NUNCA HAY CONDICIONES

Por Santiago Alamilla Bazán / Sol Yucatán

En las últimas semanas ha sido polémico el tema de la reforma a la ley laboral que pretende disminuir la jornada de trabajo de 48 a 40 horas semanales, esto es en la práctica que los trabajadores en general puedan tener dos días de descanso a la semana y no uno como actualmente existe.

La propuesta fue presentada por la diputada Susana Prieto Terrazas, de la fracción parlamentaria de morena, e inmediatamente comenzaron los obstáculos para evitar que esta iniciativa se haga realidad, principalmente entre cámaras empresariales y legisladores de partidos de derecha, e increíblemente de la central “obrera” que en esta administración ha tenido más auge, la CATEM.

A pesar que desde el mes de abril ya se había sancionado en comisiones para su pase y votación al pleno, los opositores establecieron algunas sesiones de parlamento abierto antes de que se envíe a la votación definitiva, estas sesiones algunos legisladores las consideraron que solo fueron meros pretextos para retrasar el dictamen.

Ante la postura negativa de una central obrera, la CATEM, la diputada Prieto señaló que sus argumentos para que su iniciativa se votara en contra, resultaban una hipocresía mayúscula ya que a todas luces estaban representado a los empleadores y no a los empleados.

Los mexicanos somos quienes estadísticamente trabajamos el mayor número de horas en comparación con los demás países de la OCDE, pero además, el mexicano no solamente es el que más horas trabaja, sino que es el que menos gana.

Desde el sexenio de Miguel de la Madrid, ha sido el trabajador quien se ha apretado el cinturón para que la economía mexicana se mantenga, basta decir que los famosos pactos de solidaridad y crecimiento económicos, creados por los gobiernos neoliberales del PRI en la década de los ochenta, consistieron en mantener los salarios bajos para que de esa manera se pudiera controlar la inflación, que llegó a niveles estratosféricos en aquella década.

La pérdida de poder adquisitivo fue estimada por la UNAM al inicio de este gobierno en más del 80 por ciento en los últimos treinta años, esto significa en números que quienes subsidiaron el crecimiento nacional y la estabilidad de las cifras macroeconómicas, han sido siempre los trabajadores.

La pobreza en México se ha reducido principalmente debido a que en esta administración federal, la distribución de los recursos públicos se ha realizado de manera generalizada, a través de una serie de planes y programas que han puesto en los bolsillos de los ciudadanos, el circulante que se requería para poder adquirir productos básicos que los han movido de la franja de pobreza o pobreza extrema, hacia mejores condiciones de bienestar.

Sin embargo la medida más importante que se ha tomado en esta administración, ha sido sin duda el incremento al salario mínimo, al pasar de los 80 pesos que dejaron Peña Nieto y los presidentes panistas, a los 207 con los que se termina el año 2023. Pero esta situación no ha sido del agrado de los empresarios, quienes, en algunos casos, han manifestado que los incrementos salariales les han afectado significativamente, por el tema de las prestaciones sociales, las que ven como una carga fiscal adicional a su salvadora frase de siempre de que son ellos “los que crean los puestos de trabajo”, sin embargo los resultados del parlamento abierto han sido claros, es en México donde los empresarios son ricos, y las empresas son pobres, es decir que las ganancias netas de los empleadores son más del doble de las que se obtienen en otros países más desarrollados, y a decir de algunos expertos en capital humano que participaron en los foros, si los empleos ofrecidos, están llenos de episodios de explotación y terrorismo laboral, bajos salarios, engaños a la seguridad social y al mismo trabajador, porque hay empleadores que “rotan” a su plantilla laboral, un mes cotizan en el IMSS algunos, y el siguiente mes, dan de baja a los primeros y dan de alta a los otros, con la intención de que no pierdan su cobertura médica pero no cubren las cuotas que les corresponden, de todos los que trabajan para ellos; este tipo de empleos, a decir de los especialistas, no debieran existir, es decir que si una empresa no puede cubrir las prestaciones sociales que marca la ley, no debiera entonces de estar operando.

Estas “ofertas laborales” están generando resultados contrarios a un buen desarrollo económico, ya que no generan la fidelización de los trabajadores con la empresa, debido a que éstos no consideran que la organización se preocupa por su bienestar, ni siquiera en los aspectos mínimos que señala la legislación en materia de prestaciones laborales.

En Mérida tenemos un ejemplo claro de esto, cada año el ayuntamiento le paga más a empresas externas para hacer el trabajo que los empleados públicos debieran hacer y que les significaría una mejora en sus percepciones si en vez de hacer outsoursing, que además está prohibido, mejoraran la plantilla laboral y sus condiciones de trabajo. Pero les pagan a empresas que no cumplen con las prestaciones sociales de sus trabajadores, y tampoco cubren adecuadamente sus responsabilidades en lo que concierne a capacitación, seguridad social y demás obligaciones. Basta salir a la calle para ver en que condiciones se encuentran los empleados de las empresas a las que se les paga por barrer las calles, o incluso las que tienen las concesiones para la recoja de basura, sin equipo de seguridad, ni ropa, ni calzado adecuado, pero eso sí los “empresarios” amigos del alcalde llenan sus carteras para sí y para sufragar campañas.

El caso es que, para el PAN y algunos de sus amigos empresarios, nunca es tiempo para el trabajador, siempre tiene que seguir apretándose el cinturón.