*Dependencias del gobierno estatal acumulan escándalos por contratos inflados, proveedores favorecidos, redes internas de corrupción y programas sociales convertidos en botín presupuestal

* La magnitud del deterioro institucional ha llegado a oídos de la presidenta Claudia Sheinbaum, y ante la creciente opacidad se han frenado el flujo de participaciones federales. El colpaso financiero

* Vivienda, salud, seguridad pública, desarrollo rural y protección civil aparecen una y otra vez como escenarios de presuntos desvíos, sobrecostos y negocios al amparo del poder.

Redacción/Sol Yucatán

Desde octubre de 2024, cuando Joaquín Díaz Mena asumió la gubernatura de Yucatán, el discurso de cambio y transformación comenzó a desmoronarse a una velocidad inédita. En menos de año y medio, dependencias clave del gobierno estatal acumularon escándalos por contratos inflados, proveedores favorecidos, redes internas de corrupción y programas sociales convertidos en botín presupuestal. Nunca antes, en un periodo tan corto, tantas áreas estratégicas habían quedado bajo sospecha simultáneamente.

Las investigaciones de Sol Yucatán, publicadas entre 2025 y los primeros meses de 2026, revelan un patrón que se repite con precisión alarmante: presupuestos históricos que no se reflejan en resultados, ampliaciones extraordinarias de recursos federales y estatales, adjudicaciones cuestionadas y estructuras administrativas que operan con una lógica de grupo. Vivienda, salud, seguridad pública, desarrollo rural y protección civil aparecen una y otra vez como escenarios de presuntos desvíos, sobrecostos y negocios al amparo del poder.

La magnitud del deterioro institucional ha llegado a oídos de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien está enterada del manejo financiero del estado y que, ante la creciente opacidad, se han frenado el flujo de participaciones federales. Aunque no existe un pronunciamiento público que confirme sanciones directas, el mensaje político es claro: la federación observa.

Este es un recuento documentado, dependencia por dependencia, contrato por contrato, cifra por cifra. Es la radiografía de cómo, desde octubre de 2024, el aparato estatal yucateco pasó de prometer eficiencia a acumular señalamientos de saqueo acelerado. ¿Cómo se pudo deteriorar tanto, en tan poco tiempo, la estructura pública de Yucatán?

El colapso financiero

Desde sus primeras semanas en el cargo, la administración de Joaquín Díaz Mena mostró señales de presión financiera. En noviembre de 2024, a poco más de un mes de haber iniciado el gobierno, se publicó la convocatoria para un financiamiento por más de 713 millones de pesos. Posteriormente, en diciembre de ese mismo año, se anunció la intención de contratar un nuevo crédito por 360 millones de pesos.

Más allá de la formalización final de los contratos, el mensaje fue claro: el nuevo gobierno buscaba liquidez inmediata. El planteamiento incluía comprometer hasta el 25% de las participaciones federales no etiquetadas como garantía de pago. La contradicción era evidente. Entre octubre y diciembre de 2024, Yucatán recibió más de 12 mil millones de pesos en participaciones federales y recaudación propia. Sin embargo, el discurso oficial insistía en que las finanzas estaban comprometidas y que era necesario recurrir a financiamiento adicional. Esa combinación —ingresos elevados y búsqueda acelerada de crédito— comenzó a perfilar lo que hoy varios observadores describen como un desorden estructural en el manejo del flujo financiero.

Un año después, en noviembre de 2025, se confirmó el golpe presupuestal más severo: Yucatán sufriría una reducción del 11.7% en recursos federales para el ejercicio 2026, equivalente a 8 mil 700 millones de pesos. Fue el mayor recorte proporcional del país.

Yucatán sufriría una reducción del 11.7% en recursos federales para el ejercicio 2026.

Mientras Campeche y Quintana Roo registraron incrementos, Yucatán quedó como la entidad más castigada de la Península. Oficialmente se trató de un ajuste dentro del paquete económico federal; políticamente, comenzó a leerse como consecuencia indirecta de observaciones financieras acumuladas.

La reducción no fue anunciada como sanción, pero sí se convirtió en una señal clara de tensión administrativa entre el gobierno estatal y la Federación encabezada por Claudia Sheinbaum.

Tierra convertida en negocio: invasiones, contratos y vivienda sin resultados

El año pasado, Sol Yucatán documentó un esquema de invasión, venta y promesa de regularización ilegal de terrenos vinculados al Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (IVEY). Las denuncias señalan la participación de personal de la dependencia y redes de intermediarios que comercializan lotes estatales sin autorización legal, particularmente en colonias del sur de Mérida como La Guadalupana, donde previamente se registraron desalojos violentos.

El esquema resulta altamente rentable. Una sola hectárea fraccionada en aproximadamente 70 lotes vendidos en 60 mil pesos puede generar ingresos cercanos a 4.2 millones de pesos. De acuerdo con datos internos, en el sur y surponiente de Mérida existen al menos 50 asentamientos irregulares que operarían bajo dinámicas similares..

El señalamiento alcanza al director del instituto, Felipe Cervera Hernández, a quien diversas fuentes atribuyen conocimiento de las operaciones sin que hasta ahora se hayan transparentado acciones contundentes para frenarlas. Además, en julio de 2025 surgieron acusaciones contra la directora técnica, Gabriela Alarcón Méndez, por presuntamente asesorar ocupaciones irregulares y manipular procesos de regularización en colonias como Emiliano Zapata Sur 3 y Caucel.

Felipe Cervera Hernández, director del IVEY

En julio de 2025 surgieron acusaciones contra la directora técnica, Gabriela Alarcón Méndez, por manipular procesos de regularización en colonias como Emiliano Zapata Sur 3 y Caucel.

Meses después, el 15 de enero de 2026, nuevos reportes revelaron que, en el primer año y tres meses de la administración estatal encabezada por Joaquín Díaz Mena, el IVEY favoreció a constructores vinculados al programa de mejoramiento de vivienda con contratos que superan los 200 millones de pesos. Ese mismo periodo registró un ejercicio presupuestal de 670 millones 648 mil pesos, mientras los indicadores de pobreza de vivienda permanecieron prácticamente sin variación respecto a 2023, con cerca de 298 mil personas en rezago habitacional.

El IVEY favoreció a constructores vinculados al programa de mejoramiento de vivienda con contratos que superan los 200 mdp.

El contraste es contundente: millonarios contratos y presunta comercialización irregular de tierras estatales conviven con un déficit estructural de vivienda que no disminuye. El IVEY no solo enfrenta acusaciones de despojo y sobrecostos, sino que se ha convertido en uno de los focos más sensibles del deterioro institucional desde octubre de 2024, al combinar opacidad en la tierra pública con concentración de presupuesto en pocos beneficiarios.

Presupuesto histórico, campo abandonado

A inicios de este año, se expuso que la Secretaría de Desarrollo Rural de Yucatán (SEDER) ejerció en 2025 un presupuesto histórico de 639 millones 322 mil 250 pesos, sin que ese monto se reflejara en mejoras estructurales para las más de 81 mil personas que, según el INEGI, dependen directamente de actividades agrícolas, ganaderas, apícolas y pesqueras en el estado. La narrativa oficial habla de inversión récord; la percepción en el campo apunta a estancamiento.

Durante la administración encabezada por Joaquín Díaz Mena, la política rural se ha centrado en la entrega de herramientas, tecnificación parcial y habilitación de caminos saca cosechas. Tan solo en este último rubro, el propio Ejecutivo informó una inversión de 100 millones de pesos en 2025. Sin embargo, los señalamientos apuntan a sobrecostos y presunta asignación de obras a allegados políticos, lo que convierte la infraestructura rural en otro foco de cuestionamiento presupuestal.

La incapacidad operativa quedó evidenciada con el manejo del brote del gusano barrenador. Pese a la alerta sanitaria nacional, el problema escaló hasta convertirse en una crisis que afectó no solo al ganado, sino también a animales domésticos y, según reportes, a personas. El episodio exhibió fallas de prevención, coordinación y reacción institucional.

A quince meses de gobierno, la conducción de la política rural bajo Edgardo Medina Rodríguez es señalada por falta de resultados estructurales y por privilegiar esquemas de distribución con alta discrecionalidad. Mientras el discurso oficial insiste en que el campo vive su mejor momento, los indicadores productivos y sanitarios muestran un sector vulnerable, dependiente de subsidios y sin una estrategia integral de largo plazo, profundizando la narrativa de debilitamiento institucional iniciada en 2024.

Edgardo Medina Rodríguez, titular de la SEDER

Seguridad con recursos récord

A mediados del año pasado se informó que Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán (SSP) recibiría 765 millones de pesos adicionales provenientes de tres fondos federales, cifra que se suma a su presupuesto estatal superior a los 4 mil millones de pesos para ese ejercicio. El anuncio se realizó en el marco del Consejo Estatal de Seguridad Pública, en medio de un contexto donde la percepción de inseguridad comenzaba a tensionar el discurso oficial.

Los recursos provienen del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), del Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública (FOFISP) y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). De acuerdo con la planeación oficial, el dinero estaría destinado a capacitación policial, modernización de videovigilancia, infraestructura, equipamiento y fortalecimiento institucional en municipios con mayor grado de marginación.

La dependencia es encabezada por el comandante Luis Felipe Saidén Ojeda, figura histórica en la estructura de seguridad estatal. Sin embargo, los señalamientos apuntan a que parte de estos recursos extraordinarios podría terminar en empresas vinculadas a familiares y allegados de altos mandos, mediante la prestación de bienes y servicios con presuntos sobrecostos.

El contraste vuelve a ser estructural: mientras la federación canaliza recursos récord para fortalecer capacidades institucionales, persisten dudas sobre los mecanismos de adjudicación y vigilancia del gasto. En un escenario donde la delincuencia muestra signos de expansión, la correcta aplicación de estos 765 millones de pesos no solo es un asunto presupuestal, sino un punto crítico en la narrativa de confianza —o deterioro— institucional desde 2024.

Salud entre contratos millonarios y hospitales en crisis

Apenas este mes de febrero, Sol Yucatán documentó que la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) habría destinado al menos 317 millones de pesos en 2025 a la empresa Suministros y Aplicaciones de México S.A. de C.V. por servicios de fumigación y renta de vehículos. Tan solo por el arrendamiento de 10 camionetas, la dependencia pagó 40 millones 915 mil 815 pesos, es decir, más de 4 millones de pesos por unidad, monto con el que se habrían podido adquirir varios vehículos nuevos en propiedad.

El contrato principal, identificado como LP/SSY/04/25/C1, fue firmado el 17 de julio de 2025 por la titular de la dependencia, Judith Ortega Canto, y estableció un monto de 187 millones 500 mil pesos por servicios de fumigación entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de ese año. A ello se suman facturas adicionales, lo que eleva el total otorgado a la empresa durante 2025 a por lo menos 317 millones de pesos, en medio de cuestionamientos por presuntos sobrecostos.

Llama la atención que la empresa fue constituida en 2008, durante la administración de Ivonne Ortega Pacheco, y que, según registros públicos, no presentaba contratos visibles en la Plataforma Nacional de Transparencia hasta finales de 2024, ya con el actual gobierno en funciones. En abril de 2025 se modificó su acta constitutiva para otorgar poder legal a un nuevo representante, quien aparece firmando los contratos con la SSY.

El escándalo ocurre en un contexto de crisis operativa. En noviembre de 2025, la dependencia destinó más de 6 millones de pesos a la organización de un evento nacional con servicios integrales de banquete, hospedaje y logística, lo que profundizó la percepción de prioridades invertidas.

La Secretaría de Salud se ha convertido en uno de los focos más sensibles de desgaste institucional: contratos de alto monto, proveedores cuestionados y servicios deteriorados convergen en una narrativa donde el problema no es solo financiero, sino de confianza pública. En salud, cada peso mal aplicado tiene consecuencias directas en la legitimidad del Estado.

La SSY destinó más de 6 millones de pesos a la organización de un evento nacional, lo que profundizó la percepción de prioridades invertidas.

Protección civil en venta: extorsión, cuotas y tragedia

Una presunta operación de una red de corrupción en la Coordinación Estatal de Protección Civil de Yucatán (Procivy), apenas 125 días después del inicio de la actual administración estatal. De acuerdo con denuncias, funcionarios de la dependencia, en presunta coordinación con personal de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Secretaría de Salud, habrían montado un esquema de extorsión dirigido a propietarios de bares, restaurantes y negocios del giro de espectáculos.

El mecanismo gira en torno a la venta irregular de planes internos de protección civil, documentos obligatorios para operar legalmente. Según testimonios, cada plan se comercializa entre 15 mil y 30 mil pesos, y se autorizan en promedio 50 al mes. Esto implicaría ingresos mensuales de entre 750 mil y 1.5 millones de pesos, es decir, entre 9 y 18 millones de pesos anuales, considerando además que los planes deben renovarse cada año. La acusación central es que no existiría verificación técnica real de condiciones de seguridad, lo que pondría en riesgo a la población.

La dependencia es encabezada por Hernán Hernández Rodríguez, cuyo nombramiento fue señalado como cuota política. Las versiones indican que el esquema habría continuado desde la administración anterior, vinculando a exfuncionarios como Enrique Alcocer Basto y a mandos operativos que habrían mantenido intacta la estructura interna. Pese a denuncias públicas de empresarios, no se reportaron investigaciones internas concluyentes.

Procivy se suma a una serie de dependencias bajo escrutinio por presuntos esquemas de discrecionalidad y continuidad de prácticas heredadas. Cuando la protección civil se convierte en un negocio administrativo y no en un sistema técnico de prevención, el costo no es solo financiero: es directamente humano.

Hernán Hernández Rodríguez

El deporte como negocio de escritorio

El 27 de mayo de 2025, el Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY) adjudicó el contrato IDEY-034-2025 por $7,275,520 pesos a la empresa Salute Sport S.C.P. para brindar supuestos servicios integrales de medicina deportiva durante 32 semanas. El convenio fue firmado por el titular del instituto, Mauro Armin Lizama Córdova, bajo el argumento de fortalecer la atención médica a los atletas yucatecos.

Mauro Armin Lizama Córdova, titular del IDEY.

Sin embargo, la empresa beneficiada carece de antecedentes en medicina deportiva, no cuenta con licencia sanitaria ni aviso de funcionamiento ante COFEPRIS, y no aparece en registros públicos como prestadora de servicios médicos especializados. Su domicilio fiscal corresponde a una vivienda particular en el centro de Mérida, sin infraestructura clínica visible, lo que contrasta con el volumen de atención médica que el contrato presume cubrir.

El procedimiento también presenta opacidad: aunque se señala que derivó de la licitación pública IDEY-MEDICINADEPORTIVA-01-2025, en los portales de transparencia no se localizan dictámenes técnicos ni actas que detallen la evaluación de propuestas competidoras. El contrato, además, permite ampliar el monto máximo sin exigencias claras de verificación técnica.

El caso del IDEY refleja un patrón preocupante: mientras las instalaciones deportivas estatales enfrentan carencias visibles, millones de pesos se canalizan a esquemas de “servicios integrales” operados por proveedores sin trayectoria comprobable. No es solo un contrato cuestionable; es parte de un modelo que privilegia la discrecionalidad sobre la transparencia.

Educación convertida en negocio: 16 mil millones bajo sospecha

Si hay una dependencia donde el dinero fluye como río crecido en temporada de huracanes, esa es la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY), encabezada por Juan Balam Várguez.

Con un presupuesto histórico que asciende a 16 mil 290 millones de pesos, equivalente a casi el 25% del gasto total del Estado, la dependencia se ha convertido en el mayor centro de poder financiero del gabinete de Joaquín Díaz Mena. Para dimensionar la magnitud: maneja 2.5 veces más recursos que la Secretaría de Salud, cuatro veces más que la Secretaría de Seguridad Pública y triplica el presupuesto del Ayuntamiento de Mérida.

Pero lejos de reflejarse en mejoras académicas, infraestructura o reducción del rezago, el dinero ha sido opacado por escándalos de corrupción, venta de plazas, nepotismo y protección de redes internas.

Por otro lado, docentes y agrupaciones como Secundarias Unidas de Yucatán (Secuny) han denunciado públicamente que en la SEGEY se instauró un sistema de venta de plazas docentes y promociones, donde cada base puede alcanzar los 200 mil pesos.

Los señalamientos apuntan directamente a Juan Balam y a su círculo cercano, particularmente a Elvira Martínez Guzmán, directora del Centro de Evaluación Educativa del Estado de Yucatán (CEEEY), señalada de operar despidos injustificados, obligar a firmar renuncias forzadas y sembrar temor institucional.

Martínez Guzmán no solo percibe su salario como funcionaria de tiempo completo, sino que además figura con plaza activa como maestra de telesecundaria con ingresos superiores a 37 mil pesos mensuales, más compensaciones adicionales de 35 mil pesos.

En febrero de 2026 se dio a conocer el contrato SAF/SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y ESCANEO/01/2025, C.04-SEGEY, mediante el cual la dependencia comprometió hasta 3 millones 600 mil pesos en un esquema abierto para servicios de impresión y tóner, sin incluir el papel.

Mientras el gobierno destina millones a este concepto, padres de familia continúan pagando de su bolsillo las resmas para que los alumnos puedan imprimir exámenes y guías. El proveedor, Juan Gerardo Alcocer Pech —con presencia reiterada en contratos similares— consolida así un modelo de gasto corriente millonario con escaso escrutinio público y sin claridad sobre el destino o impacto pedagógico de las impresiones.

El pulso del asfalto

Si la Secretaría de Educación concentra el presupuesto, el Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (INCAY) concentra el asfalto. Y quien controla el asfalto, controla la obra pública.

En 2025, el INCAY adjudicó cuatro contratos consecutivos a la empresa ASFALSUR, S.A. de C.V., vinculada en medios y registros administrativos al empresario Mario Millet Encalada. La suma total: 9 millones 145 mil 440 pesos, IVA incluido.

Los contratos —GE-INCAY-ADQ-LP-JUR-020-2025, 021-2025, 022-2025 y 023-2025— fueron firmados por el director general del instituto, Ángel Antonio Pérez Medrano, y todos comparten una característica reveladora: misma ventana de ejecución (14 de julio al 7 de diciembre de 2025), mismo proveedor y fragmentación del programa de suministro.

Los montos son claros:

• 020-2025: $3,712,000
• 021-2025: $3,340,800
• 022-2025: $631,040
• 023-2025: $1,461,600

Cuatro piezas que juntas conforman un solo paquete de insumos para la “Reconstrucción y Conservación de Carreteras de la Red Estatal”.

El patrón administrativo no es ilegal por sí mismo, pero sí políticamente delicado: dividir un mismo programa en contratos separados reduce la visibilidad del monto real y multiplica anticipos.

Tres de los cuatro contratos incluyeron anticipos del 30%. Es decir, el Estado adelantó millones de pesos a un solo proveedor para garantizar suministros futuros.

En términos prácticos, ASFALSUR no solo vendió asfalto: capturó el suministro completo. Concreto asfáltico en caliente, mezcla en frío, material pétreo premezclado y emulsión asfáltica. Todo el abanico crítico quedó en manos de una sola empresa.

Formalmente, el director es Ángel Pérez Medrano. Sin embargo, en la conversación política y empresarial, el nombre que se repite es el de Mario Millet Encalada.

No existe una resolución judicial que lo nombre operador del instituto, pero la acumulación de contratos, la sincronía de plazos y la concentración de anticipos sostienen la percepción pública de que el verdadero control del asfalto no pasa por la oficina del funcionario que firma, sino por el empresario que factura.

SAF, la caja fuerte sin candado

La Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), encabezada por Juan Gabriel Sánchez Álvarez, se ha colocado en el centro de los movimientos financieros más cuestionados del actual gobierno: adjudicaciones directas, contratos inflados y falta de transparencia en el manejo de recursos públicos.

Entre los casos señalados está un contrato por más de 18 millones de pesos para proteger supuestamente 10 mil equipos de cómputo con tecnología antivirus, cifra para la cual no existe inventario público que la respalde. La adjudicación fue directa y benefició a una empresa de reciente creación y bajo capital inicial, sin historial visible en proyectos de esa magnitud.

También destaca la ampliación del Puerto de Altura de Progreso, cuyo fideicomiso heredado por más de 3 mil millones de pesos quedó en ceros mientras el costo de la obra se disparó de 3 mil 700 millones a 12 mil 500 millones en dos años, acompañado de un incremento en la deuda estatal.

A ello se suma un contrato por 115 millones de pesos para asegurar la vida de más de 15 mil funcionarios, otorgado a una aseguradora con antecedentes de reclamaciones y que fue eximida de presentar garantía de cumplimiento. En conjunto, los casos apuntan a un patrón de decisiones financieras de alto monto, bajo escrutinio y con escasas explicaciones públicas.

Miscelánea financiera

Mientras la Secretaría de Administración y Finanzas concentra las decisiones clave del gasto estatal, otras dependencias exhiben un patrón similar: sobreejercicios millonarios, incrementos presupuestales cuestionables y opacidad en el manejo de recursos.

En el caso de Comunicación Social, el Congreso aprobó para 2025 un presupuesto de 153 millones 131 mil 877 pesos. Sin embargo, la dependencia terminó ejerciendo 279 millones 589 mil 769 pesos, es decir, un sobregiro de 126 millones 457 mil 892 pesos, equivalente a un 82% más de lo autorizado.

La oficina, primero encabezada por Wendy Aguayo Romero y actualmente por Joaquín Ocampo Jiménez, no ha explicado públicamente el destino detallado del excedente. El diputado Javier Osante Solís denunció que desde hace más de 40 días solicitaron información oficial sobre el sobre ejercicio y no han recibido respuesta. Gran parte del gasto, según señaló, se habría destinado a la promoción masiva del llamado “Renacimiento Maya”.

El sobregiro no se limita a publicidad. En el rubro de Licencias Informáticas e Intelectuales, el Congreso aprobó apenas 1 millón 236 mil pesos, pero hasta septiembre ya se habían ejercido 59 millones 721 mil 889 pesos, lo que representa un excedente de 58 millones, equivalente a un incremento de 4,830%. La magnitud del desfase apunta a un posible desvío que tendría que ser revisado por la Auditoría Superior del Estado.

Paralelamente, el paquete fiscal 2026 contempla incrementos significativos para dependencias señaladas por presuntos manejos irregulares. La Secretaría de Educación, encabezada por Juan Balam Várguez, pasará de 15.2 mil millones a 17.7 mil millones de pesos. La Agencia de Transporte de Yucatán también recibirá 70 millones adicionales.

La Agencia de Energía de Yucatán, encabezada por Pablo Gamboa Miner, aumentará de 19.5 millones a 32.5 millones de pesos, pese a que no genera ingresos propios para el Estado. El DIF Estatal también obtuvo un incremento cercano a los 150 millones de pesos.

La constante no es solo el monto del dinero comprometido, sino la repetición del esquema.

Dependencias distintas, mismo patrón.

El deterioro no es únicamente administrativo: es político e institucional. Cuando los recursos públicos dejan de traducirse en servicios efectivos, la confianza se erosiona. Cuando las denuncias no generan investigaciones profundas ni sanciones visibles, la percepción de impunidad se consolida. Y cuando el desgaste trasciende lo local y llega a oídos de la presidenta Claudia Sheinbaum, el problema deja de ser estatal para convertirse en asunto nacional.

Este recuento no cierra el expediente; lo abre. Porque lo documentado hasta ahora dibuja una tendencia preocupante: en menos de año y medio, Yucatán pasó de presumir estabilidad institucional a acumular señalamientos de manejo discrecional y expansión presupuestal sin controles claros bajo la administración de Joaquín Díaz Mena.

Lo que está en juego no es un discurso político, sino la integridad del aparato público y la confianza de la ciudadanía. Y esa, cuando se pierde, no se recupera con informes ni con cifras oficiales, sino con transparencia real, auditorías profundas y responsabilidades claras.