Oculta riqueza inmobiliaria

• El presidente municipal panista de Progreso, Erik José Rihani González, posee exclusivas propiedades en el municipio que gobierna y en Mérida

Redacción /Sol Yucatán

Para el presidente municipal de Progreso, Yucatán, Erik José Rihani González, la transparencia es inexistente, menos aún si se trata de su patrimonio inmobiliario que supera los veinte millones de pesos, solo en tierra. Mientras se presenta como un político joven, moderno y panista comprometido con la rendición de cuentas, los documentos del Registro Público de la Propiedad cuentan otra historia: la de un funcionario que ha convertido su paso por la política en un trampolín para acumular terrenos costeros, casas urbanas y solares en zonas de alta plusvalía.

Rihani llegó a la presidencia municipal de Progreso en 2024, luego de un proceso electoral accidentado que terminó resolviéndose en tribunales. Antes de eso había sido diputado local por el PAN, desde donde construyó una carrera que se anunciaba como fresca y ciudadana. Sin embargo, apenas meses después de asumir el cargo de alcalde, ya carga con señalamientos por su opacidad, los adeudos millonarios heredados en contratos de luminarias y, ahora, un patrimonio inmobiliario que lo coloca entre los políticos más acaudalados de Yucatán.

El primer vistazo a su fortuna aparece en Progreso, donde en 2015 adquirió dos terrenos rústicos de más de dos mil metros cuadrados cada uno. En el folio 188459 figura la compra de un predio de 2,563 metros cuadrados registrado por apenas 125 mil pesos, lo que equivale a cincuenta pesos por metro cuadrado, un precio absurdo en una zona costera que ya entonces tenía valores mucho mayores. En el folio 785569, otro terreno de 2,414 metros cuadrados fue inscrito con el mismo valor simbólico. Ambos predios, que en papel costaron 250 mil pesos, hoy superan juntos los siete millones en valor de mercado. El patrón es claro: subdeclaración para pagar menos impuestos y ocultar la magnitud de las operaciones.

A diferencia de estas compras baratas, en 2019 ya aparece un salto notorio. En el folio 873568, en la Calle 98 número 148-A de Progreso, Rihani registró un solar urbano de 470 metros cuadrados con construcción incluida por un valor de casi tres millones de pesos. Esa propiedad, que forma parte de la zona de mayor crecimiento urbano, vale hoy entre cuatro y cinco millones de pesos.

En 2021 la estrategia se expandió a Mérida, donde adquirió un predio de 300 metros cuadrados en la colonia Sodzil Norte, una de las áreas premium de la capital yucateca. Allí declaró un valor de 3.3 millones de pesos, pero el precio real en 2025 ronda los seis millones. Con esa compra, Rihani dejó en claro que su riqueza ya no se limitaba al puerto, sino que se diversificaba hacia la capital, en el corazón del boom inmobiliario del norte meridano.

En total, su patrimonio registrado suma 5,748 metros cuadrados, con un valor declarado en escrituras de apenas seis millones y medio de pesos. Sin embargo, el valor real de mercado de sus propiedades supera los dieciséis millones y podría acercarse a los veinte. La brecha entre lo declarado y lo que realmente vale su patrimonio revela un juego de simulaciones y favores que contradicen cualquier discurso de honestidad.

El crecimiento patrimonial de Rihani coincide con su ascenso político. En 2015 era un joven ingeniero con perfil de comerciante, sin mayor peso público. Para 2018 ya figuraba en el Congreso del Estado como diputado local del PAN, y en 2024 llegó a la presidencia municipal de Progreso. En esos años su riqueza inmobiliaria se multiplicó, pasando de operaciones de 125 mil pesos por predios costeros a compras millonarias en la capital yucateca. La política le abrió las puertas al poder, y el poder se tradujo en tierra, casas y plusvalía.

Pero no es solo el tema patrimonial lo que lo coloca bajo la lupa. Como alcalde de Progreso, Rihani enfrenta reclamos por el escandaloso adeudo de luminarias heredado de administraciones anteriores, un caso que ya tiene sentencia firme del Tribunal Federal de Justicia Administrativa desde 2022.

La omisión en el cumplimiento de esa resolución puede derivar en responsabilidades administrativas y hasta penales, pues el desacato a una orden judicial es un delito grave. Aun así, el alcalde ha evitado dar explicaciones claras a la ciudadanía y ha preferido minimizar el tema, mientras los intereses generados por el incumplimiento siguen creciendo y la deuda se convierte en un lastre para el municipio.

La contradicción es brutal. Por un lado, un alcalde que predica la transparencia, y por el otro, un político que registra terrenos a precios irrisorios, acumula casas en zonas de lujo y calla frente a señalamientos de opacidad. Por un lado, un funcionario que debería responder por los compromisos del Ayuntamiento, y por el otro, un empresario político que ve en la tierra y en la especulación inmobiliaria la oportunidad de multiplicar su fortuna personal.

El caso de Erik José Rihani González es un ejemplo más de cómo la política local en Yucatán se ha convertido en semillero de nuevos ricos que usan el poder para amasar propiedades y blindarse frente a la ley. Sus tierras en Progreso, sus casas en Mérida y la forma en que las adquirió muestran que su verdadera vocación no es el servicio público, sino la especulación y la acumulación patrimonial. Y mientras los ciudadanos de Progreso siguen esperando soluciones a los problemas de deuda, servicios y transparencia, su alcalde se asegura de que, al menos en su propio patrimonio, nada falte.

La ironía de todo esto es que, mientras las cuentas municipales de Progreso son un desastre, plagadas de deudas heredadas y opacidad en el manejo del dinero público, el patrimonio de Erik José Rihani González está perfectamente ordenado, con escrituras a su nombre y predios estratégicamente colocados en zonas de altísima plusvalía. Para el municipio no hay transparencia, pero para su bolsillo no falta certeza. Lo que no aparece en las auditorías ni en las comparecencias públicas, sí aparece con puntualidad en el Registro Público de la Propiedad. Esa es la verdadera medida de sus prioridades: el abandono de la rendición de cuentas frente a los ciudadanos y la meticulosa precisión para asegurar su fortuna privada.