VILA ACUSADO DE SECUESTRO

*Una mujer y su hijo denunciaron ante la Fiscalía General del Estado la privación ilegal de la libertad del que fueron víctimas en diciembre pasado y responsabilizan al actual gobierno de lo que les pudiera pasar.

*La denuncia por secuestro, lesiones y robo, quedó asentada en la carpeta de investigación G8/122/2023, sin embargo, a pesar de haber identificado a uno de sus captores, las investigaciones no avanzan.

*Los afectados llevan cinco meses viviendo en medio de un infierno y con “arresto domiciliario” por el temor a que sean levantados de nuevo y cumplan su amenaza de matarlos.

Redacción/Sol Yucatán

El gobierno de Mauricio Vila Dosal está bajo investigación por el secuestro o privación de la libertad de una maestra y su hijo, ocurrido en diciembre del año pasado.

Los afectados interpusieron la denuncia por la privación ilegal de la libertad, amenazas de muerte, lesiones y robo ante la Fiscalía General del Estado.

La denuncia se encuentra en la dependencia a cargo de Juan Manuel León León, por lo cual se abrió la carpeta de investigación G8/122/2023.

De acuerdo a la relatoría de hechos asentados en la carpeta de investigación, a la cual tuvo acceso en exclusiva Sol Yucatán, el 1 de diciembre del año pasado, madre e hijo fueron levantados por una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en el Oriente de Mérida.

Fueron esposados, golpeados y trasladados sin su consentimiento al edificio de la SSP, en el sector Oriente, es decir, en la colonia Pacabtún.

Los llevaron a una habitación, que no era la zona de separos, donde trasladan a los detenidos y los comenzaron a hostigar.

Los denunciantes aseguraron que recibieron múltiples amenazas de muerte y les dijeron que los iban a violar para que se dejen de sus pendeja…. Porque le estaban dando dolor de cabeza a G-1 y a sus colabórales, en la clave policiaca G-1, hace referencia al gobernador.

A uno de ellos lo golpearon en las manos y como consecuencia le fracturaron dos falanges de la mano derecha.

Estuvieron durante más de 16 horas privados de su libertad, siendo hostigados y torturados, sin agua, comida y con las constantes amenazas de que los matarían en caso de que no desistieran de su lucha para hacer quedar mal ante la opinión pública al G1.

Tras ese tiempo fueron liberados y acudieron a denunciar ante la Fiscalía General del Estado y ante la Comisión de los Derechos Humanos.

Se certificaron las lesiones, y la fractura aún tiene secuelas.

Asimismo, el grave daño emocional ha generado que se sientan en constante peligro. “No podemos salir a la calle, por el miedo de que nos levanten y en esta ocasión cumplan su amenaza, es un verdadero infierno”, indicaron.

En la actualidad, viven como en un arresto domiciliario, debido a que tienen miedo de que los vuelvan a levantar, todo lo que requieren lo solicitan con servicio a domicilio y las pocas veces que salen lo hacen acompañados y en horarios donde hay gente.

La carpeta de investigación no presenta avances, por lo cual, no se ha realizado ninguna diligencia, a pesar de ser un delito de alto impacto, apenas consta de cinco hojas, las cuales corresponden a la relatoría de hechos.

En la misma se identifica al comandante Mario Burgos, como una de las personas que los privó de la libertad.

Responsabilizan de lo que les llegará a pasar, a la Secretaría de Seguridad Pública, al Gobernador, a Liborio Vidal y a la hoy magistrada, Lizette Mimenza.

“Vivimos un infierno, en el paraíso de la seguridad del país”, indicaron.

La historia de terror se remonta al 2018, cuando la afectada denuncia graves anomalías en la escuela, cuando apenas iniciaba la presente administración.

Denunció discriminación y violación a sus derechos laborales a manos de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán y directivos de la escuela primaria “Elvira Parra Ávila “.

La mujer explicó que los agravios que recibe son parte de un problema que comenzó en 2018, cuando comenzó a levantar la voz en contra de las anomalías que hay en los servicios de Usaer.

Por las agresiones sufridas y por los problemas que ya tenía encima, la maestra decidió interponer una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, que quedó asentada en la carpeta número 5181/2021, la cual, tampoco tiene avances.

De manera alterna interpuso una queja ante la Comisión de los Derechos Humanos, cuya investigación terminó en la recomendación 68/3038/2023, en agosto de ese año hubo un acuerdo de conciliación, donde la Segey, se comprometía a resarcir el daño, sin embargo, no cumplió.

Asimismo, desde diciembre del 2022, la Secretaría de Educación no le paga su sueldo, es decir, lleva 15 meses trabajando sin cobrar un solo peso, sin embargo, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) le cobra los impuestos íntegros de su sueldo, por lo cual el dinero de su salario sigue llegando, sin embargo, en algún lugar de la Secretaría de Educación se queda, por lo que habría un posible desvío de recursos.

Ha interpuesto amparos en los tribunales federales y realizado múltiples protestas, por lo cual para el gobierno se ha convertido en un dolor de cabeza a lo largo de la administración que está a seis meses de concluir.

En el 2021, la afectada tuvo una confrontación con la entonces directora del jurídico Lizette Mimenza Herrera, quien le negó su cambio de función a pesar de que tenía incapacidad visual, la obligó a trabajar prácticamente ciega, situación que expuso públicamente, y que no le agradó a la entonces directora.

Ahora que es magistrada utiliza al sistema de justicia para perjudicarla.