• El reciente atentado armado en Montes de Amé no es un hecho aislado ni una «casualidad», es la firma tajante de que la seguridad en el estado simplemente se les fue de las manos.

José González/Sol Yucatán

Se cayó el teatro. La narrativa oficial que por años vendió a Yucatán como una isla inexpugnable, blindada contra la violencia que devora al resto del país, se ha desmoronado frente a los ojos de la ciudadanía. El reciente atentado armado en Montes de Amé no es un hecho aislado ni una «casualidad»; es la firma tajante de que la seguridad en el estado simplemente se les fue de las manos.

Durante años, la propaganda gubernamental ha presumido con bombo y platino índices delictivos de primer mundo. Sin embargo, los hechos son tercos y terminan por aplastar los discursos. Mientras las cúpulas del poder se adornan con cifras maquilladas, en las calles de la capital y el interior del estado la realidad dicta otra cosa: ejecuciones a plena luz del día en zonas de alta plusvalía y una escalada de violencia imparable.

A este escenario sangriento se le suma otro síntoma igual de grave de descomposición social e institucional: los linchamientos registrados en fechas recientes.

Que la ciudadanía decida tomar la justicia por su propia mano no es solo violencia pura; es el reflejo del colapso del sistema penal y de la absoluta falta de contención por parte de las fuerzas del orden.

Cuando el pueblo recurre a la barbarie para defenderse, es porque la autoridad ha dejado de existir en el territorio.

Ante este caos, la pregunta que ronda en cada rincón de la entidad es imperativa: ¿Quién manda hoy en Yucatán?

En cualquier Estado de derecho existe una premisa básica: nunca puede haber dos líderes, ni el poder se puede fragmentar. La coexistencia de facto entre las autoridades electas y poderes paralelos —o agendas soterradas que operan en la sombra— genera una ingobernabilidad peligrosa.

Si el Gobernador no ejerce la plenitud de su mandato y deja vacíos de poder, estos invariablemente son ocupados por quienes operan al margen de la ley o por grupos de interés que responden a sus propios mandatos. No se puede gobernar con tibieza ni sirviendo a dos amos.

Lo más alarmante es el factor tiempo. Apenas han transcurrido dos años de esta administración y el deterioro en materia de seguridad ha alcanzado niveles que antes parecían impensables para los yucatecos. La deriva es evidente. Si este es el nivel de descontrol a un tercio del camino, la interrogante resulta

escalofriante: ¿Qué nos espera en los cuatro años que restan? ¿Qué tipo de estado nos van a entregar al término del sexenio?

Yucatán no necesita más boletines de prensa vanagloriándose de un blindaje que solo existe en el papel.

Necesita autoridad, mando único real, firmeza y resultados. El mito de la tranquilidad se ha agotado y la paciencia ciudadana también. Es hora de que el gobierno asuma su responsabilidad primaria o reconozca que la crisis lo ha rebasado por completo.