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¡100 MDP en vales!
- Mientras hospitales públicos de Yucatán operan entre carencias de medicamentos, insumos y personal inconforme, la Secretaría de Salud decidió cerrar el año con un contrato multimillonario con la empresa TOKA Internacional para tarjetas electrónicas
- Más de 100 millones de pesos fueron comprometidos, por decisión directa de Judith Elena Ortega Canto, firmado a finales de noviembre de 2025 cuando el ejercicio fiscal estaba prácticamente agotado. El contrato establece incluso una bonificación del 0.65 por ciento a favor de la dependencia
- Quedará registrado como un símbolo de prioridades al revés: tarjetas electrónicas antes que medicamentos, fin de año administrativo antes que salud pública.
Redacción/Sol Yucatán
Fiel a su costumbre de ejecutar políticas de prioridades invertidas, la titular de la Secretaría de Salud de Yucatán, Judith Elena Ortega Canto, optó por pagar un contrato por más de 100 millones de pesos por tarjetas electrónicas para fin de año.
El contrato LP-SSY-08-25-C1, adjudicado a TOKA INTERNACIONAL, S.A.P.I. DE C.V., para adquirir tarjetas electrónicas destinadas a trabajadores de los Servicios de Salud de Yucatán, se convirtió en una de las compras más inverosímiles e innecesarias de la dependencia.
En la época en la que los servicios de salud menos se requieren, Ortega Canto decidió pagar únicamente por tarjetas electrónicas, no por combustibles, no por medicamentos, no por insumos médicos, en lugar de fortalecer un sistema de salud que arrastra rezagos visibles y protestas constantes.
El documento contractual no deja lugar a dudas. Se trata de un contrato abierto que fija un monto de 102.1 millones, firmado a finales de noviembre de 2025, cuando el ejercicio fiscal estaba prácticamente agotado.
La vigencia del contrato concluye el 31 de diciembre del mismo año, es decir, un compromiso presupuestal multimillonario ejecutado en cuestión de semanas, justo cuando hospitales y centros de salud enfrentan las mayores presiones presupuestales del cierre anual.
La compra no fue para ambulancias, medicamentos oncológicos, equipo médico o rehabilitación de hospitales. Fue para tarjetas electrónicas de vales de despensa, entre 6 mil y 7 mil 450 tarjetas, con vigencias de hasta 24 meses, operadas por un proveedor privado especializado en dispersión de recursos.
El contrato establece incluso una bonificación del 0.65 por ciento a favor de la dependencia, un detalle que en el papel busca maquillar una operación que, en los hechos, compromete más de cien millones de pesos del presupuesto de salud.
La responsable directa de esta decisión es Judith Elena Ortega Canto, quien firmó el contrato en su doble carácter de secretaria de Salud y directora general de los Servicios de Salud de Yucatán. No hay intermediarios, no hay excusas administrativas: la firma es suya y la decisión política también.
Bajo su gestión, la Secretaría de Salud priorizó una compra de fin de año mientras trabajadores del sector denunciaban falta de medicamentos, insumos básicos y condiciones laborales precarias.
El contraste resulta brutal. En los mismos meses en que se autorizaba este contrato con TOKA Internacional, personal médico y de enfermería señalaba carencias en clínicas rurales, retrasos en abastecimiento de medicamentos y deficiencias en la atención a pacientes. La narrativa oficial hablaba de fortalecimiento institucional, pero la realidad presupuestal mostraba otra cosa: millones disponibles para tarjetas electrónicas, pero escasez recurrente en lo esencial.
El argumento de que se trata de una “prestación” para los trabajadores no resiste el análisis cuando se revisa el contexto. No se trata de un bono extraordinario financiado con recursos adicionales, sino de un contrato que absorbe una porción significativa del presupuesto operativo de la dependencia. Cada peso destinado a estas tarjetas es un peso que no se invirtió en medicamentos, combustible para ambulancias, mantenimiento de hospitales o equipamiento médico.
Además, la temporalidad del contrato agrava la polémica. Firmado el 28 de noviembre de 2025, con vigencia hasta el 31 de diciembre, el acuerdo se ejecuta en el periodo de menor demanda operativa del año, cuando gran parte del personal administrativo se encuentra en cierre de actividades. La pregunta es inevitable: ¿por qué comprometer más de 100 millones de pesos en un contrato de última hora, en lugar de planear inversiones estructurales para el sistema de salud?
El proveedor beneficiado, TOKA Internacional, no es una empresa del sector médico ni farmacéutico. Su especialidad es la dispersión de recursos mediante tarjetas electrónicas. Es decir, la Secretaría de Salud decidió que, ante la falta de medicamentos y el deterioro de los servicios, la prioridad era contratar a un intermediario financiero para administrar vales de despensa. La salud pública quedó relegada frente a una operación administrativa de alto costo y escaso impacto sanitario.
Este contrato no puede analizarse de manera aislada. Se suma a una cadena de decisiones cuestionables adoptadas durante la gestión de Judith Elena Ortega Canto, donde el gasto en eventos, servicios externos y prestaciones administrativas ha contrastado con la realidad que enfrentan pacientes y trabajadores del sistema de salud. La lógica parece repetirse: recursos abundantes para lo accesorio, austeridad forzada para lo esencial.
La gravedad del caso no está solo en el monto, sino en el mensaje. En un estado donde la población depende mayoritariamente del sistema público de salud, comprometer más de 100 millones de pesos en tarjetas electrónicas envía una señal de desconexión absoluta con las necesidades reales del sector. No es una inversión que salve vidas, no es una compra que mejore diagnósticos, no es una acción que fortalezca la atención médica.
Al cierre de 2025, Yucatán no tuvo un sistema de salud más robusto, mejor equipado o más eficiente. Tuvo, en cambio, un contrato multimillonario para vales de fin de año, firmado por Judith Elena Ortega Canto, que quedará como uno de los ejemplos más claros de cómo la Secretaría de Salud decidió caminar en sentido contrario a las urgencias de la población.
En la contabilidad oficial, el contrato LP-SSY-08-25-C1 aparecerá como una adquisición legal y correctamente formalizada. En la memoria pública, sin embargo, quedará registrado como un símbolo de prioridades al revés: tarjetas electrónicas antes que medicamentos, fin de año administrativo antes que salud pública.
