Sisal bajo el cemento

*Bajo el gobierno priísta de Rolando Zapata Bello y mediante el Decreto 308/2015 que modificó el plan ecológico costero, Kookay avanzó sobre la Reserva del Palmar entre la pasividad de la Profepa y la privatización del litoral en Sisal.

Por Claudia V. Arriaga Durán

Fotos: Sofía Vital

“Mi hijo me dijo: ‘Mamá, ¿por qué lo harán?’, pero ¿qué más vamos a hacer si no tenemos voz ni voto? Ya ni siquiera te puedes bañar en el mar porque las playas se han vuelto privadas. Hay que disfrutarlo ahora, porque después ya no habrá nada de esto”, lamentó María, habitante del puerto de Sisal, mientras señalaba con indignación la imponente torre habitacional del complejo Kookay.

Para los pobladores originarios, la transformación de su entorno no ocurre de manera abstracta: se siente en la imposibilidad de caminar libremente por la franja costera, en la erosión acelerada de la arena y en la pérdida paulatina de su identidad marina.

Sisal, catalogado como Pueblo Mágico, vive bajo la sombra de un crecimiento inmobiliario voraz que amenaza con extinguir la vida comunitaria y los ecosistemas locales para dar paso a complejos residenciales de lujo inaccesibles para la propia población local.

Modificaciones a modo: La ingeniería legal detrás del impacto ambiental

La historia del desarrollo Kookay remonta sus antecedentes al año 2006, cuando surgieron los primeros intentos por edificar en dicha franja. En aquel momento, la solicitud fue denegada debido a que el predio se encontraba ubicado dentro de la Reserva Ecológica Estatal del Palmar, un área natural protegida de alto valor biodiverso. Sin embargo, el destino del proyecto cambió radicalmente años más tarde gracias a una maniobra técnica y normativa.

El impulso definitivo para la instalación del resort ocurrió tras la modificación del Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio Costero del Estado de Yucatán (POETCY), publicada en 2015 en el Diario Oficial del Estado durante la administración gubernamental del priísta Rolando Zapata Bello.

Mediante el Decreto 308/2015, la zona fue excluida de su estricta protección previa y reclasificada como un área de “aprovechamiento sustentable de baja intensidad”. Fue bajo este marco regulatorio que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) otorgó dos autorizaciones ambientales estratégicas: las resoluciones 726.4/UGA-1376/002348 y 726.4/UGA-1407/002576.

Actualmente, el proyecto se ostenta oficialmente como “Construcción y Operación de Villas de Playa en Sisal” e involucra los tablajes catastrales 4999, 5000, 5001, 5002 y 5003, con un valor estimado que asciende a los 300 millones de pesos. Consta de nueve villas de dos niveles y una torre central de 11 departamentos con una altura total de 22 metros.

Según la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), Kookay abarca una superficie total de 7,011 metros cuadrados, de los cuales 2,419 metros cuadrados se destinarán a la edificación y 4,425.02 metros cuadrados se mantendrán supuestamente como área de conservación.

Asimismo, el propio documento reconoce la presencia en el sitio de 169 individuos del estrato arbóreo, 1,210 del estrato arbustivo y 1,766 del estrato herbáceo. No obstante, a pesar de estar sujeto a verificación medioambiental estricta, hasta el momento no existe constancia ni registro público de que el manglar y las especies vegetales protegidas hayan sido reubicados o rescatados conforme a la norma, impactando de forma directa la zona crítica de anidación de tortugas marinas.

Redes de poder y la inacción de las autoridades

Detrás de la marca comercial e inmobiliaria de Kookay opera una intrincada estructura empresarial y legal. Walter Jesús Méndez Agüero figura como el representante legal del proyecto, el cual es comercializado en el mercado por Inmobiliaria El Palmar de Sisal. Los actores vinculados como propietarios corporativos del predio son las empresas DPB de Occidente, representada por Francisco José González Limón, y Asfalsur, vinculada a Mario Millet Encalada.

A pesar de las constantes denuncias ciudadanas, el aparato regulador ambiental ha mostrado una pasividad preocupante. Este medio de comunicación logró confirmar que desde hace al menos cuatro meses se interpuso una denuncia formal ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), sin embargo, a la fecha no se le ha dado trámite efectivo ni se ha enviado inspección alguna al sitio para verificar si la obra cumple con los términos y condicionantes impuestos en las autorizaciones emitidas.

En la práctica, la delimitación territorial se impuso mediante la fuerza de los hechos: hace cinco meses, vecinos y voluntarios que acudían a la zona para nadar o mapear los nidos de tortugas notaron la colocación de una cerca de alambre de púas que privatizó de golpe el acceso a la playa, ubicada a solo 4 kilómetros de la cabecera municipal.

El tejido social roto: Precarización laboral e impunidad

El caso de Kookay no es un hecho aislado, sino parte de una espiral de al menos 10 desarrollos inmobiliarios de gran escala que se han instalado en Sisal, irrumpiendo drásticamente en la dinámica comunitaria. Uno de los precedentes más conocidos es Rosa Palmar, un complejo residencial de 7 niveles más roof top y 39 departamentos de lujo con vista al mar o a la reserva ecológica.

“Es triste porque ya nos ganó el edificio de Rosa Palmar que, aunque denunciamos oportunamente, nunca pasó nada. El anterior comisario municipal dio todas las facilidades para que esto ocurriera, y da tristeza ver el edificio imponente junto a la casa del comisario, ahora muy bien hecha y de dos pisos. ¿Mucha coincidencia, no?”, cuestionó Ana, habitante de la localidad.

Además del despojo territorial, estos megaproyectos han dejado secuelas de violencia e injusticia laboral. Durante la edificación de Rosa Palmar, se registró un intento de feminicidio cuando un obrero atacó a una mujer dentro de la misma obra. Sumado a ello, las promesas de empleo y bienestar económico para la población local se tradujeron en precarización: trabajadores del proyecto denunciaron que al finalizar las obras se les negaron prestaciones básicas, condiciones mínimas de seguridad e higiene, e incluso el pago de su aguinaldo.

Colapso de servicios, erosión y la advertencia científica

El modelo de desarrollo residencial de alto poder adquisitivo ha generado también una marcada brecha en el acceso a los servicios públicos de la comunidad. Mientras la población de Sisal padece apagones constantes y deficiencias en la red hídrica, las zonas residenciales privadas operan con infraestructura garantizada.

“Nos hacen creer que Sisal no se puede desarrollar por falta de capacidad o infraestructura, pero sí desarrollan sin problema otras áreas residenciales exclusivas en las que nunca falla la energía eléctrica ni el agua”, criticó Luis, habitante afectado por la disparidad en los servicios.

A la desigualdad social se le suma la amenaza socioambiental de la erosión costera. La remoción del manglar y la colocación de estructuras de concreto en la duna alterarán de forma permanente las corrientes marinas y las dinámicas de sedimentos. Tal como advirtió Luis: “En Sisal existen estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que señalan claramente que toda esta zona costera corre un riesgo severo de erosionarse de manera irreversible si se continúa construyendo sobre la duna”.

A 11 años de iniciadas las maniobras normativas para permitir la edificación sobre la Reserva del Palmar, Sisal se debate entre la resistencia de sus habitantes y el avance implacable de la especulación inmobiliaria. Mientras las autoridades ambientales postergan las inspecciones y los complejos privados siguen erigiéndose sobre la línea de playa, la comunidad ve cómo se agotan sus espacios públicos, sus recursos naturales y su derecho al territorio.