Portada
Vila compró tierras sin dueño
- Más de 61 MDP presentan probable daño a la Hacienda Pública Federal en Yucatán, luego de que la ASF detectara pagos por obras ejecutadas sin acreditar la propiedad del terreno donde fueron realizadas.
- Cinco contratos de obra pública que suman más de 61.5 millones de pesos presentan irregularidades documentales suficientes para presumir daño federal.
- La denuncia involucra directamente a la Secretaría de Administración y Finanzas, entonces encabezada por Juan Carlos Rosel Flores, y al IDEFEEY, y ocurre en el último año del gobierno de Mauricio Vila.
Redacción/Sol Yucatán
La auditoría 2128 revisó el cien por ciento de los recursos asignados al estado a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), un total de 1,196 millones 701 mil pesos. La revisión dejó una sombra concreta: cinco contratos de obra pública que suman más de 61.5 millones de pesos presentan irregularidades documentales suficientes para presumir daño federal.
Durante 2024, bajo la administración de Mauricio Vila Dosal, la SAF dirigida por Juan Carlos Rosel Flores fue la encargada de recibir y administrar los recursos del FAFEF. Desde esa dependencia se transfirieron 61.5 millones de pesos al IDEFEEY, encabezado por Héctor Porfirio Sobrino Castillo, para ejecutar trabajos de mantenimiento y conservación en el Recinto Ferial de Xmatkuil, en Mérida.
Las obras incluían intervenciones en el palenque, el teatro del pueblo, la plaza Izamal, el área ganadera, estacionamientos y sistemas eléctricos.
Sin embargo, al revisar los expedientes técnicos, la ASF encontró que no se acreditó la propiedad del terreno donde se realizaron los trabajos. En términos simples, el gobierno estatal pagó obras públicas sin presentar documentación que demostrara jurídicamente que el predio pertenecía al estado o que existía título legal suficiente para intervenirlo.
A ello se sumaron otras deficiencias: ausencia de presupuestos base, falta de anexos contractuales completos, inexistencia de autorizaciones formales para trabajos extraordinarios, bitácoras ilegibles y carencia de reportes fotográficos que acreditaran la correcta ejecución y operación de las obras.
El hallazgo no es menor. En materia de obra pública, la acreditación de la propiedad del terreno es un requisito básico que garantiza la legalidad de la inversión. Ejecutar trabajos sin ese sustento jurídico no solo vulnera la normatividad administrativa, sino que pone en riesgo la seguridad patrimonial del Estado.
A pesar de ello, bajo el gobierno de Mauricio Vila Dosal, con Juan Carlos Rosel Flores al frente de la SAF y Héctor Porfirio Sobrino Castillo dirigiendo el IDEFEEY, los pagos fueron autorizados y realizados.
El contraste financiero también resulta revelador. Del total del FAFEF 2024, más de mil 062 millones de pesos se destinaron al pago de deuda pública, es decir, más del setenta por ciento del fondo se utilizó para cubrir intereses y amortizaciones. Solo una fracción fue aplicada a infraestructura física, y precisamente esa porción es la que ahora se encuentra bajo observación federal.
Mientras el Estado destinaba la mayor parte del fondo a compromisos financieros heredados, la inversión directa quedó marcada por irregularidades documentales que hoy generan un probable daño de más de 61 millones de pesos.
Durante la auditoría apenas se recuperaron 71 mil 645 pesos, una cifra mínima frente al monto observado. El resto permanece pendiente de aclaración y sujeto al proceso de solventación.
La ASF concluyó que se infringieron disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley de Obra Pública del Estado de Yucatán. Aunque el dictamen general habla de una gestión razonable, el probable daño representa el 5.1 por ciento del monto auditado, lo que en términos absolutos equivale a una suma significativa para las finanzas estatales.
La cadena de responsabilidades no puede ignorarse. La Secretaría de Administración y Finanzas, encabezada en ese entonces por Juan Carlos Rosel Flores, fue la instancia que recibió y distribuyó los recursos federales. El IDEFEEY dirigido por Héctor Porfirio Sobrino Castillo fue el ejecutor directo de los contratos cuestionados.
Y el ejecutivo estatal estaba encabezado por Mauricio Vila Dosal, bajo cuya administración se autorizaron las transferencias y se realizaron los pagos. Aunque la ejecución técnica recaía en un organismo descentralizado, la responsabilidad política alcanza a toda la estructura gubernamental que permitió la liberación de recursos sin la documentación completa exigida por la ley.
El caso abre interrogantes inevitables. ¿Cómo se aprobaron pagos sin acreditar jurídicamente la propiedad del terreno? ¿Hubo omisión en la integración de expedientes o una práctica sistemática de debilidad en los controles internos? ¿Se verificó la situación legal del predio antes de comprometer recursos federales?
Estas preguntas adquieren mayor relevancia cuando se trata de dinero proveniente del Ramo 33, cuyo ejercicio está sujeto a reglas estrictas de transparencia y rendición de cuentas.
El cierre del sexenio de Mauricio Vila Dosal quedó así marcado por un señalamiento concreto en materia de obra pública. Con Juan Carlos Rosel Flores al frente de la SAF y Héctor Porfirio Sobrino Castillo como titular del IDEFEEY, el gobierno estatal ejecutó y pagó obras en el Recinto Ferial de Xmatkuil sin acreditar plenamente la titularidad del terreno.
El expediente ya forma parte del registro oficial de la ASF y no se trata de una apreciación política, sino de una observación documentada en la Cuenta Pública 2024.
La rendición de cuentas no concluye con la publicación del informe. Corresponderá ahora a las instancias estatales y federales determinar si las irregularidades se solventan con documentación adicional o si derivan en responsabilidades administrativas y, en su caso, penales. Lo que permanece es el dato duro: más de 61 millones de pesos quedaron bajo sospecha en el último año del gobierno de Mauricio Vila Dosal, administrados por la SAF de Juan Carlos Rosel Flores y ejecutados por el IDEFEEY de Héctor Porfirio Sobrino Castillo. La sombra está documentada; la explicación aún está pendiente.