Tierra seduce a notarios

• Entre cambios de socios, empresas constructoras y objetos sociales que se expanden estratégicamente, algunos fedatarios transitan de validar escrituras a participar en estructuras que lucran con la tierra.

• El caso de Jorge Correa Cervera revela cómo el poder jurídico puede entrelazarse con el mercado del concreto en un entorno donde la transparencia sigue siendo la gran ausente.

• En Yucatán, el auge inmobiliario continúa. Nuevos desarrollos aparecen en la periferia de Mérida, la tierra cambia de manos y el valor del suelo se dispara.

Redacción/Sol Yucatán

El esquema predilecto de cobro de los servicios notariales en Yucatán es por medio de tierras que más tarde venden al precio que se les antoja, y coloca a los fedatarios en el tablero de la especulación, es por ello que buena parte de los notarios han constituido poderosas empresas inmobiliarias donde construyen moles de concreto que les dejan millonarias ganancias.

Tal es el caso de Jorge Correa Cervera, notario público cuyo perfil permite asomarse a un modelo que, sin ser necesariamente ilegal, sí resulta profundamente cuestionable en términos de concentración de poder y opacidad.

Durante décadas, la figura del notario en México se ha presentado como la de un garante de la legalidad, un intermediario neutral que da fe de actos jurídicos entre particulares. Sin embargo, en estados como Yucatán, donde el crecimiento urbano y la especulación inmobiliaria han avanzado a gran velocidad, el rol del fedatario ha evolucionado hacia una posición mucho más compleja. Ya no se trata únicamente de certificar compraventas, sino de formar parte de un ecosistema donde la tierra, el capital y la información privilegiada convergen.

El caso de Jorge Eduardo Correa Cervera es ilustrativo. Antes de convertirse en notario público, su nombre ya aparecía vinculado al ámbito empresarial. En 2007 figura como socio de ANDES Constructora S. de R.L. de C.V., una empresa constituida en Mérida junto con el ingeniero Raúl Cícero Castro, quien asume el control operativo de la sociedad. Desde entonces, la estructura presenta un patrón que se repetiría más adelante: un perfil técnico encargado de la ejecución y un perfil jurídico encargado de la estructura legal.

Durante años, la empresa se mantuvo con un objeto social amplio, pero sin una proyección pública evidente. No hay registros abiertos de fraccionamientos, grandes desarrollos ni contratos de obra relevantes bajo su nombre. Sin embargo, en 2023 ocurre un movimiento que cambia el tablero.

Ese año, ANDES Constructora modifica de manera sustancial su objeto social para incluir actividades relacionadas con la construcción, el arrendamiento de maquinaria, la comercialización de materiales pétreos, el transporte de carga y, de forma explícita, la posibilidad de celebrar contratos con gobiernos en sus distintos niveles.

La coincidencia temporal no pasa desapercibida. Para ese momento, Jorge Correa Cervera ya no es solo un socio de una empresa constructora: es un notario público en funciones. La ampliación del objeto social ocurre cuando uno de sus integrantes ya forma parte del sistema notarial, un espacio donde se concentran no solo facultades jurídicas, sino también acceso privilegiado a información sobre transacciones inmobiliarias, constitución de sociedades y movimientos de capital.

A partir de ahí, el panorama se vuelve más interesante. Raúl Cícero Castro, socio directo de Correa Cervera, aparece también vinculado a otra empresa del mismo giro: Camaq, S.A. de C.V., dedicada a la construcción no residencial en el municipio de Kanasín.

Este cruce no demuestra por sí mismo una irregularidad, pero sí evidencia una lógica operativa frecuente en el sector: la diversificación de actividades a través de múltiples razones sociales, lo que permite segmentar riesgos, optimizar cargas fiscales y, en algunos casos, dificultar el rastreo de operaciones.

En este punto, la pregunta deja de ser si existe una empresa o dos, y pasa a ser otra: cuál es el alcance real de las actividades económicas vinculadas a estos perfiles. Porque, aunque no existan registros públicos claros de fraccionamientos o contratos adjudicados, la estructura está ahí, lista para operar. Una empresa con capacidad para construir y contratar con gobierno, un socio con presencia en más de una razón social del mismo sector y un notario con facultades para dar forma jurídica a operaciones inmobiliarias.

El modelo no es nuevo. En Yucatán, como en otros estados del país, la tierra ha sido históricamente una de las monedas más utilizadas en operaciones de alto valor. En ese contexto, los notarios juegan un papel central, no solo como fedatarios, sino como actores que pueden influir, directa o indirectamente, en la estructuración de negocios.

Desde la constitución de empresas hasta la formalización de compraventas, su intervención es obligada. Y cuando ese conocimiento se combina con participación empresarial, el equilibrio se rompe.

La especulación inmobiliaria no necesita necesariamente grandes anuncios ni desarrollos visibles. Puede operar en esquemas más discretos, donde los movimientos de tierra, la constitución de sociedades y la transferencia de activos ocurren lejos del radar público. En esos espacios, la opacidad no es una falla del sistema, sino una característica funcional.

El caso de Correa Cervera no es una excepción aislada, sino un reflejo de una tendencia más amplia. Notarios que no solo certifican operaciones, sino que participan en estructuras empresariales, empresas que amplían su objeto justo cuando sus integrantes adquieren nuevas posiciones de poder, y un mercado inmobiliario en expansión donde la información no siempre fluye con la misma claridad que el dinero.

No se trata de afirmar ilegalidades sin pruebas. Se trata de observar cómo se configuran ciertos perfiles y estructuras en un entorno donde la regulación es limitada y la transparencia, insuficiente. Porque cuando quienes tienen la capacidad de dar fe de las operaciones también participan en los sectores donde esas operaciones generan ganancias, la línea entre árbitro y jugador se vuelve cada vez más difusa.

En Yucatán, el auge inmobiliario continúa. Nuevos desarrollos aparecen en la periferia de Mérida, la tierra cambia de manos y el valor del suelo se dispara. En ese escenario, los notarios no son simples espectadores. Son piezas clave de un tablero donde cada movimiento tiene consecuencias económicas significativas.

Y mientras las empresas se reorganizan, amplían su objeto y diversifican sus operaciones, el verdadero negocio sigue siendo el mismo de siempre: la tierra. Una tierra que se compra, se transforma y se vende, muchas veces lejos de la mirada pública, pero siempre dentro de estructuras que, aunque legales en apariencia, dejan más preguntas que respuestas.

En ese entramado, Jorge Correa Cervera no es solo un nombre. Es un ejemplo de cómo el poder jurídico y el negocio inmobiliario pueden converger en una misma figura, en un sistema donde la transparencia sigue siendo la excepción y no la regla.