Reaprehenden a Arturo Millet por fraude millonario

• Fue detenido el pasado lunes. Se lo llevaron a Monterrey por otra carpeta más de investigación por un fraude de 300 millones de pesos.

Redacción/Sol Yucatán

El multi señalado por fraudes millonarios, Arturo Millet Reyes, volvió a caer. Esta vez, fue reaprehendido en Mérida y trasladado bajo custodia a Nuevo León, donde enfrenta una nueva acusación por un presunto fraude que supera los 300 millones de pesos.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, la captura se realizó el pasado lunes 27 de abril a las 10:20 de la mañana, sobre el kilómetro 8.5 del Anillo Periférico de Mérida, a escasos metros de la empresa Mare Maquinarias. La detención estuvo a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), que posteriormente lo puso a disposición de autoridades de Nuevo León.

Tras su aseguramiento, Millet Reyes fue trasladado a Monterrey, donde ya lo esperaban por una carpeta de investigación abierta en aquella entidad. El caso deriva de una denuncia presentada por un empresario regiomontano que lo acusa de haberlo defraudado por una suma cercana a los 300 millones de pesos, bajo un esquema similar al que ya se le ha señalado en otros casos.

Información recabada indica que esta orden de aprehensión había sido manejada con hermetismo y no se había hecho pública en días recientes, pese a que la captura ocurrió desde el lunes. Incluso, trascendió que el proceso en Nuevo León ya había tenido movimientos previos, incluyendo intentos legales que no habían prosperado hasta ahora.

El historial del sujeto no es menor. A pesar de enfrentar múltiples señalamientos y adeudos millonarios, había logrado mantenerse en libertad bajo diversas condiciones legales. Entre ellas, el uso de un brazalete electrónico, el cual habría sido vulnerado al salir del estado sin autorización, lo que podría derivar en nuevas complicaciones jurídicas.

Además, Millet Reyes arrastra una sentencia pendiente por el pago de aproximadamente 2.8 millones de dólares, cantidad que, según fuentes cercanas al caso, no ha sido cubierta hasta la fecha.

Con esta reaprehensión, el panorama legal del acusado se complica aún más, pues no solo enfrentará el proceso en Nuevo León, sino que podría acumular nuevas medidas cautelares y órdenes judiciales derivadas de sus movimientos fuera de los términos legales establecidos.

El caso apenas comienza a tomar fuerza nuevamente, y se espera que en los próximos días se revelen más detalles sobre las investigaciones en su contra, tanto en Yucatán como en otras entidades donde presuntamente habría replicado el mismo modus operandi.

Historial de fraudes, deudas y protección política

Arturo Millet Reyes arrastra desde hace más de una década un historial marcado por denuncias de fraude, incumplimiento de pagos millonarios y presuntos esquemas financieros diseñados para evadir responsabilidades legales en distintos estados del país.

Uno de los casos más antiguos se remonta a 2011, cuando reconoció una deuda por 11 millones de dólares, comprometiéndose a saldarla en noviembre de 2014. Sin embargo, lejos de cumplir, el adeudo fue transformándose mediante una serie de documentos que, según investigaciones, buscaban diluir la obligación original. En 2015, el compromiso se convirtió en un pagaré por 15 millones de dólares con vencimiento en 2017, el cual tampoco fue liquidado.

Para 2019, Millet habría implementado una estrategia más compleja: firmó en San Pedro Garza García, Nuevo León, un “Convenio de Cesión de Derechos de Adeudo y Cuentas por Cobrar”, con el que pretendía simular la extinción de la deuda. Posteriormente, generó un nuevo pagaré con vencimiento en 2023, en lo que autoridades consideran un patrón sistemático de simulación jurídica para evitar el pago.

Este esquema derivó en la carpeta de investigación 2762/2024-UTM-MTY en Nuevo León y en el expediente judicial 684/2023, donde la Fiscalía le imputa el delito de fraude maquinado, al considerar que existió engaño deliberado, manipulación documental y afectación patrimonial prolongada a la víctima.

En Yucatán, su situación no es menor. Millet fue detenido en noviembre de 2025 tras incumplir el pago de 2.8 millones de dólares por concepto de reparación del daño en un caso de abuso de confianza equiparado, derivado de la carpeta 150/2022. La orden fue ejecutada cuando intentaba salir del estado por la carretera Mérida–Cancún.

Además, enfrenta señalamientos por otros fraudes que superan los 117 millones de pesos, así como sentencias que en conjunto lo obligan a pagar alrededor de 127 millones de pesos, montos que hasta ahora no han sido cubiertos.

A pesar de este historial, el empresario ha logrado evadir en múltiples ocasiones la acción de la justicia. En enero de 2026, magistrados de la Primera Sala Colegiada Penal y Civil de Yucatán revocaron su orden de reaprehensión, lo que permitió su liberación tras obtener una suspensión definitiva mediante amparo dentro del expediente 150/2022-J3ES. Esta decisión fue duramente cuestionada, al considerar que se trató de una maniobra legal que lo dejó momentáneamente fuera del alcance judicial.

Otro elemento que ha generado controversia es su presunta red de protección política.

Diversas fuentes señalan que su esposa, Gabriela López Gómez, ha tenido vínculos como asesora de imagen en campañas políticas y actualmente en el entorno del gobierno estatal, lo que habría contribuido a retrasar o frenar procesos judiciales en su contra.

El caso de Arturo Millet Reyes no solo está marcado por fraudes millonarios, sino también por una larga cadena de decisiones judiciales que han favorecido su impunidad. Desde diciembre pasado, se evidenció cómo el magistrado Mario Alberto Castro Alcocer y el exmagistrado Luis Mendoza Casanova habrían operado para modificar su situación legal, aprovechando la ausencia de la titular del Tribunal Colegiado Primero de Enjuiciamiento. En ese contexto, la jueza Elsy Margarita Basto Uc habría intervenido para intentar cambiar la medida cautelar de prisión preventiva.

El historial también salpica a otros operadores del Poder Judicial, como los jueces Rómulo Bonilla Castañeda y José Enrique Sáenz Dzul, quienes durante años habrían permitido aplazamientos, omisiones y resoluciones favorables al empresario. Incluso, en 2023, cuando debía endurecerse su situación legal, se le permitió continuar en libertad con medidas mínimas.

Este entramado de resoluciones, omisiones y presuntas influencias ha permitido que, pese a las sentencias y adeudos millonarios, Arturo Millet Reyes permanezca durante años fuera de prisión, consolidando un caso que exhibe posibles redes de protección y corrupción dentro del propio sistema judicial.

Incluso, el nombre de Arturo Millet Reyes ha sido relacionado con actividades de mayor gravedad, como presunto lavado de dinero y vínculos con el crimen organizado, además de su participación en la llamada mafia inmobiliaria, particularmente en casos de despojo de tierras en Yucatán y Quintana Roo, incluyendo el polémico asentamiento irregular “In House” en Playa del Carmen.

Con procesos abiertos en al menos dos estados, deudas que superan los cientos de millones de pesos y dólares, y un patrón reiterado de evasión legal, el caso de Millet Reyes se ha convertido en uno de los expedientes más representativos de presunta impunidad, donde el poder económico, las influencias y las lagunas legales han jugado un papel clave para mantenerlo, durante años, fuera de prisión.