¡Policías pagarán por sus armas!

Elementos de la Policía Estatal denuncian que mandos les dieron tres días para registrarse y pagar por portar sus armas. Advierten arrestos y castigos a quienes no cumplan.

Redacción/Sol Yucatán

Con el uniforme puesto, armados y en funciones de seguridad, policías estatales de Yucatán estarían siendo presionados para pagar de su propio bolsillo un supuesto derecho relacionado con la portación de las armas que utilizan como herramienta de trabajo, de acuerdo con una denuncia hecha llegar a Sol Yucatán.

Los elementos señalan que, a través de grupos de WhatsApp y durante actividades de formación, mandos superiores les habrían dado un plazo de apenas tres días para registrarse, pagar 240 pesos y enviar evidencia fotográfica del trámite, bajo la advertencia de que quienes no lo hagan podrían ser arrestados o recibir algún tipo de castigo.

La presión, según los denunciantes, tendría como objetivo que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) pueda acreditar que la totalidad de sus elementos ya realizó el procedimiento.

De concretarse el cobro a más de 5 mil policías, el desembolso conjunto alcanzaría aproximadamente 1.2 millones de pesos, dinero que saldría directamente del bolsillo de los agentes.

El asunto genera cuestionamientos porque la portación de armas por parte de las corporaciones policiales se encuentra regulada mediante Licencias Oficiales Colectivas, y no bajo un esquema en el que cada policía tenga que tramitar por separado una licencia individual para desempeñar sus funciones.

La propia Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) establece que existe un trámite específico para la expedición de una Licencia Oficial Colectiva a diversos cuerpos de seguridad pública, cuya solicitud corresponde al titular del gobierno estatal que busca obtenerla.

Asimismo, la normativa contempla que las instituciones policiales deben integrar la relación del personal y armamento que estará amparado por dicha licencia. La Sedena también contempla procedimientos para altas, bajas y modificaciones del personal incluido en una licencia oficial colectiva.

La inconformidad de los policías no se limita a los 240 pesos.

Los denunciantes cuestionan que se pretenda trasladar a los trabajadores un gasto relacionado con la autorización que permite a la corporación utilizar legalmente el armamento durante sus labores, cuando las armas son proporcionadas por la propia institución para cumplir funciones de seguridad pública.

De acuerdo con los elementos inconformes, jamás se les había exigido cubrir personalmente este concepto, por lo que ahora existe preocupación entre el personal operativo por las consecuencias económicas que tendría la medida.

El cálculo proporcionado por los denunciantes es directo: 5 mil policías por 240 pesos representan alrededor de 1 millón 200 mil pesos.

La denuncia señala que la exigencia habría sido comunicada mediante grupos de WhatsApp y durante actividades de formación, donde supuestamente se habría advertido que los policías tendrían tres días para completar el registro, realizar el pago y enviar una fotografía como comprobante.

Quienes no cumplan, aseguran, serían sujetos a arrestos o castigos internos.

Los policías consideran que esta presión resulta desproporcionada, particularmente porque se trata de personal que diariamente realiza labores operativas y que ahora tendría que destinar recursos propios para un procedimiento vinculado con el armamento que la institución les asigna.

La situación también genera dudas sobre qué concepto específico se pretende cobrar, quién ordenó el pago, a qué autoridad corresponde realizarlo y bajo qué fundamento se está exigiendo directamente a los elementos.

De hecho, la información oficial de la Sedena distingue entre las licencias individuales y las licencias oficiales colectivas para corporaciones de seguridad pública. Para estas últimas, el trámite se realiza institucionalmente.

La propia Sedena señala que la Licencia Oficial Colectiva es un trámite para cuerpos de seguridad pública, mientras que las licencias particulares individuales corresponden a personas físicas en supuestos distintos.

La amenaza de sanciones mantiene inquietud entre los elementos, quienes advierten que no se trata de un gasto menor para un trabajador que debe cubrirlo con su salario, sino de un desembolso que, multiplicado por miles de policías, representa más de un millón de pesos.