¡Robo a la nación!

• El alcalde morenista de Celestún, Jesús Germán Cauich Pinto, y la inmobiliaria Safebuild están haciendo una fortuna con la fraudulenta legalización y doble venta de lotes de tierras propiedad de la nación.

• El alcalde, en 19 meses, ha logrado amasar una gran fortuna en propiedades en Kinchil, Umán, Mérida y engrosar sus cuentas que tiene en dos instituciones bancarias. 300 constancias en un día.

• Prestadores de servicios acusan una persecución a quien se niegue a pagar un moche por cada servicio al Ayuntamiento para dejarlos trabajar tranquilos.

Redacción/Sol Yucatán

El alcalde de Celestún, Jesús Germán Cauich Pinto, junto con un reducido grupo de colaboradores, está haciendo una verdadera fortuna con los terrenos propiedad de la nación.

El edil en 19 meses ha logrado amasar una gran fortuna en propiedades en Kinchil, Umán y Mérida y engrosar sus cuentas que tiene en dos instituciones bancarias.

El edil llegó a la alcaldía de la mano de Morena, con la bandera de la honestidad, prometiendo el fin de la corrupción y enjuiciando a los exalcaldes corruptos, sin embargo, en sus primeros 19 meses de gobierno es mucho peor.

“Tano” Cauich se perfila para convertirse en uno de los peores alcaldes, superando a sus asesores Leonel Rosado Mena y Rosa Acosta Narváez.

No solo tiene al municipio al borde del colapso con graves deficiencias en el servicio de agua potable, seguridad y calles en mal estado.

Además, prestadores de servicios acusan una persecución para quien se niegue a pagar un moche por cada servicio al Ayuntamiento para dejarlos trabajar tranquilos.

Sin embargo, el edil morenista detectó que la venta y falsa legalización de terrenos es una verdadera mina de oro que le ha dado a ganar millones de pesos de manera fácil.

Una investigación de Sol Yucatán reveló en exclusiva que el alcalde Germán Cauich Pinto y la inmobiliaria Safebuild construyeron una estafa piramidal con el potencial de dañar el futuro de Celestún como sitio turístico, como reserva natural y como parte del estado de Yucatán, donde se supone debe imperar el estado de derecho.

En contubernio con la inmobiliaria, el alcalde alentó a los mismos vecinos de Celestún a ocupar ilegalmente predios de la reserva federal y terrenos de propiedad privada, quemar la zona forestal y literalmente tomar control de esa zona de Celestún, incluyendo el tramo norte de la calle 12, que ahora es patrullada por ciudadanos a bordo de motocicletas y que impiden el paso a las personas mediante retenes ilegales puestos a menos de cien metros de una base del Ejército Mexicano.

Los terrenos son zona federal protegida por leyes federales o bien tienen propietarios legítimos, de modo que constituye un delito ocuparlos.

Pero esa ocupación es apenas el inicio de la estafa oficial, porque el alcalde les entrega a los invasores constancias de ocupación, que no tienen ninguna validez legal, configurando un fraude, estafa y robo, debido a que por ley, ni él ni ningún ayuntamiento puede entregar documentos que avalen la propiedad de bienes de la nación.

Según la ley, para adquirir el derecho de posesión tienen que transcurrir 5 años en ese carácter y luego promover un juicio para que una autoridad judicial reconozca tal carácter y al final se pueda obtener la escritura a tu nombre.

La única constancia que un ayuntamiento puede entregar es la constancia de vecindad, no de posesión.

A cambio, el alcalde estaría cobrando alguna tarifa por ese documento, sin pasar por el Cabildo, que es la máxima autoridad en el municipio, ni por el área de tesorería municipal.

Se sospecha que el alcalde ya entregó unas 800 constancias de posesión.

De acuerdo con fuentes de Palacio Municipal, en un solo día se emitieron 300 de estos documentos.

Una vez con este documento a todas luces ilegal, los presuntos nuevos dueños venden la «propiedad» a la inmobiliaria, que en el papel hace las cotizaciones y luego procede a venderlos como lotes de desarrollo del anunciado club de playa Duku en pagos mensuales a cinco años.

Clientes de buena fe, creyendo que se trata de propiedades legítimas, y por los bajos costos y el atractivo del municipio como imán turístico, caen en el engaño y comienzan a pagar una propiedad que nunca será parte de su patrimonio, ya que es un total fraude.

En todo caso, si se tratara de terrenos propiedad del Ayuntamiento de Celestún, este podría realizar adjudicaciones a título oneroso o gratuito previo los trámites de rigor, lo que no es el caso.

La propia inmobiliaria utiliza a los mismos invasores como agentes de ventas y ya hay denuncias en el sentido de que la inmobiliaria está vendiendo más de una vez los mismos lotes, pues la venta sigue y sigue y los lotes parecen no acabarse nunca. Como se presentan como desarrollo, a los clientes se les informa que aún no los pueden ocupar.

De acuerdo con las investigaciones, el parador turístico del Patronato Cultur, que depende del Gobierno del Estado, es uno de los sitios utilizados por la inmobiliaria para vender esos terrenos.

El parador de Cultur es el sitio de donde salen las lanchas para visitar los humedales, de modo que se les ve a los visitantes como potenciales clientes, muchos de ellos de origen extranjero y gente de otras partes del país, que ven una oportunidad de adquirir una propiedad a bajo costo, son el blanco perfecto, debido a que desconocen la situación real de esos predios.

El comercio ilegal de terrenos afecta el área natural protegida, ya que se han registrado casos de tala ilegal en la zona.

La Reserva de la Biosfera Ría Celestún es un ecosistema único de humedales y manglares y hábitat de aves y especies de fauna y flora endémicas en Yucatán y aves migratorias que llegan desde otros países, y se encuentra protegida por leyes federales e incluso internacionales. De hecho, Celestún es famoso por ser el principal lugar de anidación y alimentación del flamenco rosa.

Desde su llegada al cargo hace año y medio, el alcalde Germán Cauich Pinto, de extracción morenista, alentó y permitió la invasión de terrenos y la tala y quema de mangle en una zona forestal de 12 km de longitud que va del puerto de Celestún al punto llamado Xixim, con el objetivo de establecer un supuesto club de playa, que en realidad es una estafa tipo piramidal.

Aunque los daños al manglar son del conocimiento público y ya se interpusieron varias denuncias, ni las autoridades estatales ni las federales han tomado cartas en el asunto, para preocupación de los vecinos, lo que hace temer un presunto contubernio que involucre a otras instancias de gobierno, tanto estatal como federal, como el Patronato Cultur y hasta la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT).

Ni la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado ni la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) del gobierno federal, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) ni la Fiscalía General de la República (FGR) han tomado cartas en el asunto.

De acuerdo con el Código Penal Federal, la sanción para quien tale, queme, destruya flora o fauna y/o cambie el uso de suelo es una sanción de 6 meses a 9 años de prisión, además de las multas económicas y otras sanciones.

Sin embargo, los particulares ya iniciaron las denuncias penales correspondientes y se espera que en breve empiecen a actuar las autoridades federales, pues Celestún es zona federal.