Simulan empresas de notarios

• La arquitectura patrimonial detrás del notario Alejandro William Breach Esquivel apunta menos al gran desarrollo visible y más a la administración estratégica de activos inmobiliarios.

• El patrimonio inmobiliario de Breach Esquivel no puede leerse únicamente como una suma de propiedades bien ubicadas

• Las piezas corporativas que lo rodean: sociedades pequeñas, de capital mínimo, con control cerrado y una lógica de operación que apunta menos al gran desarrollo visible

Redacción/Sol Yucatán

El patrimonio inmobiliario del notario yucateco Alejandro William Breach Esquivel no puede leerse únicamente como una suma de propiedades bien ubicadas. Para entender su dimensión real, hay que mirar también las piezas corporativas que lo rodean: sociedades pequeñas, de capital mínimo, con control cerrado y una lógica de operación que apunta menos al gran desarrollo visible y más a la administración estratégica de activos inmobiliarios.

Los registros mercantiles disponibles muestran un patrón que, sin probar por sí mismo una irregularidad, sí revela una forma específica de construir y reorganizar negocios en torno al sector inmobiliario. No se trata de un conglomerado espectacular ni de una red empresarial vasta como la de otros grupos regionales.

Al contrario, lo que aparece es un modelo sobrio, repetitivo y funcional. Sociedades de responsabilidad limitada, dos socios, capital simbólico, facultades amplias y un mismo giro orientado al arrendamiento de oficinas, la adquisición de inmuebles y la ejecución de proyectos relacionados con esos fines.

La primera pieza de ese modelo se constituye en 2005 bajo el nombre de Centro Corporativo del Sureste S. de R.L. de C.V. La empresa nace en Mérida con un capital social mínimo de apenas 6 mil pesos, dividido entre dos socios: Ricardo Ongay Nieto y Alejandro William Breach Esquivel, cada uno con una participación igualitaria.

El objeto social es claro: promover y desarrollar espacios para el arrendamiento de oficinas o locales comerciales, adquirir bienes muebles e inmuebles, preparar y ejecutar proyectos vinculados con esos fines y elaborar construcciones arquitectónicas o de ingeniería civil. Los dos socios aparecen además como gerentes generales con facultades amplísimas, incluyendo administración de bienes, actos judiciales, actos de dominio y operaciones de crédito.

Ese dato inicial ya ofrece una clave de lectura. La empresa no fue pensada como una gran compañía operadora, con una estructura robusta de capital o una base amplia de socios. Fue diseñada como un vehículo legal compacto, con enorme flexibilidad operativa y un control total en manos de dos personas. El capital resulta casi simbólico frente al alcance de las facultades y del objeto social. Eso sugiere que el valor del negocio no estaba necesariamente dentro de la empresa como caja o músculo financiero, sino en los activos o proyectos que pudiera llegar a controlar.

Lo interesante es que el ciclo de vida de esa sociedad fue relativamente corto. En agosto de 2011 se formaliza su disolución anticipada. La asamblea de socios, representada por el propio Breach Esquivel, deja asentado que ambos decidieron no continuar con la sociedad y acordaron ponerla en liquidación.

Se nombra como liquidador a Ricardo Ongay Nieto y se revocan los poderes de los órganos de administración. Dos meses después, en octubre de 2011, otra asamblea aprueba el informe del liquidador y declara la liquidación total de la empresa, dando por extinguida la sociedad y ordenando cancelar sus registros sociales, fiscales y jurídicos.

Hasta ahí, la historia podría leerse como la de una empresa que simplemente no prosperó o que cumplió su función y desapareció. Pero el patrón se vuelve más revelador cuando se observa lo que ocurre enseguida.

En febrero de 2012 se constituye Corporativo de Oficinas S. de R.L. de C.V., nuevamente en Mérida, nuevamente con Alejandro William Breach Esquivel y Ricardo Ongay Nieto como únicos socios, nuevamente con un capital de 6 mil pesos, nuevamente con el mismo domicilio para ambos, y nuevamente con un objeto social casi idéntico: promoción y desarrollo de espacios para oficinas o locales comerciales, adquisición de bienes muebles e inmuebles, ejecución de proyectos, construcciones arquitectónicas o de ingeniería civil, y capacidad para recibir y dar créditos.

La gerencia también queda en manos de ambos, con la salvedad de que para ejercer actos de dominio u obligar a la sociedad mediante títulos de crédito deben actuar mancomunadamente.

La lectura más razonable de esta secuencia no es la de una coincidencia. Es la de una sustitución societaria. Una empresa se liquida y poco después otra aparece con el mismo formato, los mismos socios, el mismo capital y el mismo propósito. En términos estrictamente jurídicos, eso no prueba nada indebido. En términos analíticos, sí muestra una práctica útil para el sector inmobiliario: cerrar una razón social y reabrir otra para reorganizar activos, aislar riesgos, reiniciar operaciones o dar continuidad a proyectos bajo una nueva carcasa legal.

Ese modelo empresarial se vuelve mucho más significativo cuando se pone en paralelo con el patrimonio inmobiliario atribuido a Breach Esquivel. Los datos disponibles apuntan a un portafolio de al menos 18 propiedades distribuidas en zonas de alto valor o con claro potencial de revalorización: el norte de Mérida, comisarías en transición urbana, Progreso y el litoral de Chicxulub Puerto.

No es una geografía accidental. Son puntos donde la expansión urbana, el desarrollo residencial y la presión turística han disparado el interés sobre la tierra y los inmuebles. En conjunto, el valor escriturado de esas propiedades ronda los 16.5 millones de pesos, mientras que su valor comercial actual estimado se ubica en torno a 64 millones. La diferencia no es menor: habla de una acumulación patrimonial que no solo compra bienes, sino que captura plusvalía territorial de manera sostenida.

Ahí es donde las sociedades mercantiles cobran sentido. No parecen ser empresas pensadas para competir públicamente por grandes contratos ni para levantar megaobras visibles. Funcionan mejor como herramientas de soporte patrimonial: permiten adquirir, administrar, arrendar, estructurar relaciones contractuales y eventualmente reorganizar activos bajo esquemas de bajo costo y alto control.

Son empresas “ligeras” en papel, pero útiles para un ecosistema donde lo importante no es tanto el capital declarado al constituirse, sino la capacidad de operar sobre inmuebles ubicados en zonas estratégicas.

También llama la atención la simetría entre el perfil del titular y el tipo de negocio. Breach Esquivel no es un promotor inmobiliario cualquiera, es un notario. Su posición profesional lo coloca en un punto privilegiado del mercado: conoce la lógica registral, las rutas de formalización, el comportamiento de las transacciones y, por la naturaleza misma del oficio, participa en el universo jurídico donde la propiedad se consolida.

Eso no implica, por sí solo, un conflicto ni una falta. Pero sí vuelve legítimo el interés público por revisar cómo se articula su faceta empresarial con su capacidad para construir patrimonio en territorios de alto valor.

Lo que muestran los documentos disponibles no es una gran red opaca de decenas de razones sociales. Es algo más contenido, pero también más nítido: un método. Crear una sociedad pequeña con un socio de confianza, dotarla de amplias facultades, utilizarla para fines inmobiliarios, disolverla y, cuando conviene, reemplazarla por otra casi idéntica. Mientras tanto, el patrimonio inmobiliario personal o vinculado al entorno del notario crece en zonas de fuerte revalorización.

No hay en estos documentos una denuncia formal, una acusación judicial ni evidencia abierta de conducta ilícita. Lo que sí hay es una estructura coherente entre patrimonio y empresa. Un engranaje donde la tierra y las sociedades se complementan. Y donde la pregunta relevante no es solo cuántas propiedades tiene Alejandro William Breach Esquivel, sino qué papel juegan estas empresas en la administración y consolidación de esa fortuna territorial.