¡Terrorismo mediático!

• El actual gobierno morenista muestra intolerancia a la mínima crítica y responden con bots de forma grosera, ofensiva y con insultos, que llega al grado de un terrorismo verbal nunca antes visto en Yucatán y México.

Por Susana Gamboa Salazar

El día 25 de mayo, observamos cómo en la mañanera, máxima tribuna de linchamiento de los “enemigos” de la fatídica 4T, la presidenta con A pidió a los mexicanos, en vivo y a todo color, que no vieran TV Azteca, consumando así una gigantesca censura gubernamental y una agresión directa a la libertad de expresión y de prensa que no tiene antecedentes en el México moderno y que atenta contra el derecho fundamental de los mexicanos a decidir libremente cómo y a través de qué medios quieren informarse.

Si hay algo que se les respetaba a los políticos de la vieja guardia, es que eran tolerantes ante la crítica de la prensa, y si respondían lo hacían con diplomacia, elegancia o convocaban a una conferencia de prensa.

Todo lo contrario, sucede con el actual gobierno morenista, quienes demuestran intolerancia a la mínima crítica y responden con bots de forma grosera, ofensiva y con insultos, que llega al grado de un terrorismo verbal nunca antes visto en Yucatán y México.

Sin embargo, el dueño de esa televisora, Ricardo Salinas Pliego, no se quedó callado y le respondió en pocas y concisas palabras que le dolieron como un acertado dardo envenenado: ¡¡¡Nosotros sí mostramos lo que su gobierno quiere esconder!!!

Lo anterior viene a colación porque desde hace algún tiempo el nefasto régimen del hundimiento maya ha aplicado la CENSURA a varios de nuestros reporteros, periodistas, creadores de contenido digital, influencers, youtubers, etc., bloqueándolos de sus redes sociales. Debido a que no los aplauden, sus preguntas y comentarios les son incómodos y, además, no quieren que hablen de ellos.

Claro ejemplo de esta violación grave, sistemática y continua a los derechos humanos y a las garantías individuales es el caso de la “diputada” Naomi Raquel Peniche López, quien sin empacho alguno confirma, presume y exhibe el bloqueo permanente del que hizo víctima al “Yuca Cabezón”, contestando, de forma burlona, en una entrevista que le hicieron después de confirmar en sus redes dicho bloqueo «que no va a hablar de él, que no lo ha entendido, que su tema es denunciar y representar a los meridanos de lo que no se hace y que si eso afecta, molesta o incomoda a otros, lo siento mucho, ese es mi trabajo como diputada y lo seguiré haciendo”.

De esta contestación se aprecia claramente la ineptitud, ignorancia, soberbia y prepotencia, ya que no tiene ni la más leve idea de lo que debe ser su función, que es la de legislar, fiscalizar y gestionar, o sea, debe crear y modificar leyes, vigilar que el gobierno use correctamente los recursos públicos y atender las necesidades de los ciudadanos de su distrito. ¡¡¡No de todo Mérida como absurdamente dice!!! ¡Hasta eso desconoce!

Sin embargo, de las obligaciones que tiene en el plano legislativo, no se le conoce ni una sola iniciativa de ley que no sea un refrito como las que ha presentado, que no son muchas, solo 5 al parecer, sobre el empoderamiento femenino, el empleo verde, la cultura artesanal, el día del deporte y de mujeres escritoras; todas estas no son más que una copia de muchísimas otras que ya existen en el país y eso es porque simplemente no tiene conocimientos, capacidad, talento y tampoco investiga ni estudia.

Respecto a la fiscalización, pues solo imagínese que ya dio por aprobado el crédito de mil quinientos millones que quiere el gober para seguir endeudando a los yucatecos y hasta dijo “veremos para qué nos alcanza”, o sea, ¡¡¡ignora para qué servirán!!! Obviamente, jamás ha fiscalizado los recursos públicos ni lo hará; es solamente una levanta dedos más y una foca aplaudidora de las que ¡¡¡Yucatán no necesita!!!

¡Pero no es la única! ¡Resulta que el gober también bloquea a cualquier persona o representante de medios digitales o impresos que le haga algún comentario o pregunta que no le agrade!

Nos dicen que ambos borran de sus redes sociales los comentarios que no les convienen o que los desaprueban, tratando de eludir la crítica sana y veraz porque no la soportan; solo quieren aplausos por sus mediocres resultados. Sin embargo, ambos ignoran las fatales consecuencias de sus actos, que pueden llegar incluso a que les entablemos un juicio político.

El cual sin duda resultaría procedente, ya que la ley castiga severamente estas violaciones a las garantías individuales y a los derechos humanos, máxime si son cometidas por servidores públicos.

Nuestra Constitución Política Federal, obligatoria en todo México, ordena, en su artículo 7.º, que es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares.

En el artículo 6.º ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión. Y el artículo 5.º. Dice: «A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial».

Tanto la diputada como el gobernador son servidores públicos, sin duda alguna. Por ello, al aplicar censura mediante un abuso de control que ejercen y que está expresamente prohibido en los artículos 6.º y 7.º constitucionales, también estarían violando el artículo 5.º en perjuicio de las personas bloqueadas.

La censura estaría impidiendo ejercer la profesión o actividad lícita que desempeñan: informar a los yucatecos desde sus plataformas, páginas, medios, podcasts y demás espacios digitales sobre lo que acontece en el gobierno, desde su punto de vista y opinión. Ese derecho, sin duda, también está protegido por los mismos artículos constitucionales.

Por todas estas presuntas violaciones, la situación podría complicarse de manera peligrosa y trascendental para ambos funcionarios, ya que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de la Federación (aplicable al gobernador) y la del Estado de Yucatán (aplicable a la diputada local) contemplan la procedencia del juicio político, incluso de manera reiterativa, por violaciones a los derechos humanos y a las garantías individuales.

Y sigue la mata dando, ayer mismo nos enteramos que otro inepto y gris servidor público el diputadillo guinda pero también muy prepotente y soberbio José Julián Bustillos Medina al ser exhibido durmiendo plácidamente en su curul del congreso local por el Yuca Cabezón a quien solo pueden acusar de estar haciendo su trabajo y de documentar lo injusto que es que los yucatecos paguemos millones de pesos en sueldos de estos flojos e inútiles “legisladores”, éste se molestó y terminó bloqueándolo de sus redes sociales cometiendo así las mismas violaciones a las garantías individuales y a los derechos humanos como lo hacen Naomi Peniche y el Huacho Diaz; pero al igual que el dueño de TV Azteca, el Yuca Cabezón no se quedó callado y ante tal censura le dijo que sus cámaras y micrófonos estaban abiertos para la réplica de cualquiera que así lo deseara y a quienes él les hubiese cuestionado su desempeño por lo que el hecho de bloquearlo no tan solo era ilegal sino que no borraba el cansancio del diputado por sus presuntas y constantes noches en el casino que si bien era su derecho de ir, el suyo era el de cuestionar su labor como servidor público!!! Una muy buena respuesta que seguramente tendrá como consecuencia que el juicio político se entable en paquete!!!