¡A LA CÁRCEL!

*El Juez envió un ultimátum a la Comuna meridana para que paguen los 588 millones de pesos que se le debe a la empresa ABC Leasing, de lo contrario advirtió que el Cabildo de Mérida podría ser multados, destituidos y denunciados penalmente, con una pena de hasta 10 años de prisión, e inhabilitarlos políticamente

*El Alcalde y sus asesores menosprecian los alcances del mandato judicial, pues el Juez giró oficios al Congreso del Estado y al Gobierno del Estado para que hagan las modificaciones y se retengan los recursos del Ayuntamiento

*La venganza, el berrinche político y la terquedad de Barrera Concha impidió pagar los 187 millones de pesos para dar por terminado el litigio, hoy es de 588 millones, ha crecido 401 millones de pesos por intereses y gastos del litigio

*Redacción/Sol Yucatán*

*Mérida*.- La negativa, el berrinche político y la terquedad del alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha de cumplir la sentencia del Juez Federal Sexto de lo Civil, ya le costó a los meridanos más de 400 millones de pesos y podría tener repercusiones legales e incluso la cárcel para los integrantes del Cabildo meridano, incluido él.

Esta situación está generando temor entre regidores de oposición e incluso entre los propios panistas, ya que están incurriendo en desacato de un mandato judicial.

El Juez envió un ultimátum a la Comuna meridana para que paguen los 588 millones de pesos que se le debe a la empresa, ya que de no tener respuesta todo el Cabildo de Mérida podría ser multado, destituidos y denunciados penalmente donde la pena es de hasta 10 años de prisión.

Barrera Concha, a pesar de ello, se niega a pagar en los términos del mandato judicial y con ello cumplir con la sentencia de la juez emitida desde el 2018.

Cuando se emitió la sentencia, el monto a pagar para dar por terminado el litigio era de 187 millones de pesos y hoy es de 588 millones, es decir, ha crecido 401 millones de pesos por concepto de intereses y gastos del litigio, que los meridanos tendrán que pagar tarde o temprano.

El dinero por la penalización por el incumplimiento hubiera sido suficiente para comprar 2 millones 673 mil 333 despensas para personas de escasos recursos, ya que de acuerdo al propio Ayuntamiento, durante su administración ha distribuido 40 mil despensas con un costo de 6 millones de pesos, es decir, a 150 pesos por paquete alimenticio o para la construcción de 6 mil 683 pies de casa, ya que cada una tiene un precio de 60 mil pesos.

El edil y sus asesores están menospreciando los alcances del mandato judicial, debido a que el Juez giró oficios al Congreso del Estado y al Gobierno del Estado, para que hagan las modificaciones necesarias para que se retengan los recursos suficientes para cubrir el monto de la sentencia a favor de Santander y de ABC Leasing.

Asimismo, el juzgador advirtió que en caso de no acatar la sentencia vincularía a todo el Cabildo, los podría multar, enjuiciar penalmente y suspenderles sus derechos políticos.

Sin embargo, el edil hizo caso omiso, al grado de que en sesión extraordinaria de Cabildo propuso, al igual que en el 2019, un sistema de pago para cubrir el adeudo en 19 años, es decir, pagando 30 millones de pesos por año, 2 millones 500 mil pesos al mes.

En el 2019, la misma propuesta fue rechazada por la empresa demandante por lo que se estima que ocurrirá lo mismo, ya que la empresa exige el pago por los daños ocasionados por la cancelación del contrato en el 2012, es decir, hace ya 11 años.

La propuesta de Renán Barrera fue aprobada con mayoría con el voto de los panistas a quienes se les unieron la bancada de Morena, sólo el PRI votó en contra.

Por lo cual la respuesta que se le enviará al Juez es la propuesta del sistema de pagos que ya había sido rechazada y que de seguro será negada como hace cuatro años.

Incluso, minutos más tarde de la sesión extraordinaria la Comuna informó que es improcedente y se defenderán jurídicamente, ya que el Juez giró oficios al Congreso del Estado y al Gobierno del Estado para que se retengan los recursos necesarios para asegurar el pago del adeudo.

“El Ayuntamiento de Mérida trabaja en el marco de la legalidad y el orden jurídico, tanto en su desempeño diario como en las relaciones con otras instancias de gobierno, privilegiando el bienestar de la población, además que mantiene una política de transparencia avalada por comités ciudadanos y organismos fiscalizadores internos y externos que certifican nuestros niveles de cumplimiento”.

Aseguraron que dicho requerimiento es improcedente material, financiera y jurídicamente y viola la soberanía del Municipio para cumplir con su presupuesto y las partidas federales.

Por su parte, el regidor Omar Eduardo Medina Cruz, de la bancada del PRI, dijo que se debe de cumplir el mandato judicial, ya que de lo contrario estarían en desacato, lo que les podría generar repercusiones penales.

“Hay un precedente donde en Puebla destituyeron y acusaron penalmente a todo el Cabildo por desacatar un mandato judicial como está ocurriendo”, dijo.

Asimismo, dijo que también el proceso ocasionaría que cualquier integrante del Cabildo que quiera competir en el proceso electoral no lo podría hacer debido a que quedarían inhabilitados, hay que recordar que Renán Barrera Concha busca encabezar la candidatura del PAN al Gobierno del Estado.

El regidor Gabriel Barragán dijo que la Comuna tiene los recursos suficientes para hacer frente a este mandato sin comprometer los servicios públicos, desarrollo social, seguridad o la operatividad de la Comuna, debido a que de acuerdo a la cuenta pública presentada en el mes pasado, en los primeros seis meses de este año en cuentas bancarias de los ingresos era de 2 mil 041 millones 595 mil 338 pesos, de los cuales 1 mil 544 millones 035 mil 953 pesos millones corresponden a ingresos propios.

Es decir, existen recursos disponibles en el Ayuntamiento para hacer frente a lo planteado por el amparo, ya que sólo en estos seis meses se han autorizado por parte del presidente municipal y la tesorería 595 millones 396 mil 761 pesos para la ampliación del presupuesto de servicios que no tienen que ver con los beneficios sociales.

Tan sólo en materiales de administración, emisión de documentos, artículos oficiales, servicios profesionales, científicos, técnicos y comunicación social, la Comuna ha aprobado la ampliación de más de 200 millones de pesos.

“Lo que es inaudito es que los regidores de Morena aprobaron la propuesta que es una locura, que afectada a todos los miembros de este Cabildo y sobre todo a los meridanos, ya que la deuda sigue aumentando”, explicó.

Barragán Casares dijo que el problema es que el Alcalde ya se va de licencia y este problema lo tendrán que afrontar los regidores que se queden o la siguiente administración.

Indicó que es una irresponsabilidad del Ayuntamiento y del alcalde de no finiquitar el problema legal que el mismo creó, ya que durante su primera administración canceló el contrato con la empresa que se había firmado durante la administración de Angelica Araujo Lara.

En el 2012 Renán Barrera decidió cancelar el contrato de las luminarias alegando una avalancha de quejas de meridanos por las fallas en el sistema de alumbrado público, en nueve meses se acumularon más de 15 mil reportes.

Aunque el verdadero motivo es por revancha política contra la ex alcaldesa priista.

Ese año la empresa demandó al Ayuntamiento y seis años más tarde el juicio terminó con la sentencia donde se condenaba a la Comuna a pagar 187 millones de pesos, el caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes también fallaron contra el Ayuntamiento.

Han pasado cinco años de la sentencia y Renán Barrera se enterca en desacatar el mandato judicial a pesar de que no le queda ninguna instancia jurídica para revertir la resolución.