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Procuraduría para la mafia inmobiliaria en Yucatán
*En lo oscurito y sin atención de los medios, panistas y morenistas aprobaron la creación de la Procuraduría de Justicia Ambiental y Urbana de Yucatán que en los hechos servirá para darle impunidad a la mafia inmobiliaria. Tendrá un presupuesto de más de 800 millones de pesos.
*La nueva Procuraduría, que sustituirá a la Secretaría de Desarrollo Sustentable, tendrá amplias facultades pues tendrá un poder similar al de la Fiscalía del Estado, ya que recibirá denuncias, investigará, clausurará obras y exigirá permiso de construcción.
*Violará la autonomía de los ayuntamientos, ya que en los 106 municipios será obligatorio el trámite de permiso de construcción y en su caso contratar un perito. El Gobernador colocará al Director
Redacción / Sol Yucatán
El gobierno, es decir, el gobernador Mauricio Vila Dosal, coloca a personas afines a sus intereses para controlar las instituciones y con ello mantener su poder transexenal para blindar la corrupción de su sexenio.
El mandatario ya prepara su salida debido a que el próximo año será la sucesión gubernamental, se cree que Renán Barrera sería su sucesor, aunque Morena podría dar la sorpresa y arrebatarle el poder al Partido Acción Nacional.
Mauricio Vila se está autoprotegiendo para lo cual coloca a gente a fin a sus intereses en dependencias claves en la procuración de justicia, por lo cual a pesar de que deje el Gobierno seguirá siendo quien esté detrás del poder.
Asimismo, tanto él como su selecto grupo de la mafia inmobiliaria quedarán protegidos.
Ahora en un procedimiento por demás oscuro y donde nadie dijo nada, el Gobierno del Estado propuso al Congreso la creación de la Procuraduría de Justicia Ambiental y Urbana de Yucatán.
Con el voto panista y sus aliados morenistas la propuesta del poder ejecutivo avanzó y se convirtió en ley en julio de este año.
La nueva dependencia tendrá un poder similar al de la Fiscalía General del Estado, debido a que recibirá denuncias, investigará y en su caso sancionará.
Tendrá un presupuesto de más de 800 millones de pesos para su operación y sustituirá a la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), que recién se creó en la presenta administración.
La nueva dependencia, en el papel tendrá la encomienda de poner bajo cintura a los desarrollos inmobiliarios, sin embargo, en lugar de eso les dará total impunidad a los integrantes de la mafia inmobiliaria, empresarios cercanos al propio gobernador.
Lo más seguro es que operen con total impunidad y en su caso con sus investigaciones o señalamientos jueguen a favor del gobernador en turno.
De acuerdo a la Ley, será el propio Gobernador quien enviará una terna de la persona que encabezará la nueva dependencia para que el Congreso del estado la avale y con ello asuma la titularidad de la dependencia.
En la ley no se estipula su duración en el cargo, sólo dice que el titular debe de tener experiencia en el cargo en leyes ambientales, procesos penales y conocimiento del Sistema de Justicia Penal.
De acuerdo a la información contenida en la Ley, la nueva dependencia entrará en funciones antes de finalizar este 2023 y para su operación se nutrirá del presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, que para este 2023 el Gobierno le asignó un presupuesto de 500 millones 886 mil 364 pesos.
Según la propia ley el Gobierno del Estado tiene hasta un año para enviar su terna de candidatos que encabecen la nueva dependencia.
La nueva procuraduría tendrá amplio poder y no se descarta que detrás de ella pudiera servir como una caja chica, como en su tiempo para el gobierno de Rolando Zapata Bello significó la Feria de Xmatkuil.
La nueva procuraduría tendrá amplio poder y no se descarta que detrás de ella pudiera servir como una caja chica, como en su tiempo para el gobierno de Rolando Zapata Bello significó la Feria de Xmatkuil.
De acuerdo a la nueva Ley la dependencia tendría bajo su mando la verificación de permisos de construcción y en su caso la clausura de obras.
Al ser una secretaría de estado, su radio de operación no sólo abarcará a Mérida, Kanasín, Progreso, Valladolid, Tizimín o los grandes municipios, sino que abarcará los 106 municipios.
Por lo que a partir de su operación en todos los rincones de Yucatán será obligatorio el trámite de permiso de construcción y en su caso contratar un perito, que de seguro repercutirá en la economía de las familias.
Incluso podría interferir en la autonomía de los Ayuntamientos, ya que al ser una dependencia de procuración de justicia, ellos tienen la facultad de clausurar una obra o exigir un permiso de construcción.
Hay que recordar que actualmente sólo el Ayuntamiento de Mérida exige la licencia de construcción, verificación de obras por parte de un Perito Constructor. Asimismo, la Dirección de Desarrollo Urbano es de las dependencias con los señalamientos de más actos de corrupción.
Con la nueva dependencia, Mauricio Vila ya se cubrió las espaldas, pues primero colocó durante 15 años a Juan Manuel León León como Fiscal del Estado, luego a Olga Rosas Moya como titular de la Agencia de Investigación Patrimonial y Económica del Estado, por 12 años.
También colocó a los magistrados del Poder Judicial del Estado y en los próximos días colocará a un nuevo zar anticorrupción, quien sustituirá a José Enrique Goff Alliud, quien un año antes de concluir su encomienda renunció.
Ante este panorama el actual gobierno esta blindado, ya que ha sido acusado de desvíos de millonarios recursos y de estar involucrados en la mafia inmobiliaria.