SSP OCULTA A SUS DETENIDOS

*La Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán desconoce el número de personas que fueron remitidas a sus separos o cárcel pública del 2018 a 2023. En los municipios de Yucatán, la situación es similar, se consultó a Valladolid, Peto, Acanceh, Tekax, Kanasín, Motul y Progreso.

* El 4 de diciembre de 2022, Roberto Lanz Hernández fue sometido por tres policías del municipio de Progreso. Durante el forcejeo los elementos lo golpearon y él cayó al asfalto, debido al golpe en la cabeza y lesiones ingresó al hospital en estado crítico. 12 días después falleció.

* En el 2021, José Eduardo Ravelo Echeverría, “El Güero” fue detenido por elementos de la Policía del Municipio de Mérida. Tenía el pulmón perforado por lo que debía ser entubado, lo trasladaron al área de covid-19. José no sobrevivió y falleció el martes 3 de agosto.

Por Claudia V. Arriaga Durán /Sol Yucatán.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán desconoce el número de personas que fueron remitidas a sus separos o cárcel pública del 2018 a 2023. En tanto, la Policía Municipal de Mérida reveló, a través de una solicitud de información, que en ese lapso de tiempo, 21 mil 248 personas fueron encarceladas por faltas administrativas y delitos.

La SSP respondió a la pregunta “¿Cuántas personas fueron remitidas a la cárcel pública y/o separos de la Secretaría de Seguridad Pública del 2018 a la fecha?”, vía Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), que entregó los datos en un CD-ROM, formato que nunca le fue solicitado, ni recibido.

En lo que refiere a si existe información desagregada que, por ejemplo, sí cuidan de la integridad de la comunidad LGBTQ+ enviada a separos, la SSP declaró inexistente la información.

En los municipios de Yucatán, la situación es similar, se consultó a Valladolid, Peto, Acanceh, Tekax, Kanasín, Motul y Progreso.

Valladolid, Peto, Acanceh, Tekax y Motul no le dieron trámite a la solicitud. El Ayuntamiento de Kanasín contestó que no estaba obligado a informar de las actividades en materia de seguridad pública del municipio.

El Municipio de Motul por su parte, aseguró que no puede proporcionar los números de arrestos porque es información confidencial.

“Dicha información es de carácter confidencial y reservada. Asimismo, por el trabajo que se realiza en asuntos con otras autoridades competentes, nos limitamos a proporcionar datos confidenciales”, se lee en la respuesta.

Progreso. Roberto Lanz falleció sometido en un retén

El 4 de diciembre de 2022, alrededor de las 5 de la tarde, Roberto Lanz Hernández fue sometido por tres policías del municipio de Progreso. Durante el forcejeo los elementos lo golpearon y él cayó al asfalto, debido al golpe en la cabeza y lesiones ingresó al hospital en estado crítico. 12 días después falleció.

“Pasamos el retén porque no tomamos, nadie se fijó que habían detenido el otro auto con la familia, en donde estaba el sobrino de Roberto y cuando llegamos a casa a unas cuadras del retén una de las hermanas nos avisó que detuvieron al sobrino y que lo llevarían a separos”, recordó Candy Velázquez, pareja de Roberto.

Roberto intentó dialogar con los policías del puesto de control de alcoholimetría para evitar que llevaran a su sobrino a separos. Les pidió que, una vez detenido el vehículo, le hicieran una segunda prueba. Se negaron y empezaron a agredirlo.

“Él se bajó y de repente le perdí la pista, me estacioné y escuchó a su sobrina llorando”, lamentó.

Candy explicó que en aquellas fechas intentó acercarse al presidente municipal, Julián Zacarías Curi, ahora candidato a diputado federal del PAN. Nunca logró contactarlo. Necesitaban apoyo con los gastos médicos, aunque Roberto estaba ingresado en el hospital Agustín O´Horán.

“Intentamos hablar con el presidente municipal, Julián Zacarías nunca me contestó, le envié mensajes y en su página de Facebook me bloqueó. Le dejé mensajes en Instagram y ahí una persona me contactó. Respondieron que no podían indemnizar a los hijos de él”, lamentó.

El momento de la caída al asfalto cuando fue sometido Roberto quedó videograbado. El uso extralimitado de la fuerza acabó con su vida. Tras su muerte, separaron de su cargo a los tres policías.

Aun así, la unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Progreso no respondió a la solicitud de información del número de personas que ingresaron a la cárcel pública desde el 2018.

Muertes en cárceles públicas o separos: caso José Eduardo

En el 2021, José Eduardo Ravelo Echeverría, “El Güero” fue detenido por elementos de la Policía del Municipio de Mérida. Su madre, María Ravelo, denunció que lo golpearon y abusaron sexualmente de él en la parte trasera de la patrulla en la que lo remitieron a la cárcel pública.

Los hechos ocurrieron el miércoles 21 de julio cuando el joven originario de Veracruz caminaba por el parque de San Juan en el Centro Histórico de Mérida. El 22 de julio, tras ser liberado de los separos, José llamó por teléfono a su madre, le pidió ayuda, no podía caminar por las lesiones.  El 24 de julio, ella logró viajar a Mérida y llevó a su hijo al Agustín O’ Horán, no recibió la atención, en cambio cuestionaron su sexualidad, le preguntaron si era homosexual.

Al no conseguir ayuda en el hospital, decidieron denunciar el delito sexual en la Fiscalía General del Estado (FGE), ahí empeoró su estado de salud. Al punto que lo enviaron al hospital nuevamente, en donde falleció.

Tenía el pulmón perforado por lo que le informaron que debían intubarlo, finalmente, lo trasladaron al área de covid-19. José no sobrevivió y falleció el martes 3 de agosto.

El caso de José Eduardo continúa impune, pasó al fuero federal con la Fiscalía General de la República (FGR), sin embargo, no hay más avances en la investigación.

En el 2022, la Policía Municipal de Mérida detuvo a 1, 828 personas. En el caso de las mujeres, las 129 fueron por una infracción al orden público y 56 por infracción al derecho a la propiedad.

En el caso de los hombres, dos fueron por abuso sexual, uno por allanamiento de morada, 96 por conducir en estado de ebriedad, 1,155 por infracción al derecho a la propiedad y 240 por infracción al derecho de la propiedad.

SSP sin transparencia de información

Para el abogado en derecho especializado en amparo, Moisés Velázquez, es imposible que la Secretaría de Seguridad Pública desconozca quiénes y cuántos fueron remitidos a la cárcel pública de 2018 a la fecha. En pocas palabras, señaló que la corporación se niega a entregar la información, ya que por ley están obligados a llevar un registro.

“Hay una obligación que es el Registro Nacional de Detenciones. No puede ser que no conozcan sus datos, voy más por el sentido de que no desea proporcionarlos, es imposible que teniendo obligación constitucional no se lleve, porque es claro que sí se lleva, voy más por el lado de que no quieren proporcionar la información”, declaró.