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Sobrecosto en el Poder Judicial
- Sol Yucatán, mediante el cruce de datos con base en los contratos del 2025, pudo comprobar que existe sobreprecio de 95% en mantenimientos y más del 200% en cambio de elevadores contratados por el Consejo de la Judicatura.
- Los contratos han sido aprobados por la magistrada presidenta Erika Torres López y María Carolina Silvestre Canto Valdés, suscritos por Guillermo Ponce López, como director de Administración y Finanzas del Consejo de la Judicatura.
- El mes pasado, el tema de los elevadores salió a la luz pública, luego de que la magistrada presidenta quedara atrapada en un elevador junto con otros presidentes de los tribunales de justicia del país.
Redacción/Unidad de Investigación Sol Yucatán
El mantenimiento, suministro y sustitución de elevadores en el Poder Judicial de Yucatán representan un gasto millonario que ahora queda bajo la lupa, luego de que el cruce de contratos disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) revelara diferencias importantes frente a servicios contratados por otras instituciones públicas.
La revisión realizada por Sol Yucatán abarca contratos registrados entre el 1 de enero de 2025 y el 30 de junio de 2026, periodo en el que el Consejo de la Judicatura de Yucatán reportó 15 contratos relacionados con sistemas de elevadores, de acuerdo con la documentación consultada.
El análisis encontró que los contratos fueron adjudicados mediante diferentes procedimientos, incluidos procedimientos de adjudicación directa, y que existen diferencias relevantes en los precios pagados por servicios de mantenimiento, suministro e instalación.
Uno de los casos más significativos corresponde al contrato CMD AF-10/2025 AD, otorgado a Elevadores Schindler, S.A. de C.V., por un monto de 251 mil 781 pesos.
El contrato representa un costo promedio de 20 mil 981 pesos mensuales.
Sin embargo, en la misma Plataforma Nacional de Transparencia aparece un contrato de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) con Kone México, S.A. de C.V., por servicios de mantenimiento de elevadores durante un periodo similar, con un costo mensual de 10 mil 715 pesos.
La diferencia entre ambos servicios es de 10 mil 266 pesos mensuales.
Tomando como referencia el precio contratado por la UADY, el servicio del Consejo de la Judicatura resulta 95.8% más elevado.
La diferencia también se observa al comparar con otro contrato del sector público.
La Fiscalía General del Estado de Yucatán contrató a Elevadores Otis, S. de R.L. de C.V., por un servicio de mantenimiento con un costo mensual de 12 mil pesos.
Frente a los 20 mil 981 pesos mensuales pagados por el Consejo de la Judicatura, existe una diferencia de 8 mil 981 pesos, equivalente a 74.8% más respecto del contrato de la FGE.
El análisis de Sol Yucatán también encontró diferencias importantes en contratos relacionados con el suministro e instalación de elevadores.
El Consejo de la Judicatura otorgó el contrato DAF-91/2025 AD a Multiservicios Integrales HL, S.A.S. de C.V., para el suministro e instalación de elevadores en el edificio del Juzgado Cuarto Mixto de lo Civil y Mercantil del Primer Departamento Judicial y del Juzgado Primero de Control del Segundo Distrito Judicial, en Kanasín.
El monto contratado fue de 2 millones 549 mil 970 pesos.
Al tratarse de dos edificios, el costo promedio equivale a 1 millón 274 mil 985 pesos por inmueble.
Pero existe otro contrato del propio Consejo de la Judicatura que permite establecer una comparación.
El 13 de marzo de 2025, el Poder Judicial otorgó mediante el contrato DAF-23/2025 LP a Constructores Logar, S.A. de C.V., representada por Ydalmy García Durán, los trabajos de suministro, retiro e instalación de los elevadores del edificio que ocupan los juzgados mercantiles y familiares del Primer Departamento Judicial.
El monto de este contrato fue de 3 millones 921 mil 264 pesos.
La diferencia frente a los 2 millones 549 mil 970 pesos del contrato anterior es de 1 millón 371 mil 294 pesos, equivalente a 53.8% más.
Si la comparación se realiza por edificio, tomando como referencia un millón 274 mil 985 pesos por elevador del contrato DAF-91/2025, el monto de 3 millones 921 mil 264 pesos equivale a 207.5% más que ese costo unitario.
En todos los casos, los contratos han sido aprobados por la magistrada presidenta Erika Torres López y María Carolina Silvestre Canto Valdés, suscritos por Guillermo Ponce López, en su carácter de director de Administración y Finanzas del Consejo de la Judicatura de Yucatán.
Hace unas semanas, el tema de los elevadores salió a la luz pública, luego de que se registrara un bochornoso episodio en el edificio del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán, ubicado en la avenida Jacinto Canek.
La magistrada presidenta Erika Torres López, junto con presidentes de tribunales de justicia de diversas entidades, quedó atrapada en uno de los elevadores durante una actividad oficial.
El incidente ocurrió en el marco de la presentación del primer informe de actividades del Poder Judicial de Yucatán.
Entre los funcionarios que se encontraban en el elevador estaban representantes de los poderes judiciales del Estado de México, Hidalgo, Nuevo León, San Luis Potosí, Campeche y Quintana Roo.
Más allá del incidente, los contratos relacionados con ese equipo colocan nuevamente el mantenimiento y sustitución de elevadores en el centro de la discusión sobre el uso de recursos públicos.
De acuerdo con la documentación revisada por Sol Yucatán, durante 2025 se registraron contratos relacionados con trabajos en elevadores por montos millonarios.
Entre ellos aparecen los contratos PODJUDCJ/0825 y PODJUDCJ/1225, vinculados a la empresa Multiservicios Integrales con domicilio en Quintana Roo.