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Seguros vip por 115 mdp
- El Gobierno de la 4T gastó más de 200 millones de pesos por la contratación de seguros. Además pagan 25 MDP por seguro de gastos médicos mayores, el cual fue eliminado en el gobierno de Mauricio Vila
- “HIR Compañía de Seguros” recibió un contrato por poco más de 115 MDP. La empresa es originaria de la CDMX y está ligada a Víctor López Martínez, representante de Yucatán en la capital del país.
- De acuerdo con investigaciones de Sol Yucatán, únicamente se aseguraron a los funcionarios morenistas y gente que llegó a colaborar en la presente administración, sólo gente allegada a los funcionarios de primer nivel.
Redacción/Sol Yucatán
Un presunto tráfico de influencias y vilos de corrupción existe en torno a una empresa de seguros para favorecerla con un millonario contrato.
El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas, le otorgó un contrato de poco más de 115 millones de pesos a una empresa de la Ciudad de México por seguros de vida.
De acuerdo con el contrato SAF/SA/S/015/2025, en poder de Sol Yucatán, la empresa “HIR Compañía de Seguros S.A. de C.V.” fue favorecida con la contratación de seguros de vida por un monto de 115 millones 347 mil 477 pesos.
Por un periodo de 12 meses, es decir, pagos mensuales de 9 millones 612 mil 289 pesos.
El acuerdo aún permanece vigente, debido a que abarca del 30 de septiembre del 2025 al 30 de septiembre del 2026.
El contrato especifica que se asegura a 28 mil 887 personas, lo que representa apenas el 40% del personal que labora para el gobierno estatal.
De acuerdo con investigaciones de Sol Yucatán, únicamente se aseguraron a los funcionarios morenistas y gente que llegó a colaborar en la presente administración, es decir, gente allegada a los funcionarios de primer nivel.
La única dependencia que aparece con el 100% de su personal asegurado es la Secretaría de Seguridad Pública con un total de 5 mil 528 personas.
En tanto que la Secretaría de Educación, apenas aseguró a 130 personas.
El contrato no contiene más información que los montos a pagar por parte del Gobierno del Estado y los términos legales, por lo cual no queda claro y en ninguna parte de la contratación se establece el monto que recibiría la familia del asegurado en caso de fallecimiento.
Lo que llama la atención es que la empresa está ligada a Víctor López Martínez, representante del Gobierno de Yucatán en la Ciudad de México y quien a su vez es hermano de Dafne López Martínez, coordinador de asesores del Gobierno del Estado y director de proyectos estratégicos del Gobierno Estatal.
La firma de abogados que tiene Víctor en la capital del país es uno de los bufetes que litiga asuntos legales para la empresa aseguradora, por lo cual es claro el tráfico de influencias, conflictos de interés para la adjudicación del millonario contrato y quién se habría llevado una comisión de alrededor de 5.6 millones de pesos.
El caso no es aislado, debido a que también existe presunto favoritismo en la adjudicación del contrato SAF/SA/5/014/2025, que se le otorgó en fast track a la empresa Qualitas.
El monto de contratación es por la suma de 77 millones 587 mil 190 pesos, la cual continúa vigente, ya que vence el 31 de julio del 2026.
De acuerdo con la información consultada por Sol Yucatán, el monto es por el aseguramiento de los vehículos arrendados a empresas del sector privado, lo que deja en evidencia que los automotores se entregan sin los respectivos seguros, cuyo costo es absorbido por el Gobierno Estatal.
El monto es 20% superior al precio contratado la administración pasada.
Personas cercanas al despacho del gobernador aseguraron que la presente administración revivió los seguros de gastos mayores para un reducido grupo de funcionarios de primer nivel, cercanos al mandatario.
Aunque en la Plataforma Nacional de Transparencia y en el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, de momento no existe un contrato público sobre este seguro, se asegura que fue contratado por una suma cercana a los 25 millones de pesos, cuyo dinero no sale de los bolsillos de los funcionarios, sino que de las arcas estatales.
De esta manera, algunos funcionarios privilegiados ya no utilizan los servicios médicos del estado como IMSS o ISSSTE, sino que pueden acudir a las clínicas particulares para recibir atención especializada.
Es decir, las penurias y calvarios se los dejan para que los pase la clase popular, lo cual contraviene las frases «primero los pobres» y la «austeridad franciscana».
Hasta el final del sexenio de Rolando Zapata Bello, los funcionarios de primer nivel, incluido el gobernador y su esposa, contaban con esta prestación, la cual fue eliminada en el gobierno de Mauricio Vila Dosal, precisamente por austeridad.