Profepa-Semarnat: Dúo corrupto

*Con la complicidad de ambas dependencias, la mafia inmobiliaria se está comiendo las dunas en Sisal, Celestún, Progreso y Telchac. Empresarios han edificado enormes complejos arrasando con los ecosistemas, incluso utilizando la línea costera.

*El caso de la devastación de las dunas de Chuburná es solo la punta del iceberg, donde se sacrifica la belleza natural para dar paso a multimillonarios negocios.

*Proyectos construidos sobre la línea costera, sobre zonas protegidas, dunas y zonas de anidación de aves y tortugas, avalados por las propias autoridades locales y federales.

Redacción/Unidad de Investigación Sol Yucatán

El desarrollo inmobiliario Dunas de Chuburná es tan solo la punta del iceberg de la devastación que está ocurriendo en la zona costera de Yucatán.

Sisal, Celestún y Telchac son otros puertos que han sufrido la devastación de sus ecosistemas por ambición apadrinada por la sombra de la corrupción y el compadrazgo político.

Tan solo basta con realizar un recorrido por la costa yucateca para darse cuenta de la devastación de ecosistemas para dar paso a enormes complejos inmobiliarios construidos para el turismo de gran nivel.

Proyectos construidos sobre la línea costera, sobre zonas protegidas, dunas y zonas de anidación de aves y tortugas, avalados por las propias autoridades locales y federales.

En Chuburná Puerto, comisaría de Progreso, el Gobierno del Estado, el Ayuntamiento de Progreso y autoridades federales permitieron el megaproyecto de Designia Desarrollos en Chuburná Puerto.

La destrucción de las dunas costeras de Chuburná Puerto no es un accidente ambiental, ni el resultado de un vacío legal, se trata de un presunto esquema de corrupción institucional que habría permitido a empresarios inmobiliarios apropiarse de un patrimonio natural de todos los yucatecos para convertirlo en un negocio multimillonario.

Detrás del proyecto hotelero-residencial “Dunas de Chuburná” se encuentra la empresa Designia Desarrollos, propiedad del empresario yucateco Víctor Manuel Abraham Palomo y de José Chapur Zahoul.

La Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado, encabezada por Sayda Melina Rodríguez Gómez, hoy diputada local del PAN, fue quien autorizó el Manifiesto de Impacto Ambiental.

El segundo eslabón de esta cadena de autorizaciones corresponde al Ayuntamiento de Progreso, encabezado entonces por Julián Zacarías Curi, quien otorgó los permisos municipales necesarios para que la maquinaria pesada pudiera ingresar y comenzar la devastación ambiental.

Aunque la mayor responsabilidad recae sobre la Profepa y Semarnat, quienes en ese entonces estaban encabezadas por José Alberto González Medina y Guillermo Porras Quevedo, ambos señalados por presuntos actos de corrupción relacionados con permisos ambientales para desarrollos inmobiliarios.

Incluso Porras Quevedo tuvo que dejar su cargo durante más de dos años y luego el actual gobierno lo colocó de nuevo como titular de la Semarnat.

El negocio consiste en privatizar el paisaje, comercializar la vista al mar y convertir un bien público en ganancias privadas.

Las dunas costeras de Chuburná Puerto no están siendo destruidas por accidente, ni en nombre del desarrollo.

Están siendo sacrificadas para concretar un multimillonario negocio inmobiliario que hará inmensamente rico a un selecto grupo de empresarios, políticos y notarios públicos, dueños de la Isla Barracuda.

El proyecto inmobiliario impulsado por el empresario Víctor Manuel Abraham Palomo sería apenas la punta del iceberg de un plan mucho más ambicioso y lucrativo.

Entre los propietarios de predios en la Isla Barracuda figuraron personajes vinculados con la clase política y económica del estado.

Políticos del PRI, del PAN y de Morena, así como poderosos notarios públicos y empresarios, forman parte del grupo que podría beneficiarse con la detonación inmobiliaria del lugar.

No es casualidad que el proyecto se encuentre a escasos minutos de la Isla Barracuda, una isla que se formó de manera natural tras el paso del huracán Gilberto y a la que se puede llegar precisamente por Chuburná.

Tampoco es casualidad que las autorizaciones ambientales hayan sido obtenidas pese al enorme daño ecológico que especialistas y ciudadanos han denunciado desde el inicio de las obras.

Entre los personajes identificados como propietarios de terrenos en la Isla Barracuda, se encuentran el exgobernador Rolando Zapata Bello, José Chapur Zahoul, Mauricio Vila Dosal, el notario Luis Silveira Cuevas, entre otros.

El desarrollo de Dunas de Chuburná catapultará la plusvalía de la isla de poco más de un kilómetro de playa y generaría el interés de grandes inversionistas.

Investigaciones de Sol Yucatán revelan que el desarrollo inmobiliario de “Dunas de Chuburná” no sería el único desarrollo del empresario Víctor Manuel Abraham Palomo y José Chapur Zahoul donde devastaron todo un ecosistema.

En Telchac Puerto, consiguieron los permisos y edificaron el complejo inmobiliario de alta gama llamado “Siela de Telchac Puerto”.

El complejo se encuentra frente al mar y, para su edificación, se devastó todo el ecosistema a lo largo de 12 500 metros cuadrados, es decir, 1.2 hectáreas.

Por su ubicación, el lugar era sitio de anidación de aves, tortugas y había todo un ecosistema a su alrededor, sin embargo, ahora serán amenidades y torres residenciales de alto valor.

El complejo ofrece departamentos desde 9.5 millones de pesos y toma como gancho que se encuentra en la Riviera Maya yucateca, cerca de zonas arqueológicas, club de playa, marina Siller, entre otras.

Lo que llama la atención es cómo consiguieron los permisos municipales, estatales y federales para levantar un desarrollo generando un impacto ambiental irreversible, ya que por su ubicación es zona de dunas, anidación de aves y tortugas.

Aunque en Telchac Puerto y San Crisanto existen otros desarrollos cuya autorización pudo haber sido al margen de la ley.

En ambos casos resalta el nombre del empresario yucateco José Chapur y el de su yerno Víctor Manuel Abraham Palomo, quienes también construyeron Paseo 60, entre otros desarrollos inmobiliarios.

Lo que genera suspicacia es el hecho de que Chapur Zahoul es integrante del Consejo de Asesores del Desarrollo Económico Regional y Relocalización del Gobierno de México.