Bienestar financia a evasora fiscal

• La ruta del dinero público lleva a la Secretaría del Bienestar, encabezada por Fátima del Rosario Perera Salazar, que le entregó acuerdos directos por 3.7 millones de pesos a una empresa con alertas fiscales.
• Ferromateriales La Principal, una empresa cuyo control recae en un socio que no solo concentra la firma y representación legal, sino con alertas administrativas del SAT.
• La transparencia no se agota en publicar montos y números de contrato, implica explicar decisiones, anticipar riesgos y rendir cuentas.

Redacción/Sol Yucatán

Pese a los discursos oficiales sobre transparencia y buen gobierno, la contratación pública en Yucatán vuelve a colocarse bajo la lupa. La Secretaría de Bienestar del Gobierno de Yucatán, encabezada por Fátima del Rosario Perera Salazar, adjudicó de manera directa contratos por 3 millones 711 mil 927.96 pesos a Ferromateriales La Principal, S. de R.L. de C.V., una empresa cuyo control recae en un socio que no solo concentra la firma y representación legal, sino que además aparece vinculado, en registros públicos fiscales, a otra razón social con alertas administrativas del SAT. No se trata de una condena, pero sí de un conjunto de señales que, juntas, exigen una explicación clara y documentada.

La historia comienza en mayo de 2022. En esa fecha, ante el Registro Público de Comercio de Mérida, se constituyó Ferromateriales La Principal con duración indefinida y un objeto social tan amplio como funcional para la contratación gubernamental.

El acta no deja lugar a dudas sobre quién manda: Matías Cardeña Hernández aportó el 60 por ciento del capital social y fue nombrado gerente, con la firma y representación social de la compañía. En términos prácticos, es la persona facultada para firmar contratos, comprometer recursos y representar a la empresa ante autoridades municipales, estatales y federales. Su socio, Mauricio Lara Mezquita, quedó como apoderado con facultades amplias, pero sin desplazar el control operativo de Cardeña.

Ese diseño societario no es casual. El objeto social de la empresa permite desde la comercialización de materiales de construcción y la ejecución de obra civil hasta la prestación de servicios de asesoría administrativa, legal y fiscal. En el lenguaje de la contratación pública, se trata de una razón social “todo terreno”, capaz de adaptarse a distintos rubros sin necesidad de modificar estatutos.

Este tipo de arquitectura corporativa es habitual entre proveedores que buscan maximizar oportunidades de contratación, pero también ha sido señalada por especialistas como un factor de riesgo cuando se combina con adjudicaciones directas y con historiales fiscales que ameritan revisión.

Los contratos llegaron en 2025. De acuerdo con registros oficiales visibles en los sistemas de transparencia, la Secretaría de Bienestar otorgó a Ferromateriales La Principal seis adjudicaciones directas concentradas en dos periodos consecutivos del mismo año.

La suma de los montos asciende a 3 millones 711 mil 927.96 pesos, una cifra significativa para una dependencia cuya misión es atender a sectores vulnerables. No hubo licitación pública ni concurso abierto, la empresa fue seleccionada de manera directa en cada caso. La ley permite este mecanismo bajo ciertos supuestos, pero también exige que se documenten y publiquen las razones técnicas y económicas que lo justifican. En este caso, dichas justificaciones no aparecen de forma clara en la información accesible al público.

El contexto fiscal agrega una capa de complejidad. En datos abiertos del SAT, específicamente en listados institucionales de Certificados de Sello Digital (CSD) “sin efectos”, figura la razón social Grupo Consultor Complementum SCP. La inclusión en ese listado no equivale automáticamente a una declaración de “empresa fantasma” bajo el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, pero sí constituye una alerta administrativa objetiva: implica que, por determinadas causales previstas en la ley, la autoridad dejó sin efectos el certificado que permite facturar mientras el contribuyente aclara su situación. Complementum, además, aparece en padrones públicos de proveedores, lo que confirma que tuvo interacción formal con entes gubernamentales.

¿Por qué es relevante este dato? Porque en el ecosistema de la contratación pública, la diligencia debida no se limita a verificar que una empresa exista en papel. También implica revisar el historial fiscal y administrativo de quienes la controlan o representan, especialmente cuando se trata de adjudicaciones directas reiteradas.

Cuando un mismo operador concentra la firma y representación legal de una empresa beneficiada con contratos millonarios y, al mismo tiempo, aparece vinculado a otra razón social con alertas fiscales, el estándar de revisión debería elevarse, no relajarse.

No se trata de afirmar delitos ni de dictar sentencias mediáticas. La propia autoridad fiscal establece mecanismos de aclaración para los casos de CSD sin efectos, y solo un procedimiento concluido puede derivar en responsabilidades. Sin embargo, el principio de prevención en el manejo de recursos públicos exige actuar con cautela. La Secretaría de Bienestar administra programas sensibles y fondos destinados a combatir la pobreza, cada peso adjudicado debería estar respaldado por procesos competitivos o, cuando eso no sea posible, por justificaciones sólidas y plenamente transparentes.

La reiteración de adjudicaciones directas a Ferromateriales La Principal plantea preguntas que siguen sin respuesta pública. ¿Qué criterios técnicos llevaron a elegir a la misma empresa de forma consecutiva? ¿Se evaluaron alternativas? ¿Se revisó exhaustivamente el historial fiscal y administrativo de sus representantes? ¿Qué controles adicionales se activaron para mitigar riesgos?

Hasta ahora, la dependencia no ha difundido documentos que disipen estas dudas ni ha ofrecido una explicación detallada del porqué de estas decisiones.

El caso ilustra un problema más amplio. En México, y particularmente en los estados, la adjudicación directa se ha convertido en una práctica recurrente que, aunque legal en ciertos supuestos, erosiona la confianza ciudadana cuando se utiliza de manera sistemática.

La concentración de contratos, la falta de competencia y la opacidad en las justificaciones crean un terreno fértil para sospechas, incluso cuando no hay una resolución administrativa o judicial que acredite irregularidades.

Ferromateriales La Principal es hoy un ejemplo de cómo confluyen varios factores de riesgo: control societario concentrado, objeto social expansivo, adjudicaciones directas reiteradas y un entorno fiscal donde aparecen alertas administrativas asociadas a razones sociales vinculadas.

Cada uno de estos elementos, por separado, podría explicarse. Juntos, conforman una narrativa que amerita escrutinio.

La transparencia no se agota en publicar montos y números de contrato, implica explicar decisiones, anticipar riesgos y rendir cuentas. Mientras esas explicaciones no lleguen, la pregunta seguirá flotando: ¿por qué, pese a las señales visibles en el ecosistema fiscal y administrativo, la Secretaría de Bienestar optó por adjudicar millones de pesos a una empresa controlada por un operador con antecedentes que invitan, cuando menos, a la cautela?

En un estado que presume buenas prácticas, el silencio institucional no es una respuesta suficiente.