REFORMAS QUE BOTARON

*Incremento de cotizaciones para obtener una pensión

*El artículo que establecía el llamado “salario regulador”

* La disminución gradual en el porcentaje de la pensión por fallecimiento

* El retiro de la pensión de viudez por modificación del estado civil

*Los sindicalizados que se quieran jubilar lo harán con la antigua ley

SUPREMA CORTE APUNTA A VILA

* La Suprema Corte declaró inconstitucional y dejará sin efectos varias disposiciones contenidas en la polémica Ley del Isstey, la cual afecta a miles de trabajadores al servicio del estado.

*Es el segundo revés que sufre la Ley del Isstey, debido a que antes el Sindicato Progresista, obtuvo la protección del amparo 2022/2022 dictado por el Juzgado Tercero de Distrito

*El Gobierno ha obtenido 9 mil millones de pesos por concepto de ingresos del Instituto, la mayoría por los remates de propiedades, beneficiando a amigos del Gobernador, debido a que se venden a precios por debajo del costo real.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó como inconstitucional y violatoria de los derechos humanos la famosa Ley del Isstey, promulgada por el Gobierno de Mauricio Vila Dosal, que afecta a miles de trabajadores en activo y en vísperas de jubilarse.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional y dejará sin efectos varias disposiciones contenidas en la polémica Ley del Isstey, la cual afecta a miles de trabajadores al servicio del estado.

El Pleno de la máxima tribuna de impartición de justicia invalidó diversas disposiciones del Decreto 532/2022, por el que se expidió la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, publicado el 21 de julio de 2022.

Los ministros de justicia dejaron sin efecto el incremento del periodo de cotizaciones necesarias para tener derecho a una pensión, es decir, establecía como la edad mínima para retirarse los 65 años, sin tomar en consideración la antigüedad laboral y semanas cotizadas.

Desecharon el artículo que establecía el llamado “salario regulador”, como base. 

La disminución gradual en el porcentaje de la pensión por fallecimiento, por lo que esa situación es menos favorecedora para las personas beneficiarias de esa prestación.

El retiro de la pensión de viudez por modificación del estado civil de la persona beneficiaria implica un trato diferenciado injustificado en perjuicio del ejercicio del derecho a la seguridad social. 

Además, constituye una restricción al derecho de protección a la familia y al libre desarrollo de la personalidad.

El asunto fue promovido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, demandando la invalidez de diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del mencionado Estado, publicada en el Periódico Oficial de esa entidad el 21 de julio de 2022, mediante Decreto 532/2022.

El ponente de la tesis fue el ministro Alberto Pérez Dayán, quien determinó que la Ley del Isstey, viola los derechos humanos y las garantías de los trabajadores que laboran para el Estado.

Es el segundo revés que sufre la Ley del Isstey, debido a que antes el Sindicato Progresista, obtuvo la protección del amparo 2022/2022 dictado por el Juzgado Tercero de Distrito, en el sentido de que no se les aplicará el salario regulador para sus pensiones y jubilaciones, figura que fue establecida en la nueva Ley del Isstey y que afectaba considerablemente sus derechos laborales. 

De acuerdo con la resolución del juzgado, se ampara y protege a los servidores judiciales de dicho sindicato contra actos del Gobernador de Yucatán, el Congreso del Estado, la Secretaria General del Gobierno y el Director del Diario Oficial del Gobierno. 

Cabe mencionar que la mencionada Ley del Isstey establece el salario regulador como el equivalente al 85% del promedio de los salarios de cotización que percibió el trabajador durante los últimos 20 años de su vida activa.

Es decir, era muy desventajosa para los trabajadores a la hora de solicitar su jubilación, debido a que no es el mismo salario con el que inició su vida laboral al que concluye.

Además, de ese promedio solo se le dará el 85 por ciento y no el 100% como estipulaba la antigua ley de retiro.

Sin embargo, el Juzgado Tercero determinó que dicho acto no aplique a los agremiados del Sindicato Progresista, al declarar esa disposición como inconstitucional. 

La secretaria general del Sindicato, Luisa Inés Martín Puc, explicó que el amparo es un importante triunfo en la lucha por los derechos laborales y que esa protección beneficiará a 399 trabajadores. 

En ese sentido, recalcó que su sindicato fue el único del Poder Judicial de Yucatán, del Gobierno del Estado y del Congreso Local que promovió este recurso colectivo para defender a la clase trabajadora. 

Es decir, los sindicalizados que se quieran jubilar lo harán con la antigua ley en la cual se promediaban los salarios de los dos últimos años laborales.

Asimismo, abre la brecha para que más empleados del Gobierno Estatal puedan recurrir al amparo y gozar de los beneficios.

La ley del Isstey fue promovida por el actual Gobierno Estatal, como una forma de rescatar al Instituto de la quiebra, sin embargo, afectó a la base trabajadora.

Sin embargo, por acuerdos políticos, el Gobierno del Estado no promovió recursos legales contra los verdaderos culpables de la quiebra al robarse los recursos, como son Ivonne Ortega Pacheco y Rolando Zapata Bello, ahora ambos gozarán de fuero al quedar como diputada federal y senador, respectivamente.

Para revertir la quiebra, el Gobierno Estatal decidió ampliar los años de servicio, reducir las jubilaciones, aumentar las cuotas patronales y rematar los bienes del Instituto.

El Gobierno asegura que el Isstey está quebrado, sin embargo, en los dos últimos años ha obtenido más de 9 mil millones de pesos, cuatro veces más de lo que genera la SSP por multas, expedición de licencias, derechos y emplacamiento.

Al menos 20 propiedades están en riesgo de venderse, dos inmuebles del centro y terrenos en Ucú ya estarían apalabrados, para este año el gobierno presupuesto un ingreso de 3 mil 95 millones entre venta de propiedades y servicios.

El gobernador Mauricio Vila junto con los ocho miembros del consejo del Isstey, han vendido más de 30 propiedades del Instituto para favorecerse él y a sus amigos empresarios, esto a través del remate de propiedades a un precio muy por debajo del precio real.