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Panchito Torres, vida de millonario
- El director de la JAPAY, Francisco Torres Rivas, gestiona su patrimonio inmobiliario, que crece en Mérida, Conkal y hasta en Tetiz, que oscila entre los 15 y 20 millones de pesos.
- Carga un historial de acusaciones de mal manejo de recursos, vínculos con prácticas clientelares cuando dirigió al PRI estatal y utilizar el servicio público como trampolín para robustecer su patrimonio privado.
- Como secretario de Obras Públicas, su administración dejó dudas sobre contratos asignados a empresas cercanas al grupo de Ivonne Ortega.
Redacción/Sol Yucatán
Francisco Alberto Torres Rivas no solo administra el agua potable de Yucatán, también gestiona silenciosamente un patrimonio inmobiliario que crece en Mérida, Conkal y hasta en Tetiz, que oscila entre los 15 y 20 millones de pesos.
Actual director general de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY), el político carga un historial de señalamientos: acusaciones de mal manejo de recursos, vínculos con prácticas clientelares cuando dirigió al PRI estatal y la sombra de que, al igual que otros funcionarios, utiliza el servicio público como trampolín para robustecer su patrimonio privado.
Torres Rivas se formó como ingeniero civil en la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), pero pronto trasladó su vocación a la política. Desde sus años universitarios comenzó a destacar como dirigente estudiantil, hasta convertirse en presidente de la Federación Estudiantil Universitaria. Ese salto lo catapultó al PRI, partido en el que hizo carrera durante más de dos décadas.
Fue subsecretario de Operación Política, secretario general de capacitación del PRI y delegado especial en Quintana Roo, antes de convertirse en secretario de Obras Públicas durante el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco (2007–2011).
Ya con perfil propio, obtuvo una diputación federal por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la LXIII Legislatura (2015–2018), lo que le dio proyección nacional. Su papel más polémico llegó como presidente del PRI en Yucatán, donde lo acusaron de prácticas clientelares, de repartir dádivas y de operar campañas con recursos poco claros.
Hoy, bajo el gobierno de Joaquín Díaz Mena, encontró refugio político como director de la JAPAY, un organismo descentralizado que maneja contratos millonarios, controla un servicio vital y es pieza clave en la operación política del Estado.
Mientras su carrera política oscilaba entre cargos técnicos y partidistas, Torres Rivas fue tejiendo su portafolio inmobiliario.
En Mérida, adquirió un predio urbano en la Colonia Yucatán con más de 627 m² de superficie. El precio declarado en 2013 fue de 435,000 pesos, pero hoy ese terreno vale más de 3 millones de pesos, gracias a la plusvalía de la capital yucateca.
En Conkal, aparece como propietario de cinco lotes residenciales en el condominio Praderas del Mayab. Todos fueron adquiridos con precios declarados de 134,000 pesos cada uno, es decir, apenas 670,000 pesos en total por más de 1,500 m². Hoy, esos mismos predios superan los 5 millones de pesos, ya que Conkal es la joya del boom inmobiliario del norte de Mérida.
El caso más llamativo está en Tetiz, donde Torres Rivas aparece como copropietario de un predio rústico de 11.6 hectáreas a pie de carretera. Aunque en la escritura de 2021 el valor fue de solo 106,747 pesos, él posee casi tres hectáreas. A precios de mercado, esa franja vale más de 4 millones de pesos, sobre todo por la proyección de desarrollos habitacionales e industriales en la zona poniente de Mérida.
En conjunto, su patrimonio inmobiliario suma un valor estimado de más de 12 millones de pesos, aunque en escrituras y declaraciones aparece apenas el 10% de ese monto.
El contraste más fuerte surge al analizar su actual función como director de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY). La dependencia enfrenta denuncias constantes de fugas, cobros excesivos, infraestructura obsoleta y opacidad en contratos. Usuarios en Mérida y municipios del interior reportan cortes frecuentes y deficiencias en el servicio, mientras el organismo carece de proyectos de modernización visibles.
La crítica recurrente es que JAPAY, en lugar de ser un organismo de vanguardia, funciona como caja chica política, administrada por un personaje con intereses patrimoniales privados. El agua, recurso vital para los yucatecos, termina en el centro de un juego político y económico donde el beneficio no siempre es para la ciudadanía.
Torres Rivas no es un político ajeno a los señalamientos. Durante su gestión como dirigente del PRI, fue acusado de manipular recursos partidistas y promover redes de clientelismo electoral. Como secretario de Obras Públicas, su administración dejó dudas sobre contratos asignados a empresas cercanas al grupo de Ivonne Ortega. Y ahora, como titular de JAPAY, los cuestionamientos giran en torno al contraste entre un organismo público en crisis y un patrimonio personal en expansión.
El discurso de austeridad choca con su realidad inmobiliaria. Mientras los yucatecos pagan recibos inflados por un servicio deficiente, su director suma propiedades en zonas de alta plusvalía con valores millonarios. La paradoja es evidente: un funcionario que predica servicio público, pero cuyas escrituras reflejan el crecimiento de un portafolio privado que se alimenta de plusvalías urbanas.
Yucatán vive una crisis silenciosa de acceso al agua. Comunidades del interior se quejan de pozos contaminados, Mérida enfrenta sobreexplotación de acuíferos y los fraccionamientos de lujo, como los de Conkal y Komchén, demandan más agua de la que el sistema puede sostener. En medio de esa tensión, quien dirige el organismo estatal encargado del suministro aparece como inversionista inmobiliario en esos mismos corredores de desarrollo.
El mensaje político y social es demoledor: el agua, un derecho humano, está en manos de un funcionario que en paralelo se beneficia del mercado inmobiliario que depende justamente de la expansión de los servicios básicos que él administra.
El caso de Francisco “Panchito” Torres Rivas es un espejo de la clase política yucateca: discursos de servicio público frente a patrimonios que crecen en silencio. Desde la JAPAY, administra un recurso vital que llega con problemas a miles de hogares, pero en paralelo asegura su futuro con lotes residenciales y hectáreas de tierra en expansión.
Torres Rivas no solo controla la llave del agua en Yucatán, también la llave de un portafolio inmobiliario valuado que oscila entre los 15 y 20 millones de pesos. Y mientras el organismo que encabeza enfrenta críticas por opacidad y mal servicio, sus propiedades florecen en el mercado más rentable de la región: la tierra.
El agua, que debería ser un bien público al servicio de todos, se convierte en metáfora del poder patrimonial de su director: se reparte a cuentagotas a los ciudadanos, pero fluye con abundancia hacia su propia riqueza privada.
Direcciones de las propiedades de Francisco Alberto Torres Rivas
Mérida
Calle 11 No. 82, Colonia Yucatán
Conkal – Condominio Praderas del Mayab (Etapa Uno)
Lote 17ª
Lote 18ª
Lote 19ª
Lote 20A
Lote 21.ª
Tetiz
Predio rústico de 11.6 hectáreas a pie de carretera Mérida–Tetiz