica, al igual que los castigos físicos se consideran violencia en la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán, al igual que la Ley General de la materia. En los ojos del personal del CAIMEDE parecía ser lo cotidiano, así que nadie intervino. 

De los delitos cometidos, la información obtenida vía solicitudes de transparencia, reveló que murieron 5 menores y 46 huyeron de 2018 a 2024. En tanto, de 2018 a 2022, nueve fueron víctimas de violencia familiar. 

Del tema, en el sexenio que está por finalizar, nadie se pronunció. Ni la extitular del Sistema estatal para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF) Yucatán, María Teresa Boehm Calero; actual diputada local por el PAN. 

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