¡Rapiña en Infonavit!

DAVID LAGO ANCONA, PATROCINADOR DE LA CAMPAÑA MORENISTA

Red de tráfico de influencias y corrupción del Infonavit detrás del megadesarrollo inmobiliario “Punta Cruz Eco” de la familia Lago, con negro historial de fraude. Le otorgaron oscuro contrato de casi 3 mil mdp

El Infonavit adquirió el terreno en 267 MDP a un particular y luego lo cedió a las constructoras para la edificación del desarrollo inmobiliario “Punta Cruz Eco”, que consta de más de 5 mil 300 viviendas.

La constructora “Yucasa” comenzó la construcción de una miniciudad en Umán para el Infonavit sin los permisos ambientales. 10 meses después solicitó el MIA a la SDS, y por ley la obra debería ser clausurada.

Redacción/Sol Yucatán

Una red de complicidad, tráfico de influencias y corrupción se encuentra detrás del megadesarrollo inmobiliario “Punta Cruz Eco”, que se construye en el municipio de Umán con dinero público.

Sol Yucatán, a través de su trabajo de investigación, tuvo acceso al contrato otorgado a dos empresas yucatecas, propiedad de empresarios con un negro historial de fraudes.

Lo que llama la atención es que, en el propio convenio de contratación, se establecen cláusulas específicas de confidencialidad, en las cuales se prohíbe a la empresa otorgar información sobre el proyecto, montos y personas involucradas en las negociaciones, es decir, un claro intento por esconder información.

De acuerdo con la información que obra en el contrato CO-PVB-028-2025, en poder de Sol Yucatán, el Infonavit, bajo un procedimiento poco transparente, decidió otorgarle la construcción de un megadesarrollo inmobiliario a la empresa “Yucasa S.A. de C.V.”, que, de acuerdo a su acta constitutiva, fue constituida de manera legal en el 2009, sin embargo, en el 2022, nombró a Sebastián Enrique Lago Molina como su representante legal, es decir, adquirió las acciones de esa empresa.

El Infonavit, bajo un procedimiento poco transparente, decidió otorgarle la construcción de un megadesarrollo inmobiliario a la empresa “Yucasa S.A. de C.V.”
Serán 5 mil 360 viviendas de interés social por un monto global nada más y nada menos que de 2 mil 948 millones de pesos, es decir, con un costo unitario por vivienda de 600 mil pesos.

El contrato fue firmado el 1 de agosto del año pasado y de entrada el Infonavit le entregó el 30% del precio global del megaproyecto, es decir, 884 millones 400 mil pesos.

Lo que no se hizo público es que no solo la empresa “Yucasa” había sido beneficiada con el mega proyecto, sino que también estaba involucrada la empresa inmobiliaria “Lamol S.A. de C.V.”, propiedad del empresario gasolinero David Lago Ancona, padre de Sebastián Lago Molina, propietario de “Yucasa”, identificado como patrocinador de la campaña morenista en el 2024.

También estaba involucrada la empresa inmobiliaria “Lamol S.A. de C.V.”, propiedad del empresario gasolinero David Lago Ancona.
Por lo cual es claro el tráfico de influencias y pago por favores políticos.

La empresa Lamol enfrenta acusaciones de fraudes inmobiliarios a través de agrupaciones de la sociedad civil “Somos Realidad” y “Dagda” y ha sido vinculada con el cártel de los Mañe, en el que tendrían participación Mauricio Sahuí Rivero y Rogerio Castro Vázquez, quien en el sexenio pasado ocupó la secretaría general del Infonavit.

Pero no son todos los beneficios otorgados por el Infonavit a la empresa de la familia Lago, debido a que el terreno para la edificación del desarrollo “Punta Cruz Eco”, ubicado en Santa Cruz Palomeque, Umán, fue adquirido por el Infonavit con recursos públicos y entregado a las constructoras.

La empresa Lamol enfrenta acusaciones de fraudes inmobiliarios, en el que tendrían participación Mauricio Sahuí Rivero y Rogerio Castro Vázquez.
Es un terreno de 45.3 hectáreas y tuvo un costo de 267.9 millones de pesos, cuya venta se concretó en septiembre del año pasado, es decir, un mes después de que se iniciaron los trabajos de construcción.

Lo que es una realidad es la violación a la ley ambiental y donde la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Profepa y hasta la Procuraduría de Justicia Ambiental, deberían de intervenir y en su caso aplicar la ley.

La semana pasada, Sol Yucatán dejó al descubierto una ola de corrupción, complicidad y flagrante violación a las leyes ambientales por parte de los empresarios y que involucra de manera indirecta al Infonavit.

La empresa Lamol enfrenta acusaciones de fraudes inmobiliarios, en el que tendrían participación Mauricio Sahuí Rivero y Rogerio Castro Vázquez.
El megadesarrollo devastó, aplanó y comenzó los trabajos de construcción de viviendas sin los permisos ambientales de cambio de uso de suelo e impacto ambiental.

Hay evidencias de que el terreno de 453 mil 688 metros cuadrados se desmontó entre los meses de julio y agosto del 2025, es decir, hace 10 meses.

La empresa Lamol enfrenta acusaciones de fraudes inmobiliarios, en el que tendrían participación Mauricio Sahuí Rivero y Rogerio Castro Vázquez.
Además, llevan avances en la construcción de viviendas de interés social encomendadas por el Infonavit como parte del programa “Viviendas para el Bienestar” del Gobierno Federal.

En el portal del Infonavit existe un video de la visita al lugar fechado el 28 de agosto del 2025, sin embargo, la visita ocurrió el 22 de agosto, como el propio director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, señala en la grabación.

En el mismo video se dan detalles de la edificación.

Lo grave del asunto es que apenas el 5 de marzo de este año, es decir, 10 meses más tarde de que iniciaron los trabajos, la empresa realiza la solicitud a la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno Estatal para la inspección y, en su caso, les otorguen el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA), el documento es indispensable para el inicio de cualquier edificación y más de esta magnitud.

El Ayuntamiento de Umán, que encabeza Kenia Walldina Sauri Maradiaga, le expidió los permisos de construcción, cuando por ley no se pueden otorgar.
El proyecto establece la edificación de 5 mil 360 viviendas, locales comerciales, vialidades, áreas verdes, estacionamiento, ciclovía, en una superficie de 45.3 hectáreas de tierras.

La propia ley establece que, en caso de construir sin el MIA, como es el caso, la obra deberá ser clausurada de inmediato y comenzar un proceso administrativo, que incluye multas de hasta 8 millones de pesos, restauración del daño y, en algunos casos, la demolición de la obra.

Lo grave del asunto es que, sin contar con los permisos de impacto ambiental, el Ayuntamiento de Umán, que encabeza Kenia Walldina Sauri Maradiaga, de extracción morenista, le expidió los permisos de construcción, cuando por ley no se pueden otorgar, ya que el MÍA es indispensable para ello.

La Comuna, a través de la Dirección de Desarrollo Urbano, no debió otorgar los permisos, ya que se desconoce si su edificación no pondría en riesgo un desequilibrio ecológico o bien si está asentada en una zona protegida con vestigios arqueológicos o cenotes.

A pesar de no contar con esa información, la Comuna otorgó el documento, con lo cual se favoreció a las empresas de “Yucasa” y “Lamol”, propiedad de la familia Lago.