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Red de corrupción detrás del proyecto Dunas de Chuburná
Sospechoso silencio de Profepa y Semarnat
La mafia inmobiliaria detrás de la destrucción de las dunas de Chuburná, un desarrollo del empresario Víctor Manuel Abraham Palomo, dueño del desarrollo Paseo 60, que habría corrompido a las autoridades de los tres niveles.
Redacción/Sol Yucatán
Una presunta red de corrupción y tráfico de influencias involucra al Gobierno del Estado, el Ayuntamiento de Progreso y autoridades federales que permitieron el megaproyecto de Designia Desarrollos, en Chuburná, Puerto.
Mientras destruyen un ecosistema protegido para construir departamentos de lujo, la Profepa y la Semarnat guardan un sospechoso silencio.
La destrucción de las dunas costeras de Chuburná Puerto no es un accidente ambiental, ni el resultado de un vacío legal, fue un plan maquiavélico, previniendo el impulso turístico y económico que habría en el puerto.
Se trata de un presunto esquema de corrupción institucional que habría permitido a empresarios inmobiliarios apropiarse de un patrimonio natural de todos los yucatecos para convertirlo en un negocio multimillonario.
Detrás del proyecto hotelero-residencial “Dunas de Chuburná” se encuentra la empresa Designia Desarrollos, propiedad del empresario yucateco Víctor Manuel Abraham Palomo, dueño del desarrollo Paseo 60, quien con el respaldo de permisos gubernamentales hoy arrasa con uno de los ecosistemas más importantes y frágiles de la costa norte de Yucatán.
La primera pieza del rompecabezas se encuentra en la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado, durante la administración de Mauricio Vila Dosal.
Fue esa dependencia la que autorizó la viabilidad ambiental del megaproyecto, cuando era encabezada por Sayda Melina Rodríguez Gómez, hoy diputada local del PAN.
El segundo eslabón de esta cadena de autorizaciones corresponde al Ayuntamiento de Progreso, encabezado entonces por Julián Zacarías Curi, quien otorgó los permisos municipales necesarios para que la maquinaria pesada pudiera ingresar y comenzar la devastación ambiental.
Aunque la mayor responsabilidad recae sobre la Profepa y Semarnat, quien en ese entonces estaban encabezadas por José Alberto González Medina y Guillermo Porras Quevedo, ambos señalados por presuntos actos de corrupción relacionados con permisos ambientales para desarrollos inmobiliarios.
Hoy, ese patrimonio natural está siendo destruido para construir torres de departamentos de lujo, estacionamientos, áreas comerciales y vialidades privadas.
El proyecto amenaza más de 92 mil metros cuadrados de dunas costeras, modificando de manera irreversible un ecosistema que tardó cientos de años en formarse.
Los desarrolladores prácticamente no invierten en la creación del atractivo natural que venderán a futuros compradores.
El negocio consiste en privatizar el paisaje, comercializar la vista al mar y convertir un bien público en ganancias privadas.
Víctor Manuel Abraham Palomo, es propietario de Paseo 60, uno de los complejos más exclusivos de Mérida, desarrollado junto con el empresario hotelero José Chapur Zahoul.
La presencia de Chapur en el Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización del Gobierno de México ha despertado cuestionamientos sobre el nivel de influencia política que existe detrás de este megaproyecto inmobiliario.
El caso de las dunas de Chuburná exhibe el presunto modus operandi de la mafia inmobiliaria en Yucatán: obtener autorizaciones ambientales estatales, conseguir permisos municipales, aprovechar las relaciones políticas y confiar en la pasividad de las autoridades federales.
Cuyo desarrollo ayudaría a detonar una isla, ubicada a poca distancia, que es propiedad de políticos y empresarios y que desde hace años se encuentra en venta, de cuyo caso informaremos en otra entrega.