Procivy extorsiona a empresas

Redacción/Sol Yucatán

Una denuncia por presuntos actos de corrupción pone bajo la lupa a la Coordinación Estatal de Protección Civil de Yucatán (PROCIVY). El señalamiento apunta directamente a su titular, Hernán Hernández, a quien se le acusa de utilizar su cargo para presuntamente extorsionar a empresas bajo el argumento de supuestas irregularidades en materia de seguridad.

De acuerdo con la denuncia, el funcionario visitaría negocios en distintos puntos del estado para advertirles de posibles clausuras, condicionando la autorización de operación a la contratación de un “tercero acreditado” que él mismo designaría, previo pago de miles de pesos. Un esquema que, de confirmarse, no solo sería ilegal, sino que convertiría a una institución de protección en un mecanismo de presión y negocio privado.

Las acusaciones resultan todavía más delicadas si se contrastan con el discurso oficial de cero corrupción, cero privilegios y cero nepotismo que promueve el gobierno de la Cuarta Transformación. A ello se suma el señalamiento sobre el estilo de vida del funcionario, descrito como lujoso y alejado de la realidad económica de la mayoría de los yucatecos, lo que refuerza las sospechas sobre el uso indebido de recursos o influencias.

Mientras tanto, la denuncia subraya una contradicción de fondo: en un estado donde miles de familias de bajos recursos enfrentan carencias y vulnerabilidad, quienes deberían velar por la seguridad y el bienestar colectivo son acusados de lucrar con el miedo y la necesidad de pequeños y medianos empresarios.

El caso exige algo más que silencio institucional. Transparencia, investigación y rendición de cuentas no deberían ser consignas, sino acciones inmediatas. De lo contrario, PROCIVY corre el riesgo de perder credibilidad y de convertirse en otro ejemplo de cómo el poder, sin vigilancia, termina traicionando a la ciudadanía a la que dice servir.