Yucatán, bajo asedio silencioso

• El Cártel de Caborca avanza mientras el Estado mira hacia otro lado
• No necesita imponer terror masivo para asentarse
• La respuesta del Estado ha sido fragmentada, reactiva y opaca
• Así empiezan los colapsos regionales de seguridad

Daniel Lee/Sol Yucatán

Los habitantes yucatecos ya no viven en una burbuja. Las disputas entre cárteles que durante años se observaron a distancia —en Quintana Roo, Campeche o el centro del país— han empezado a pisar suelo yucateco, primero como episodios “externos”, luego como hechos “aislados”, y ahora como signos claros de infiltración local e inevitable expansión.

En el centro de esta dinámica se encuentra el Cártel de Caborca, una organización que no opera bajo el modelo clásico de guerra abierta, sino mediante ocupación progresiva del territorio.

Su estructura es flexible, celular y altamente funcional: pequeñas redes de operadores locales, narcomenudeo como base social, control de economías ilícitas de bajo perfil, corrupción selectiva de autoridades municipales y una violencia quirúrgica, diseñada para disciplinar sin provocar estallidos inmediatos.

Este es el tipo de criminalidad más difícil de revertir, porque avanza mientras el discurso oficial insiste en que “no pasa nada”. El Cártel de Caborca no necesita imponer terror masivo para asentarse; le basta con llenar los vacíos que deja el Estado, capturar mercados ilegales crecientes y normalizar su presencia antes de que la reacción institucional llegue —si es que llega.

Las cifras lo confirman. Los delitos vinculados al narcotráfico y al crimen organizado en Yucatán van en aumento, particularmente el narcomenudeo, que en 2024 superó los 460 casos reportados, con incrementos sostenidos respecto a años previos. A la par, crecieron los decomisos y las detenciones, una señal inequívoca de que la actividad criminal se está expandiendo, no reduciendo. Donde hay más detenciones, hay más operación; donde hay más decomisos, hay más flujo.

Frente a este escenario, la respuesta del Estado ha sido fragmentada, reactiva y opaca. La seguridad pública no se construye con operativos posteriores a emboscadas ni con detenciones aisladas presentadas como triunfos. Eso no es una política de seguridad: es administración del daño.

Sin inteligencia criminal sostenida, sin desarticulación financiera, sin intervención temprana en municipios vulnerables, cualquier golpe es apenas cosmético.

Lo más grave es la ausencia de una estrategia integral, estructurada y públicamente verificable desde la Fiscalía General del Estado. Hasta ahora, no existe evidencia confiable de un plan encabezado por el fiscal Alejandro Ríos Covián para contener, desmantelar y revertir la expansión de organizaciones criminales como el Cártel de Caborca. No hay hoja de ruta conocida, no hay metas claras, no hay rendición de cuentas.

Las acciones reportadas se limitan a respuestas posteriores a hechos consumados: persecuciones, capturas puntuales, comunicados tranquilizadores. Mientras tanto, el crimen organizado sigue haciendo lo que sabe hacer mejor: construir control territorial sin ruido, aprovechar la negación institucional y avanzar municipio por municipio.

La historia reciente del país demuestra que así empiezan los colapsos regionales de seguridad: con autoridades que minimizan, con fiscalías que reaccionan tarde, con gobiernos que confunden baja estadística histórica con inmunidad permanente. Yucatán no es inmune. Ningún estado lo es.

Si no se corrige el rumbo de inmediato, lo que hoy son focos esporádicos de violencia pueden transformarse en una estructura criminal consolidada, con control social, económico y territorial. Cuando eso ocurre, revertirlo cuesta años, miles de millones de pesos y, sobre todo, vidas.

Las familias yucatecas no necesitan más discursos autocomplacientes. Necesitan saber quién está al mando de la estrategia de seguridad, cuál es esa estrategia y por qué, hasta ahora, no ha sido visible ni efectiva. Porque cuando el crimen organizado deja de ser una amenaza externa y se convierte en actor local, el silencio institucional deja de ser prudencia y se convierte en complicidad por omisión.

Y ese es un riesgo que Yucatán ya no puede darse el lujo de ignorar.

Por años, Yucatán fue exhibido como excepción nacional: un estado ajeno a las guerras del narcotráfico, blindado frente a la lógica de control territorial del crimen organizado. Esa narrativa hoy no solo es insostenible, sino peligrosa. Los hechos recientes confirman que la violencia ya no ronda la periferia: ha comenzado a instalarse dentro del territorio, bajo una estrategia criminal diseñada precisamente para no detonar alarmas a tiempo.