Tierras, nuevo mapa de poder

• El caso del nuevo notario José Manuel Gil Baeza muestra cómo el nuevo mapa del poder en Yucatán no solamente pasa por los cargos políticos, sino también por el control territorial, las reservas inmobiliarias y el notariado.

• El nombramiento ocurrió dentro del nuevo paquete de notarías entregadas por el gobierno estatal y que rápidamente generó polémica debido a los vínculos políticos y empresariales de varios de los beneficiarios.

• El ascenso de Gil Baeza al notariado ocurrió precisamente mientras aparecía involucrado en operaciones inmobiliarias dentro del mismo municipio donde ejercía funciones públicas.

Redacción/Sol Yucatán

El nombre de José Manuel Gil Baeza comenzó a sonar recientemente en los círculos políticos y jurídicos de Yucatán luego de que el gobierno estatal le otorgara la patente de la Notaría Pública número 143 con residencia en Valladolid. El nombramiento ocurrió dentro del nuevo paquete de notarías entregadas por la administración estatal y que rápidamente generó polémica debido a los vínculos políticos y empresariales de varios de los beneficiarios.

Sin embargo, detrás del reciente nombramiento notarial emerge ahora una historia mucho más amplia: la relación directa de Gil Baeza con un grupo de operadores políticos, empresarios y actores inmobiliarios ligados al corredor territorial donde actualmente se desarrolla Andara II, uno de los complejos industriales e inmobiliarios más importantes del suroriente de Mérida y Kanasín.

La evidencia aparece en el Registro Público de la Propiedad del Estado de Yucatán mediante el folio electrónico 1680167, documento oficial que identifica a José Manuel Gil Baeza como copropietario de un terreno rústico ubicado en el tablaje catastral 16427-2 de Kanasín. El predio tiene una extensión de 52,578.94 metros cuadrados y fue objeto de una división oficial en tres partes durante noviembre de 2024.

El documento revela que Gil Baeza posee el 16.015 por ciento de la propiedad. El resto del terreno pertenece a un grupo integrado por Leffty Alejandro Camino Escalante, Hernán Cárdenas Cámara, Manuel Jesús Ontiveros Sosa y Omar Corzo Olán.

Más allá de la simple copropiedad, los nombres asentados en el folio revelan una estructura de intereses que conecta perfiles políticos, jurídicos, agrarios e inmobiliarios dentro de una de las zonas de mayor crecimiento territorial del estado.

José Manuel Gil Baeza no es un actor menor dentro de la estructura municipal de Kanasín. Antes de recibir la patente notarial, se desempeñaba como coordinador de Gobierno y Seguridad Patrimonial del Ayuntamiento de Kanasín, una posición sensible por el control y seguimiento de temas relacionados con patrimonio municipal, asuntos territoriales y administración pública.

Su ascenso al notariado ocurrió precisamente mientras aparecía involucrado en operaciones inmobiliarias dentro del mismo municipio donde ejercía funciones públicas.

El otorgamiento de notarías por parte del gobierno de Joaquín Díaz Mena ha sido señalado en distintos sectores políticos y jurídicos como una repartición de poder a personajes cercanos a grupos políticos regionales. En el caso de Gil Baeza, el nombramiento resulta especialmente delicado debido a que ahora se confirma documentalmente su participación en propiedades ubicadas en un corredor de alta especulación inmobiliaria.

El folio electrónico también permite observar que la operación inmobiliaria sobre el terreno comenzó antes de la división formal del predio. El historial registral indica que desde julio de 2023 existía ya una promesa de venta inscrita sobre la propiedad.

En el sector inmobiliario, este tipo de movimientos suelen formar parte de procesos de integración territorial previos a proyectos de urbanización, lotificación o desarrollo industrial. El hecho de que posteriormente el predio fuera subdividido y se generaran nuevos folios electrónicos fortalece la hipótesis de una estrategia de preparación territorial vinculada a desarrollos de gran escala.

Uno de los personajes más relevantes dentro de la copropiedad es Omar Corzo Olán, exdelegado de la Procuraduría Agraria en Yucatán y exdiputado federal suplente relacionado históricamente con estructuras priístas y redes de operación territorial. Su paso por instituciones agrarias le permitió durante años mantener influencia sobre asuntos relacionados con regularización de tierras, ejidos y desarrollo territorial en Yucatán.

La presencia de Corzo Olán dentro de la misma operación inmobiliaria no es un dato menor. En Yucatán, buena parte del crecimiento urbano reciente ha dependido precisamente de procesos de transformación de tierras ejidales y reservas territoriales en corredores industriales o residenciales.

Otro de los copropietarios es Hernán Cárdenas Cámara, identificado en el propio documento registral como licenciado en Derecho. Su nombre aparece además relacionado con operaciones patrimoniales y litigios mercantiles dentro del estado, particularmente en estructuras jurídicas vinculadas a bienes raíces y propiedad privada.

En el caso de Leffty Alejandro Camino Escalante, distintos registros públicos y referencias empresariales lo relacionan con actividades comerciales e inmobiliarias en el suroriente de Mérida y Kanasín, una zona donde actualmente se concentra una de las mayores expansiones industriales de Yucatán.

La ubicación del predio tampoco es casual. El terreno se encuentra dentro del corredor territorial donde se impulsa Andara II, un desarrollo promovido públicamente como parque industrial y complejo inmobiliario en Kanasín. El proyecto contempla infraestructura logística, urbanización y lotificación industrial en una región estratégica por su cercanía con Mérida y sus conexiones carreteras hacia el oriente y sureste del estado.

Aunque hasta ahora no existe un documento público que afirme de manera textual que el tablaje 16427-2 forma parte oficial de Andara II, sí existe una coincidencia física y documental altamente significativa entre la ubicación del terreno, los actores involucrados, la temporalidad de las operaciones registrales y el proceso de expansión territorial del proyecto.

El patrón resulta consistente con esquemas de integración de tierra utilizados en desarrollos industriales: adquisición progresiva de predios, promesas de venta, subdivisión registral y posterior urbanización.

La dimensión económica de la operación también resulta relevante. Actualmente, el valor de la tierra urbanizable en Kanasín y el corredor industrial del suroriente de Mérida se ha disparado debido a la expansión logística e industrial. Dependiendo de accesos, infraestructura y uso autorizado de suelo, los terrenos de reserva territorial pueden alcanzar precios de entre 1,800 y 3,500 pesos por metro cuadrado.

Bajo ese escenario, el predio registrado en el folio 1680167 tendría actualmente un valor comercial aproximado de entre 94 y 184 millones de pesos.

La participación de José Manuel Gil Baeza equivaldría así a un activo estimado de entre 15 y 29 millones de pesos.

La historia revela algo más profundo que una simple operación inmobiliaria. Expone la manera en que funcionarios municipales, operadores agrarios, abogados y empresarios convergen dentro de las mismas estructuras patrimoniales mientras simultáneamente reciben posiciones estratégicas dentro del aparato público.

El caso de José Manuel Gil Baeza muestra cómo el nuevo mapa del poder en Yucatán no solamente pasa por los cargos políticos, sino también por el control territorial, las reservas inmobiliarias y el notariado, una figura históricamente vinculada al poder económico y patrimonial del estado.