Se desmorona el Poder Judicial

• Mientras la magistrada presidenta Erika Torres López y varios magistrados acumulan viajes, privilegios y hasta escapadas al Mundial, trabajadores denuncian inconformidad laboral, instalaciones insalubres y jueces señalados por favorecer a presuntos agresores.
• Las quejas ya alcanzan Progreso, Kanasín, Izamal, Ticul, Umán, Tekax y Valladolid.

Redacción/Sol Yucatán

El discurso de una justicia cercana a la ciudadanía comienza a desmoronarse frente a una realidad que, según trabajadores y usuarios, refleja el abandono del Poder Judicial de Yucatán. Mientras los altos mandos presumen modernización y algunos magistrados disfrutan viajes al Mundial de Futbol, en distintos juzgados del estado no hay agua en los baños, falta personal, los salarios son insuficientes, las prestaciones se reducen y hasta los ciudadanos deben soportar instalaciones indignas para poder acceder a la justicia.

Las denuncias, que durante los últimos meses se han multiplicado, ya no provienen únicamente de Mérida. Ahora abarcan Progreso, Kanasín, Izamal, Ticul, Umán, Tekax y Valladolid, donde trabajadores aseguran que la magistrada presidenta Erika Torres López conoce de primera mano los problemas, pero hasta ahora las soluciones simplemente no llegan.

Uno de los casos que más indignación ha provocado ocurre en los juzgados de Progreso, donde algo tan elemental como disponer de agua potable para utilizar los sanitarios se convirtió en un problema permanente.

Trabajadores relatan que la bomba de agua se descompone constantemente y únicamente recibe reparaciones provisionales. Tan sólo durante el pasado mes de junio dejó de funcionar en dos ocasiones, provocando que el edificio permaneciera varios días sin suministro de agua.

La situación llegó al extremo de que empleadas y empleados tuvieron que salir durante su jornada laboral para utilizar los baños de una tienda OXXO cercana, pagando incluso por ese servicio, mientras otros optaban por aguantar durante horas, poniendo en riesgo su salud.

La molestia aumenta porque, afirman, las reparaciones tardan más en realizarse de lo que la bomba tarda en volver a descomponerse.

Lo más grave, sostienen, es que Erika Torres López visitó personalmente esas instalaciones durante sus encuentros denominados «pláticas con el pueblo» y fue informada directamente del problema.

Hasta la fecha, aseguran, absolutamente nada ha cambiado.

Las inconformidades no terminan en Progreso.

Personal de Izamal, Ticul, Umán, Tekax y Valladolid sostiene que durante las visitas realizadas por la magistrada presidenta también expusieron la urgente necesidad de contratar más personal, mejorar las condiciones laborales y atender los bajos salarios que desde hace años padecen cientos de trabajadores.

Sin embargo, afirman que las promesas quedaron únicamente en el discurso.

Los empleados aseguran que la reforma judicial no representó ningún beneficio para quienes sostienen diariamente el funcionamiento de juzgados y tribunales.

Por el contrario, señalan que ahora únicamente escuchan rumores sobre la desaparición de bonos y prestaciones, mientras observan cómo los magistrados mantienen intactos sus beneficios.

«Quieren quitarnos las pocas prestaciones que tenemos, pero nunca hablan de quitarles a ellos los apoyos para alimentos, gasolina, telefonía o vehículos oficiales con chofer», expresaron trabajadores consultados.

La indignación crece todavía más porque, mientras la base laboral enfrenta carencias, varios magistrados han sido exhibidos viajando al Mundial de Futbol en Estados Unidos, adelantando incluso sus vacaciones para asistir a los partidos.

Las denuncias contra el Poder Judicial no sólo involucran condiciones laborales.

En Kanasín, usuarios del Juzgado Cuarto Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial denunciaron que el inmueble donde se imparten procesos familiares opera entre suciedad, abandono y condiciones que consideran indignas para la ciudadanía.

Quienes acuden diariamente al juzgado describen una sala de espera donde perros permanecen constantemente dentro de las instalaciones, dejando pelos sobre las bancas y generando malos olores.

También reportan basura acumulada, pisos sin barrer, falta de mantenimiento y sanitarios prácticamente inservibles.

Según los denunciantes, la mayoría de los baños permanecen fuera de servicio y el único disponible presenta malos olores, falta de agua y ausencia de jabón, obligando a mujeres, adultos mayores y menores de edad a soportar condiciones que consideran humillantes.

Pero las críticas van mucho más allá de la infraestructura.

El juzgado se encuentra bajo la responsabilidad del juez Luis Fernando Dorantes Canché, quien enfrenta diversos señalamientos públicos relacionados con presuntas omisiones en procedimientos familiares y decisiones que, según denunciantes, habrían terminado favoreciendo a presuntos agresores.

Uno de los casos que mayor repercusión ha generado es el de Andrea Lizama, quien denunció públicamente que el juez habría incurrido en actuaciones que beneficiaron a su expareja, Celso «N», vinculado a proceso por presuntos delitos sexuales contra su hijastra.

De acuerdo con la denuncia, el juzgador no solicitó información relevante sobre los procesos penales abiertos contra el acusado, pese a que éste enfrenta medidas cautelares como el uso de un brazalete electrónico, además de antecedentes relacionados con amenazas y hechos de violencia familiar.

Andrea sostiene que durante años ha buscado justicia para proteger a sus hijas y acusa haber sido víctima de violencia institucional, al considerar que distintas autoridades encargadas de proteger a mujeres y menores han sido omisas frente a su situación.

A ello se suman versiones de usuarios y personas vinculadas a procedimientos familiares que aseguran haber escuchado señalamientos por presunto acoso sexual y otras conductas atribuidas al juez Luis Fernando Dorantes Canché.

Hasta el momento, no existe información pública sobre resoluciones definitivas o investigaciones concluidas respecto a dichos señalamientos.

Las denuncias actuales se suman a una larga lista de inconformidades que desde hace meses sacuden al Poder Judicial.

En mayo pasado, trabajadores denunciaron que el tradicional bono del Día de las Madres sufrió descuentos que jamás se habían aplicado, pese a que el Sistema de Estímulos y Recompensas establecía un apoyo de 965.50 pesos.

Al final, las trabajadoras recibieron únicamente entre 738 y 750 pesos, tras aplicarse el descuento correspondiente al ISR.

La decisión provocó una ola de inconformidad.

«Ni con los gobiernos panistas nos habían hecho esto«, reclamaron entonces diversas empleadas.

Los trabajadores también denunciaron un aumento salarial de apenas 3 por ciento, jornadas que se extienden hasta altas horas de la noche sin pago de horas extras, expedientes acumulados, falta de personal y salarios que consideran insuficientes frente al costo de vida.

Mientras tanto, cuestionan que la magistrada presidenta Erika Torres López mantiene percepciones cercanas a los 150 mil pesos mensuales, además de una estructura de altos funcionarios que conserva beneficios y privilegios.

La falta de personal continúa agravando el rezago judicial.

Empleados aseguran que muchos compañeros renuncian debido a las extensas jornadas, la presión constante y las escasas oportunidades de crecimiento, situación que termina afectando directamente la atención que recibe la ciudadanía.

Por ello, trabajadores hacen un llamado al gobernador Joaquín Díaz Mena para intervenir antes de que el deterioro institucional sea irreversible.

Aseguran que la prioridad debería ser fortalecer los juzgados, mejorar las condiciones laborales y garantizar instalaciones dignas, en lugar de permitir que continúen los privilegios para la alta burocracia judicial.

Porque mientras la cúpula del Poder Judicial viaja, mantiene beneficios y presume una supuesta transformación institucional, la realidad que describen trabajadores y ciudadanos es completamente distinta:

juzgados sin agua, edificios deteriorados, personal insuficiente, prestaciones reducidas, usuarios atendidos entre suciedad y jueces señalados por decisiones que, según las denuncias, terminarían favoreciendo a presuntos agresores.

Para muchos trabajadores, el verdadero colapso del Poder Judicial ya comenzó.

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