YUCATÁN: EPICENTRO DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL EN MÉXICO

*La ruta de la explotación sexual de las colombianas en México tiene sus sedes en el sureste mexicano, especialmente en Yucatán. 

Por Diana López Zuleta/Corresponsales Internacionales

Margarita escapó de su centro de trabajo en Mérida, Yucatán, el “Table Dance” conocido como “Bandidas Cabaret”, un lugar que al igual que el “Tropicana Angus” está repleto de chicas de origen colombiano y venezolano. Las jóvenes son “damas de compañía” y chicas que se desnudan en las pistas de baile en estos bares de la península yucateca.

Forman parte de un negocio muy lucrativo en donde están involucrados jueces del Poder Judicial del Estado, empresarios que funge como prestanombres y hasta integrantes del crimen organizado de origen cubano.

Margarita (su nombre real fue cambiado por cuestiones de seguridad) fue entrevistada en Playa del Carmen, uno de los balnearios más boyantes de la Riviera Maya. Aquí permanece escondida mientras su madre vuela de Bogotá a Ciudad de México y luego a Cancún para llevarle a su hijo menor de apenas cinco años; intenta rehacer su vida, luego de haber sido víctima de trata en el sureste mexicano. Una aventura que, debido a los aceitados esquemas de corrupción en México, parece complicada de realizar, pero que ella intentará de la mano de su pareja, un joven mexicano con quien busca iniciar una nueva vida lejos del “Bandidas Cabaret”.

Margarita llegó engañada de Sudamérica al caribe mexicano. Los dos primeros días la trataron bien, viajó en camionetas de lujo. Apenas llegó a su sitio de trabajo en Kanasín -un municipio ubicado junto a Mérida, Yucatán-, se enteró de que su pasaporte sería “decomisado” por quienes le ofrecieron trabajo y que para regresárselo tendría que “compensar” con 150 mil pesos (8 mil, 700 dólares aproximadamente), producto de sus “comisiones”.

“Éramos explotadas… hay que decirlo así. Recién llegué hace un año y quería trabajar y trabajar, y poder pagar mi salida. Juntar platica (dinero) para poder traerme a mi niño. Un día gané 29 mil pesos por comisiones de copas (cada copa de dama vale 280 pesos -16 dólares americanos). Al ir a recoger mi dinero solo me dieron mil pesos, que lo demás se quedaba en abono para pasaporte, pero me sacaron un desglosado de alimentos, renta, hospedaje e intereses, a donde nos tenían a mí y a varias chicas viviendo. Ahí mismo en Kanasín”, cuenta.

Margarita relata que dos gemelos de origen cubano, uno de ellos de nombre Paulino, eran los encargados de “leerles las reglas del juego”. Ellas, un familiar, algún enamorado o algún cliente que conocieran en el club nudista tendrían que pagar los 150 mil pesos, si querían recuperar su pasaporte y continuar en México “sin ser molestadas” o “perseguidas”.

La joven colombiana, piel morena clara, de apenas 25 años, asegura que, aunque algunas de sus compañeras de trabajo intentaron denunciar ante la policía e incluso en migración la “retención ilegal” de su pasaporte, ninguna autoridad en Yucatán tomó cartas en el asunto. Peor aún, asegura que hay tres colombianas desaparecidas, cuyos padres se han negado a hablar con la prensa en Colombia y en México, porque fueron amenazados por los gemelos cubanos.

“Es gente sin corazón. Nos obligaban a trabajar de 1 de la tarde a 2 o 3 de la mañana. Yo una vez acepté en México y dije ok, trabajaré en un club nudista, el Bandidas… pero jamás me dijeron que mi trabajo incluía tener relaciones sexuales con ciertos clientes, nos obligaban a estar con clientes. Muchos de ellos, empresarios o gente ligada al gobierno”.

Algo similar -narra Margarita- ocurre en el Tropicana Angus, un bar exclusivo ubicado en Cholul -otro municipio conurbado a Mérida- donde trabaja una veintena de colombianas. Las jóvenes son obligadas a cumplir horarios de más de 12 horas.

En ambos bares, con giro de restaurante, los esquemas de su Registro Federal de Contribuyentes -para el respectivo pago de impuestos- aparecen a nombre de Paulino Fernández Viamonte, un funcionario judicial de 38 años y quien despacha como Juez Tercero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en Motul.

Trata imparable en México

En la segunda semana de enero del 2024, en un hotel de paso en las afueras de Villahermosa, Tabasco, la Fiscalía General localizó a ocho colombianas que habían sido reportadas como desaparecidas. Las circunstancias del hallazgo y la desaparición no fueron detalladas del todo.

Sandra Ramírez, activista feminista colombiana en México, llamó la atención sobre la manera como se mostró la noticia. “Al principio, las presentaron como víctimas de trata y después se supone que la Fiscalía de Tabasco las entrevista, no sabemos en qué entorno, pero seguramente en uno bastante coaccionante, y entonces ahí las mujeres dicen «yo estaba ahí porque quería», y la versión cambia: estaban allá por su propia voluntad. Pero resulta que nosotros tenemos un marco jurídico que nos dice cómo opera este delito, y es muy indignante y deshumanizante para estas mujeres”.

En Sonora, Tamaulipas y otros estados es frecuente la desaparición de colombianas y colombianos, se ignora si con fines de trata o explotación. Sin embargo, activistas colombianos han mostrado su molestia porque en las fosas clandestinas halladas en varios estados, poco han dejado participar a las autoridades de Colombia para saber si pudiese haber alguna víctima.

La trata de personas es el tercer delito más lucrativo en el mundo del crimen

organizado, seguido del tráfico de armas y la venta de drogas, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). En el último reporte, México aparece como principal país de destino de las víctimas que salen de Colombia. La mayoría son usadas para la prostitución y otras formas de explotación sexual, específicamente las mujeres, mientras que, en el resto del mundo, la finalidad más usada es la del trabajo forzado y son hombres.

El delito de la trata de personas se comete a diario, sus víctimas están empobrecidas y pocas veces acapara los titulares de los grandes medios. El modus operandi consiste en que los carteles mexicanos cazan a sus víctimas a través de redes de amigas, muchas de las cuales también han sido víctimas. Las mujeres salen de Colombia engañadas, ven en México la salida a sus problemas económicos. Cuando llegan, las cambian de estado para borrarles la huella migratoria, les quitan el teléfono, el dinero y el pasaporte. Quedan a su suerte en manos de los criminales. Colombia tiene un porcentaje de mujeres víctimas de trata superior a la media mundial, con un 83%, versus el 65%.

Sonia Bernal es la subdirectora de gobierno, gestión territorial y lucha contra la trata.

Las ciudades y regiones de Colombia que más han presentado este tipo de casos de trata en México son jóvenes oriundas de Bogotá, Nariño, Valle del Cauca, Antioquia, el 64 por ciento de las víctimas colombianas, solo tiene estudios de secundaria. 

Desde el Ministerio del Interior, en Colombia, explica por teléfono que la trata “es un delito que va en ascenso gigante pero que es desconocido y negado, lo pasan como otros tipos penales, o sencillamente, como dijeron en México, es una fiesta, un encuentro de amigos donde hay voluntad y no están secuestrando a nadie”. 

De acuerdo con el estudio que ha hecho el gobierno, la mayoría de las mujeres explotadas están entre los 17 y los 29 años. 

Bernal reconoce que instituciones como la Policía y las autoridades en general no están capacitadas para hacer orientaciones a tiempo e investigaciones para llegar a sentencias condenatorias pero que, sin embargo, están haciendo esfuerzos para formar a jueces, fiscales, agentes de migración y policías judiciales para que reciban las denuncias y las tipifiquen como el delito que es. 

Claudia Quintero, defensora de derechos humanos y gerente de la Fundación Empodérame, ha dicho a este periódico que parte del problema es que Colombia no tiene una unidad metodológica en la lucha contra la trata de personas. 

“El panorama es un poco desolador”, se lamenta. De las causas judiciales que se abren por este delito en Colombia, solo el 6,8% llegan a condenas. Entre 2010 y 2022 los jueces solo impusieron 45 condenas frente a más de 660 denuncias activas. “La impunidad que se registra en la trata de personas y la complicidad generalizada hace que se conozca al país como un territorio fácil para explotar personas”, agrega Claudia Quintero.

Los carteles mexicanos ven en la trata de personas un negocio más, como podría ser la venta de droga. “Las conexiones México- Colombia de macro criminalidad son las que facilitan las rutas de trata de personas. Las mujeres no se van solas, hay todo un esquema que incluye quién capte, quién traslade, quién saque documentos y hasta médicos que operan a las mujeres, que después llegan endeudadas, y lógicamente eso es trata de personas disfrazado «escorts». La trata es un fenómeno transnacional y así mismo se debe combatir: los países, sus organismos de inteligencia y su diplomacia deben trabajar con compromiso para combatirla”, explica Quintero.

El Consulado General de Colombia en México, a cargo de 20 de los 32 estados, ha reportado que, en 2023, hubo 37 casos de víctimas de trata, dos mujeres fallecidas de forma violenta y 44 secuestradas, 23 de las cuales pudieron ubicarse. Sin embargo, se sabe que el subregistro es mucho mayor, pues la trata de personas es un delito que muchas veces no se denuncia y los gobiernos tienen poca capacidad de detección.

Algunas organizaciones estiman que el subregistro es de, por lo menos, diez veces más del que suministran los datos oficiales. De enero a agosto de 2023, solo en Colombia, según el Ministerio de Defensa, se registraron 521 casos de trata, lo que representó un aumento del 56,9% con respecto al año anterior.

La congresista Jennifer Pedraza ha puesto el tema en la agenda pública y reclamado un aumento del presupuesto para la lucha contra este flagelo. Para ella, la trata de personas no podría existir sin la complicidad de los aparatos más importantes del Estado, “como la Policía, el Ejército y muchas instituciones sin las cuales esto no podría ocurrir”. 

La congresista llama la atención sobre el hecho de que la mayor parte de la lucha contra la trata no se esté dando desde el Estado mismo, sino que sean las ONG’s, los voluntariados y hasta la iglesia quienes vengan haciendo esta labor a lo largo de los años. “No hay una actividad estatal suficientemente articulada para luchar contra este fenómeno”, dice.

Hace pocos meses, la congresista convocó a una audiencia pública donde se trató el tema y concluyó que no ha sido prioridad de ningún gobierno abordar delitos que socavan la dignidad y atentan contra los derechos humanos de las mujeres y niñas del país como es la trata. “Evidencia de ello, el alto subregistro, la negligencia institucional sobre la creación de programas preventivos, la poca efectividad en la ejecución de penas relacionadas con el delito y, como si fuera poco, el planteamiento de posturas políticas que legitiman y naturalizan la visión de la mercantilización del cuerpo de las mujeres como bienes de consumo”, explicó Pedraza en un informe.