Secretario de SEDER terrateniente

• Edgardo Gilberto Medina Rodríguez y Joel Ceferino Medina Alvarado, primos entre sí. En medio de esta concentración familiar de poder aparece el patrimonio inmobiliario de Edgardo Medina, encabezado por una finca de 160 hectáreas, en Cenotillo.

• Medina Rodríguez pagó documentalmente 30 mil pesos por derechos equivalentes a 800 mil metros cuadrados de terreno rural. La operación arroja una proporción difícil de ignorar: 375 pesos por hectárea, equivalentes a apenas 3.75 centavos por metro cuadrado.

• Hoy, propiedades rurales semejantes en ese municipio alcanzan varios millones de pesos. Más llamativo aún: la escritura fue otorgada en 2016, pero los movimientos fueron presentados al Registro Público hasta abril de 2026, cuando Medina Rodríguez ya despachaba como secretario de Desarrollo Rural.

Redacción/Unidad de Investigación Sol Yucatán

El gobierno de Joaquín Díaz Mena tiene a dos integrantes de una misma familia colocados en áreas donde convergen algunas de las decisiones económicas más importantes de la administración estatal. Edgardo Gilberto Medina Rodríguez, secretario de Desarrollo Rural, y su primo Joel Ceferino Medina Alvarado, tesorero general del Estado, forman parte de una estructura gubernamental en la que uno administra programas y recursos destinados al campo y el otro ocupa una posición central en el manejo de las finanzas públicas.

La relación familiar agrega un componente incómodo al discurso de renovación, transparencia y combate a las viejas prácticas políticas con el que Morena llegó al Gobierno de Yucatán. No se trata de dos funcionarios de tercer nivel. Medina Rodríguez conduce una secretaría que distribuye apoyos, subsidios e inversiones entre agricultores y ganaderos, mientras Medina Alvarado se encuentra dentro del engranaje financiero encargado de administrar los recursos del Estado.

La presencia simultánea de dos primos en posiciones de semejante relevancia alimenta inevitablemente los cuestionamientos políticos sobre nepotismo y concentración familiar del poder. Jurídicamente, sin embargo, el parentesco muestra nepotismo por su presencia simultánea en dos áreas particularmente sensibles del gobierno de Díaz Mena.

El asunto adquiere una dimensión todavía mayor al revisar los documentos del Registro Público de la Propiedad relacionados con Edgardo Medina Rodríguez.

Entre sus bienes aparece una finca cuya extensión contrasta con el modesto precio mediante el cual adquirió la mitad de sus derechos.

Se trata de Santa María, tablaje catastral 1602, una propiedad rústica localizada en Cenotillo, municipio donde Medina Rodríguez construyó buena parte de su carrera política.

La finca mide un millón 600 mil metros cuadrados, equivalentes a 160 hectáreas.

El historial registral muestra que en 2005 la propiedad quedó en manos de Ofelia María Rodríguez Contreras y Hugo Leonel Tello Moreno, quienes la recibieron mediante adjudicación hereditaria y quedaron como propietarios en común y por partes iguales. El valor asentado entonces para el inmueble completo fue de apenas 5 mil 500 pesos.

Once años después, la totalidad de esas 160 hectáreas terminó concentrándose en Edgardo Medina Rodríguez.

La operación se realizó mediante la escritura pública número 108 del 17 de febrero de 2016, ante el notario Carlos Alfredo Evia Salazar. Pero Medina no adquirió ambas mitades de la misma manera.

Ofelia María Rodríguez Contreras le entregó su 50 por ciento mediante donación. Con ese acto, Medina recibió gratuitamente derechos equivalentes a aproximadamente 80 hectáreas.

La otra mitad pertenecía a Hugo Leonel Tello Moreno y sí fue objeto de una compraventa.

El precio asentado por ese 50 por ciento fue de apenas 30 mil pesos.

Es decir, Medina Rodríguez pagó documentalmente 30 mil pesos por derechos equivalentes a 800 mil metros cuadrados de terreno rural.

La operación arroja una proporción difícil de ignorar: 375 pesos por hectárea, equivalentes a apenas 3.75 centavos por metro cuadrado.

El monto resulta extraordinariamente bajo visto desde el mercado actual, aunque sería incorrecto sostener únicamente a partir de esa comparación que en 2016 existió una subvaluación o alguna irregularidad. Para demostrarlo, sería indispensable contar con avalúos o precios comparables correspondientes precisamente al momento de la operación.

Lo que sí puede medirse es cuánto representa actualmente una propiedad semejante.

En el mercado inmobiliario de Cenotillo se han ofertado propiedades rurales de dimensiones prácticamente idénticas a las de Santa María. Un rancho de 160 hectáreas fue anunciado en aproximadamente 2 millones 950 mil pesos, mientras otro de 150 hectáreas, con infraestructura productiva, alcanza alrededor de 4 millones 200 mil pesos.

Las diferencias en caminos de acceso, disponibilidad de agua, construcciones, corrales, pozos, electricidad, vegetación y aprovechamiento productivo impiden trasladar automáticamente esos precios a Santa María. Sin embargo, permiten establecer un rango razonable para dimensionar el activo.

De manera conservadora, la finca de Medina Rodríguez podría representar actualmente entre 3 y 4.5 millones de pesos, posiblemente más si cuenta con infraestructura productiva relevante. La cifra debe entenderse como una estimación comercial basada en propiedades comparables, no como un avalúo profesional.

El contraste patrimonial resulta evidente. La mitad de una propiedad que hoy forma parte de un activo potencialmente multimillonario llegó gratuitamente a Medina Rodríguez, por la otra mitad desembolsó apenas 30 mil pesos.

Pero el precio no es la única particularidad de Santa María. Existe una circunstancia registral todavía más llamativa.

La escritura mediante la cual Medina recibió la donación y compró el restante 50 por ciento fue otorgada el 17 de febrero de 2016. Sin embargo, los movimientos correspondientes fueron presentados ante el Registro Público hasta el 14 de abril de 2026.

Transcurrieron aproximadamente diez años entre la escritura y su presentación registral.

Para entonces, la situación política de Medina Rodríguez había cambiado radicalmente. Ya no era únicamente el antiguo alcalde de Cenotillo, exdiputado o dirigente proveniente del PAN. En abril de 2026 era secretario de Desarrollo Rural del Gobierno de Yucatán.

El desfase no prueba por sí mismo que existiera intención de esconder la propiedad. La inscripción registral puede retrasarse por diversas circunstancias. Sin embargo, tratándose de un servidor público, el lapso abre una línea de fiscalización inevitable: determinar cómo fue reportado ese derecho inmobiliario en sus declaraciones patrimoniales durante los años transcurridos entre la firma de la escritura y su presentación ante el Registro.

Porque la obligación de declarar un bien, cuando resulte aplicable, no necesariamente nace de la fecha en que finalmente aparece una inscripción registral.

Santa María tampoco constituye el único inmueble localizado a nombre de Edgardo Medina.

Desde octubre de 1999 aparece como propietario de un predio urbano ubicado en calle 17 número 171-C de Cenotillo, con 519.75 metros cuadrados, recibido mediante adjudicación por herencia. El documento conserva incluso una fotografía de sus orígenes profesionales: entonces el Registro Público identificaba a Medina Rodríguez como maestro de primaria.

Quince años después aparece otra adquisición. En septiembre de 2014 compró una propiedad de 302 metros cuadrados en Mérida, ubicada en calle 49-A número 564, por 600 mil pesos. El vendedor fue Cervezas Cuauhtémoc Moctezuma, S.A. de C.V.

La historia previa del inmueble también resulta particular. Antes de la compraventa estuvo involucrado en un procedimiento mercantil y soportó un embargo por 359 mil 277.37 pesos, posteriormente cancelado.

Tomando referencias inmobiliarias actuales y manteniendo márgenes conservadores por la falta de un avalúo individual, esa propiedad de Mérida podría ubicarse preliminarmente alrededor de 1.5 a 2.5 millones de pesos.

Solo entre el inmueble de Mérida y Santa María, el patrimonio inmobiliario conocido de Medina Rodríguez podría representar actualmente entre 4.5 y 7 millones de pesos, a lo que todavía tendría que agregarse el valor de los 519.75 metros cuadrados que posee en Cenotillo.

No se trata de una estimación del patrimonio total del funcionario ni demuestra enriquecimiento injustificado. Son únicamente los bienes identificados hasta ahora mediante los folios revisados y sus valores comerciales aproximados.

Pero Santa María incorpora otro personaje que vuelve más interesante la historia.

Hugo Leonel Tello Moreno, quien vendió a Medina Rodríguez 80 hectáreas por 30 mil pesos, aparece años después como presidente de la Asociación Ganadera Local de Cenotillo y ha coincidido públicamente con el propio secretario en actividades relacionadas con el sector agropecuario.

La antigua operación inmobiliaria no demuestra por sí misma conflicto de interés alguno. Pero ahora que Medina encabeza la dependencia responsable de entregar apoyos al campo, cualquier recurso público recibido por Tello Moreno, por la asociación que representa o por organizaciones relacionadas con él tendría que analizarse bajo un escrutinio particularmente cuidadoso.

El patrimonio de Edgardo Medina se entrelaza además con una historia política que conduce directamente hasta Joaquín Díaz Mena.

Medina Rodríguez fue alcalde de Cenotillo, diputado local por el PAN y posteriormente terminó incorporándose al proyecto político encabezado por Díaz Mena. Tras el triunfo electoral de 2024, el gobernador electo lo nombró coordinador político de su equipo de transición, una responsabilidad que evidenció el nivel de confianza entre ambos.

Poco después llegó la recompensa política: la Secretaría de Desarrollo Rural.

Su primo Joel Ceferino Medina Alvarado siguió otra ruta, menos visible pero igualmente cercana al actual mandatario.

Contador público certificado y maestro en Finanzas, Joel Medina había ocupado responsabilidades administrativas dentro de la estructura federal de Programas para el Bienestar en Yucatán durante la etapa en que Díaz Mena encabezaba esa representación.

Con el cambio de gobierno, terminó convertido en tesorero general del Estado. Desde ahí participa en operaciones financieras de dimensiones considerablemente mayores a las de cualquier programa individual de SEDER. Documentos oficiales lo colocan en procedimientos relacionados con deuda, coberturas y financiamientos estatales.

En diciembre de 2024, por ejemplo, intervino en el procedimiento mediante el cual el Gobierno de Yucatán buscó contratar financiamiento de corto plazo hasta por mil 500 millones de pesos.

La estructura familiar adquiere así una dimensión política difícil de soslayar: un primo encabeza la dependencia responsable de los programas para el campo y otro se encuentra dentro del corazón financiero del Gobierno estatal.

Los folios analizados identifican a Edgardo Gilberto Medina Rodríguez como propietario, no a Joel Ceferino Medina Alvarado. Tampoco existe en la documentación revisada prueba suficiente para sostener que uno funcione como prestanombres del otro.

La conexión comprobable es familiar y gubernamental, no una copropiedad inmobiliaria.

Eso no disminuye la relevancia del caso. Al contrario, delimita con precisión dónde está el verdadero cuestionamiento.

En el gobierno de Joaquín Díaz Mena, dos primos terminaron colocados simultáneamente en posiciones estratégicas relacionadas con la administración y distribución del dinero público, mientras uno de ellos posee un patrimonio inmobiliario que incluye una finca de 160 hectáreas cuya historia registral presenta dos datos extraordinarios: la mitad fue donada y la otra mitad fue adquirida por apenas 30 mil pesos.

Y existe un tercer dato que termina de cerrar el círculo: aquella operación fue escriturada en 2016, pero llegó al Registro Público hasta abril de 2026, cuando su beneficiario ya administraba desde SEDER la política pública destinada precisamente al campo yucateco.

El patrimonio no demuestra corrupción. El parentesco tampoco demuestra jurídicamente nepotismo. Pero la suma de familia, poder, recursos públicos, propiedades rurales y operaciones patrimoniales de precios extraordinariamente bajos coloca sobre ambos funcionarios una exigencia mayor de transparencia.

En especial sobre Edgardo Medina Rodríguez.

Las 160 hectáreas de Santa María pueden valer actualmente varios millones de pesos. Ochenta de ellas llegaron a sus manos gratuitamente y por las otras 80 pagó solamente 30 mil pesos. Una década después de firmarse aquella escritura, la operación terminó llegando al Registro Público justo cuando el antiguo maestro de primaria de Cenotillo ya se había convertido en uno de los hombres fuertes del gobierno de Joaquín Díaz Mena.

Y mientras Edgardo administra el campo, su primo Joel permanece cerca de la caja del Estado.