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Regaló a empresarios mil hectáreas
- El Gobierno Federal adquirió más de mil 100 hectáreas de tierras en varios puntos de Yucatán, pero la propiedad luego las puso en manos de empresarios particulares, dueños de empresas inmobiliarias. El valor comercial estimado de esas superficies alcanzaría 3 mil 339 MDP.
- Entre los empresarios beneficiados bajo este esquema se encuentra Pedro Espadas Cervantes, ex pareja de Angélica Araujo Lara, empresas de Ricardo Mañé Lara, y Yucasa, empresa vinculada a la familia Lago-Molina. Finalmente, el beneficio es nulo para el ciudadano.
- Uno de los puntos más delicados está en los municipios. Cuando los ayuntamientos no contaban con predios que cumplieran con los requisitos, tuvieron que adquirir terrenos con recursos públicos, para ponerlos a disposición del gobierno, quien a su vez lo entregó a un particular.
Redacción/Unidad de Investigación Sol Yucatán
El programa Vivienda para el Bienestar, impulsado por el Gobierno Federal en coordinación con el Gobierno de Yucatán, sin lugar a dudas, representa una de las mayores apuestas sociales en materia habitacional de los últimos años.
La construcción proyectada de 72 mil 770 viviendas podría significar una oportunidad histórica para miles de familias yucatecas, tanto para derechohabientes del Infonavit y Fovissste como para personas que actualmente no cuentan con prestaciones que les permitan acceder a un crédito hipotecario.
Sin embargo, detrás del beneficio social existe escondido un multimillonario negocio a través de las tierras.
De acuerdo con investigaciones de Sol Yucatán, el Gobierno Federal habría adquirido, mediante operaciones comerciales o donaciones, alrededor de mil 113 hectáreas destinadas al desarrollo de los proyectos habitacionales.
El valor comercial estimado de esas superficies de terrenos alcanzaría aproximadamente 3 mil 339 millones de pesos.
Las tierras adquiridas por el Infonavit, Fovissste o Conavi son destinadas a los desarrollos habitacionales y posteriormente entregadas, para que empresas desarrolladoras construyan los conjuntos habitacionales.
De esta manera, un terreno que originalmente era propiedad del municipio o estado o que se adquirió con recursos públicos sacrificando algún apoyo social o programa, termina incorporado a los bienes de una empresa inmobiliaria.
La empresa recibe un doble beneficio, es decir, terreno y contrato público para la edificación de vivienda que luego será comercializada a través del esquema de crédito hipotecario, es decir, es nulo el beneficio para la ciudadanía.
En otras palabras, el gobierno pone el terreno, las instituciones canalizan el programa y una empresa privada desarrolla y comercializa las viviendas.
El cuestionamiento no está en la construcción de las casas, cuyo beneficio social resulta innegable, sino en determinar quién termina beneficiándose patrimonialmente de las enormes superficies de tierra que fueron adquiridas, subsidiadas o donadas para hacer posible el programa.
Uno de los puntos más delicados está en los municipios.
Entre las condiciones establecidas por la federación para participar en el programa, se encontraba la disponibilidad de terrenos con determinadas características para la construcción de vivienda, es decir, terrenos de al menos una hectárea con facilidades para su urbanización.
Cuando los ayuntamientos no contaban con predios que cumplieran con los requisitos, tuvieron que adquirir terrenos con recursos públicos, para posteriormente ponerlos a disposición del proyecto federal, quien a su vez lo entregó a un particular.
Según la información recabada, los municipios aportaron en conjunto alrededor de 153 hectáreas para la construcción de aproximadamente 10 mil viviendas de Conavi.
Pero una vez que esos terrenos son incorporados al esquema de desarrollo, la superficie deja de estar bajo el control patrimonial del Ayuntamiento y pasa a formar parte del proyecto inmobiliario desarrollado por particulares.
Uno de los casos que merece especial atención es el de Yucasa, empresa vinculada a la familia Lago-Molina, que encabeza David Lugo Ancona.
De acuerdo con documentación e investigaciones realizadas por Sol Yucatán, el Infonavit adquirió a Lamol, firma perteneciente al mismo grupo inmobiliario, un predio por aproximadamente 267.5 millones de pesos.
Posteriormente, el terreno fue destinado al desarrollo habitacional de Yucasa S.A. de C.V., donde actualmente se construye el fraccionamiento Punta Eco Cruz, en Umán.
Otro caso es la donación de un terreno de 50 hectáreas en Ucú, por parte del Gobierno del Estado.
El actual gobierno echó mano de la propiedad valuada en 600 millones de pesos, sin embargo, las tierras no formaban parte de la reserva territorial del estado, sino del Fideicomiso Público para la Administración de la Reserva Territorial de Ucú (Fidartu), que son propiedad del Isstey.
El gobierno de Rolando Zapata Bello entregó las tierras al Isstey para cubrir parte del boquete financiero que dejó en cuotas no pagadas durante el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco.
Esas tierras ya son propiedad de empresas constructoras que están edificando Ciudad Ucú.
Entre los empresarios señalados por beneficiarse bajo este esquema se encuentra Pedro Espadas Cervantes, ex pareja de la ex senadora priísta Angélica Araujo Lara, así como las empresas de Ricardo Mañé Lara.
