Millonario fraude inmobiliario a extranjeros

Karl Raymond y Glen Allen denunciaron un fraude inmobiliario ocasionado por las empresas EASY México y Mérida Living Real Estate, empresas que se aprovecharon de dichos extranjeros pensionados.

En redes sociales dieron a conocer su caso y exigen que se les haga justicia pues dicho patrimonio era para permanecer en el estado en calidad de retirados y poder disfrutar de la tranquilidad de Mérida.

Contaron que en 2020, conocieron a Carlos Betancourt de Mérida Living Real Estate, quién ni después de enseñarles algunas propiedades los presentó con Alfonso Barrera y Francisco Gutiérrez de EASY Legal México, quienes les hicieron saber que tenían una propiedad en un proceso legal pero que pronto estaría libre para comprar, es así como hicieron el pago inicial y cerraron el trato millonario con dichas empresas.

Los extranjeros informaron que en febrero del mismo año firmaron el contrato privado de compra venta y pagaron el 10% del depósito. Sin embargo desde esa fecha y hasta noviembre del mismo año mantuvieron comunicación entre ambas partes.

A finales de diciembre del 2020, al querer conocer la situación de su vivienda tanto Alfonso Barrera como Francisco Gutiérrez les informaron que podrían realizar el cierre de la venta la semana siguiente.

De acuerdo con lo publicado por los extranjeros hay algunos detalles significativos del contrato, dónde resultó que los “abogados” de EASY Legal eran también los vendedores y quiénes redactaron todos los contratos.

Los denunciantes están hartos porque ya van a ser tres años en los que la fiscalía les hace dar vueltas sin sentido, ya que no les han dado una respuesta clara pese a todas las pruebas que han presentado sobre la mala fe en la que actuaron los responsables de dicha inmobiliaria.

Para finales de diciembre del 2022, se solicitó a la fiscalía que cité a declarar a los señores Alfonso Barrera y Francisco Gutiérrez de EASY Legal México, Carlos Betancourt y Lizbeth Marmolejo, la fiscalía accedió a mandar a citar a los dos últimos, pero curiosamente se niega a citarlos, así como tampoco a acceder a solicitar la información bancaria de la empresa EASY Legal México y para rematar, la fiscalía General del Estado de Yucatán decidió determinar un no ejercicio de la acción penal, esto con fecha 15 de febrero de 2023