Portada
Pagan doble seguro millonario
- El gobierno de Joaquín Díaz Mena firmó dos contratos de seguros de vida con HIR Compañía de Seguros, por valores anuales de 115.3 y 119.9 millones de pesos, cuyas vigencias coinciden durante seis meses, lo que representa un doble pago.
- Los documentos oficiales también exhiben referencias contradictorias a licitaciones públicas y adjudicaciones directas, además de movimientos en las plantillas aseguradas.
- La comparación de los documentos revela la presencia de más aviadores en el magisterio al pasar de 15,651 a 16,263, es decir, 612 maestros más. En el Despacho del Gobernador pasaron de 61 a 70, es decir, que tiene 9 empleados más.
Redacción/Unidad Investigación Sol Yucatán
El Gobierno de Yucatán, encabezado por Joaquín Díaz Mena, comprometió contratos de seguros de vida con HIR Compañía de Seguros por un valor anual conjunto de más de 235 millones de pesos, mediante dos instrumentos cuyas vigencias se superponen durante seis meses, lo que representa un doble pago de un semestre a la aseguradora.
La contratación más reciente comenzó a operar el 31 de marzo de 2026, aunque la anterior, firmada con la misma aseguradora, tenía establecido su vencimiento hasta el 30 de septiembre de este año.
La coincidencia aparece en los propios documentos de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), que además contienen referencias contradictorias sobre los procedimientos utilizados para contratar a la compañía: convocatorias públicas y adjudicaciones directas aparecen dentro de los mismos expedientes contractuales.
El primer contrato, identificado como SAF/SA/S/015/2025, fue firmado el 30 de septiembre de 2025 y estableció una prima mensual de 9 millones 612 mil 289 pesos con 82 centavos, equivalente a 115 millones 347 mil 477 pesos con 84 centavos durante doce meses.
Su vigencia quedó fijada expresamente desde las 12:00 horas del 30 de septiembre de 2025 hasta las 12:00 horas del 30 de septiembre de 2026.
Sin embargo, seis meses después, la misma dependencia estatal celebró el contrato SAF/SA/S/014/2026, también con HIR Compañía de Seguros, por una prima mensual de 9 millones 992 mil 465 pesos con 63 centavos, equivalente a 119 millones 909 mil 587 pesos con 56 centavos durante doce meses.
La nueva cobertura comenzó el 31 de marzo de 2026 y concluirá el 31 de marzo de 2027.
De esta manera, las dos contrataciones establecen periodos coincidentes entre el 31 de marzo y el 30 de septiembre de 2026, con obligaciones económicas relacionadas con seguros de vida para trabajadores de diversas dependencias del Poder Ejecutivo estatal.
La suma de los valores anuales de ambas contrataciones alcanza 235 millones 257 mil 65 pesos con 40 centavos, aunque esa cifra representa el importe de doce mensualidades de cada instrumento y no el monto de pagos efectivamente comprobados.
El Gobierno Estatal deberá explicar administrativamente la coexistencia de ambos contratos, particularmente porque fueron celebrados con la misma empresa y contemplan dependencias y grupos de trabajadores sustancialmente similares.
Adjudicaciones directas y licitaciones en los mismos documentos. Las inconsistencias no se limitan a las fechas.
El contrato de 2025 señala en sus antecedentes que el 12 de septiembre de ese año se publicó una convocatoria de licitación pública consolidada para la contratación del seguro de vida. Sin embargo, en sus declaraciones posteriores establece que el servicio fue adjudicado a HIR mediante adjudicación directa, previa investigación de mercado.
El documento de 2026 presenta una situación similar. En sus antecedentes se refiere a una licitación pública nacional, identificada con el número SAF/DGA/014/2026, pero en otra de sus declaraciones también se utiliza la expresión adjudicación directa, previa investigación de mercado, para describir la selección de la aseguradora.
Así, los documentos contractuales incorporan dos modalidades distintas de contratación para referirse a los procedimientos mediante los cuales HIR obtuvo el servicio.
La diferencia no es menor. Una licitación pública supone un procedimiento competitivo sujeto a convocatoria, presentación y evaluación de proposiciones, en tanto que una adjudicación directa permite contratar sin esa competencia bajo los supuestos establecidos en la legislación.
La coexistencia de ambas referencias dentro de los instrumentos oficiales exhibe una inconsistencia documental que corresponde aclarar a la Secretaría de Administración y Finanzas.
HIR aparece como beneficiaria de las dos contrataciones y en ambos documentos figura como representante legal Sami Germán Carreón González.
Por parte del Gobierno de Yucatán intervino María Eugenia Cruz Loeza, subsecretaria de Adquisiciones de la SAF, además de representantes de las dependencias incorporadas a la contratación consolidada.
Más maestros, más personal en el Despacho y menos asegurados en Seguridad Pública
El comparativo de las tablas contractuales también revela cambios en el número de trabajadores asegurados por el Gobierno de Yucatán.
Uno de los movimientos más importantes corresponde al magisterio estatal. En el contrato de 2025 aparecen 15 mil 651 docentes asegurados, en tanto que el instrumento de 2026 registra 16 mil 263, una diferencia de 612 personas.
El incremento equivale aproximadamente al 3.9 por ciento de la población asegurada en ese rubro.
La variación resulta significativa por tratarse de uno de los grupos más numerosos incorporados a las pólizas y porque permite contrastar las cifras contractuales con la evolución de las plazas docentes del sistema educativo estatal.
En el Despacho del Gobernador también se observa un crecimiento. El documento de 2025 registra 61 personas aseguradas, pero el correspondiente a 2026 eleva la cifra a 70, es decir, nueve personas adicionales.
Aunque el aumento absoluto es menor que en el magisterio, representa un crecimiento cercano al 14.8 por ciento en el número de asegurados adscritos al Despacho del Ejecutivo.
En contraste, la Secretaría de Seguridad Pública presenta una reducción.
La dependencia pasó de 5 mil 528 asegurados en 2025 a 5 mil 515 en 2026, una diferencia de 13 personas menos.
Los movimientos aparecen en los contratos oficiales y reflejan variaciones en las poblaciones incorporadas al seguro de vida. No equivalen, por sí mismas, a altas o bajas definitivas en las plantillas laborales, pero constituyen registros administrativos que pueden contrastarse con la nómina y las plazas presupuestadas.
La diferencia cobra relevancia en una administración que ha colocado el fortalecimiento institucional y la seguridad pública entre sus prioridades.
La prima mensual aumentó 380 mil pesos.
El costo de la contratación también registró un incremento.
HIR pasó de cobrar 9 millones 612 mil 289 pesos con 82 centavos mensuales en el contrato de 2025 a 9 millones 992 mil 465 pesos con 63 centavos en el de 2026.
La diferencia es de 380 mil 175 pesos con 81 centavos cada mes, equivalente a un incremento aproximado del 3.95 por ciento.
Proyectada durante doce mensualidades, esa variación representa 4 millones 562 mil 109 pesos con 72 centavos adicionales.
El incremento adquiere otra dimensión al considerar que las vigencias pactadas no son consecutivas, sino que coinciden durante medio año.
La contratación de 2026 no contiene una referencia expresa a la terminación anticipada del instrumento de 2025, pese a que ambas operaciones fueron celebradas por la misma dependencia gubernamental y con la misma compañía aseguradora.
El documento tampoco presenta esa contratación anterior como antecedente de una sustitución de cobertura.
La falta de una explicación en el instrumento más reciente deja a la Secretaría de Administración y Finanzas la responsabilidad de transparentar las decisiones administrativas y financieras que dieron lugar a la coincidencia de vigencias.
Una aseguradora, dos contratos y seis meses de coincidencia
Los dos contratos tienen como objeto la prestación del servicio de seguro de vida para personal de distintas dependencias y entidades del Poder Ejecutivo de Yucatán.
Entre las áreas comprendidas aparecen Seguridad Pública, Educación, Administración y Finanzas, Bienestar, Cultura y las Artes, la Secretaría General de Gobierno y el propio Despacho del Gobernador.
La coincidencia de dependencias, la proximidad de las cifras de asegurados y la identidad de la empresa contratada colocan bajo escrutinio la planeación del gasto público destinado a estas pólizas.
El contrato de 2025, además, establece un periodo mínimo de seis meses y máximo de un año, disposición que también aparece en el instrumento de 2026. En ambos casos, las cláusulas de vigencia señalan expresamente los periodos anuales correspondientes.
La contratación de seguros de vida constituye una prestación legítima para los trabajadores y sus beneficiarios. El punto controvertido es la manera en que el Gobierno estatal organizó dos contrataciones millonarias con la misma aseguradora, bajo periodos superpuestos y con referencias discordantes a los procedimientos de adjudicación.