SSY destinó 6MDP en banquete

• Mientras hospitales y centros de salud en Yucatán operan entre carencias, protestas y reclamos por falta de insumos, destinó más de seis millones de pesos a un banquete y servicios integrales para una reunión de médicos.

• La decisión, firmada por Judith Elena Ortega Canto, exhibe una política de prioridades invertidas: abundancia para el evento, escasez para la atención médica cotidiana.

• Medicamentos que no llegan, insumos básicos racionados, equipo insuficiente y condiciones laborales precarias.

Redacción/Sol Yucatán

La secretaria de Salud de Yucatán, Judith Elena Ortega Canto, decidió que el escaparate debía brillar, aunque detrás del telón la realidad del sistema sanitario siguiera resquebrajándose. En noviembre de 2025, bajo su firma y responsabilidad directa, los Servicios de Salud de Yucatán comprometieron un gasto superior a los seis millones de pesos para cubrir alimentos, hospedaje, transporte y logística de la Reunión Nacional 2025 del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, un encuentro técnico que, por su naturaleza, difícilmente justificaría un despliegue gastronómico y operativo de esa magnitud.

El contrato es claro en su alcance y en su costo. Se trata de un “servicio integral” que incluye eventos, banquetes, hospedaje y traslado de asistentes durante varios días. No fue un apoyo menor ni una compra marginal: el monto máximo autorizado rebasa los 5.4 millones de pesos y contempla incluso la posibilidad de ampliarse hasta en un 20 por ciento adicional.

En términos prácticos, la Secretaría de Salud de Yucatán se dio permiso para organizar una convención con mantel largo y presupuesto holgado, en un contexto donde la palabra que más se repite en hospitales y clínicas es “falta”.

La contradicción es evidente. En los mismos meses en que se afinaban menús y se cerraban paquetes de hospedaje para funcionarios y especialistas de todo el país, trabajadores del sector salud en Yucatán denunciaban carencias persistentes: medicamentos que no llegan, insumos básicos racionados, equipo insuficiente y condiciones laborales precarias.

Las protestas y manifestaciones del personal médico y de enfermería no son un rumor aislado, sino una constante que ha acompañado a la actual administración. Aun así, la prioridad institucional pareció concentrarse en la imagen y no en la urgencia.

El evento, presentado oficialmente como un espacio de coordinación técnica y prevención sanitaria, terminó convertido en símbolo de disonancia. Porque mientras el discurso federal y estatal habla de fortalecer la prevención y el control de enfermedades, la realidad local expone un sistema que batalla para sostener la atención básica. La pregunta no es si una reunión nacional debía realizarse, sino si era necesario hacerlo bajo un esquema de gasto que roza lo ostentoso en un estado donde la salud pública enfrenta rezagos históricos.

La responsabilidad política no es difusa. El contrato fue firmado por Judith Elena Ortega Canto, quien funge simultáneamente como secretaria de Salud y directora general de los Servicios de Salud de Yucatán. No hubo intermediarios ni delegación de decisiones: la autorización del gasto, la vigencia del contrato y las condiciones de pago llevan su aval. En términos administrativos, la operación es legal, en términos éticos y políticos, es profundamente cuestionable.

Más aún, la temporalidad del evento y del gasto refuerza la polémica. La Reunión Nacional del CENAPRECE se desarrolló durante apenas unos días de noviembre, pero el contrato cubre un periodo más amplio y contempla múltiples componentes, desde alimentos hasta transporte. El contraste entre la duración del encuentro y el tamaño del presupuesto alimenta la percepción de un dispendio innecesario. En un sistema de salud presionado, cada peso cuenta, aquí, millones se destinaron a un evento efímero.

La narrativa oficial intenta justificar el gasto bajo el argumento de la importancia estratégica del encuentro. Sin embargo, la prevención de enfermedades no se mide por la calidad del banquete ni por el confort del hospedaje, sino por la capacidad de respuesta en territorio: brigadas equipadas, hospitales abastecidos, personal capacitado y motivado. En ese rubro, Yucatán arrastra déficits que no se resuelven con convenciones ni con reuniones de alto nivel.

La inconformidad no proviene solo de los números, sino del contexto social. En un estado donde pacientes y familiares han denunciado desabasto y retrasos en la atención, la imagen de una “convención gourmet” financiada con recursos públicos resulta ofensiva. El mensaje implícito es claro: hay dinero para recibir invitados, pero no siempre para garantizar tratamientos oportunos o condiciones dignas de trabajo.

El caso también exhibe una lógica recurrente en la administración pública: priorizar el evento sobre el servicio, la forma sobre el fondo. La Reunión Nacional del CENAPRECE dejó fotografías, comunicados y discursos, pero no hay evidencia pública de que sus conclusiones se traduzcan de inmediato en mejoras palpables para el sistema de salud yucateco.

Lo tangible, en cambio, es el contrato millonario y el proveedor beneficiado.

En este escenario, la figura de Judith Elena Ortega Canto se vuelve central. No es una decisión heredada ni una obligación impuesta desde la federación. Es una elección administrativa tomada en pleno conocimiento del contexto local. Una elección que privilegió la logística de un evento nacional por encima de las necesidades urgentes de la población que depende del sistema público de salud.

La ironía es difícil de ignorar. Un encuentro dedicado a la prevención y el control de enfermedades terminó convertido en un símbolo de exceso. Una reunión pensada para fortalecer la salud pública dejó como saldo un debate sobre prioridades, congruencia y sensibilidad social. Mientras los discursos hablaban de estrategias nacionales, en Yucatán seguían faltando medicamentos y sobrándoles razones a los trabajadores para inconformarse.

Al final, la llamada “convención gourmet” no solo deja un rastro contable, sino una pregunta política que sigue sin respuesta: ¿en qué momento la administración de la salud pública decidió que un banquete de millones era más urgente que atender las carencias del sistema?

La firma está puesta, el dinero comprometido y la polémica abierta. Lo que queda es la certeza de que, en Yucatán, la salud se sirvió con mantel largo, aunque a muchos pacientes apenas les alcance para el plato básico.