Notario, traficante de influencias

• Héctor José Victoria Maldonado, notario público número 2 en Mérida, combina la fe pública con un activo negocio inmobiliario.
• Mientras certifica actos jurídicos, controla empresas dedicadas al fraccionamiento, financiamiento y venta de tierras en Yucatán, desdibujando la frontera ética entre el servicio público y el interés privado.

Redacción/Sol Yucatán

Poseedor de grandes extensiones de tierra en Yucatán, el notario público número 2, Héctor José Victoria Maldonado, es además un empresario inmobiliario activo, socio mayoritario y directivo de al menos dos empresas dedicadas al desarrollo, fraccionamiento, financiamiento y comercialización de bienes inmuebles.

No es una suposición ni un rumor: aparece así en documentos mercantiles inscritos en el Registro Público de Comercio, donde su nombre no figura como asesor o invitado, sino como pieza de mando en estructuras corporativas diseñadas para comprar, urbanizar, vender, financiar y litigar en el mismo mercado donde su firma notarial produce efectos legales irreversibles.

La radiografía documental muestra un choque inevitable entre la ética de la fe pública y el interés privado. Mientras un notario está llamado a actuar como garante de certeza —para quienes compran, venden, heredan o regularizan—, Victoria Maldonado participa simultáneamente en sociedades cuya razón de ser es precisamente capturar valor del suelo y convertirlo en negocio.

La pregunta no es si la ley permite que un notario sea empresario: la pregunta es por qué el sistema tolera que un fedatario acumule, al mismo tiempo, las palancas para dar fe y para hacer caja dentro del mismo circuito inmobiliario.

Una de esas empresas es HVM&MV INMODESARROLLOS, S.A.P.I. DE C.V., constituida el 16 de agosto de 2017 y registrada con el folio mercantil electrónico N-2018034000. Su objeto social no se limita a construir casas o vender terrenos: incluye explícitamente la posibilidad de obtener y otorgar financiamientos, créditos y préstamos, así como emitir y negociar títulos de crédito y actuar como apoderado legal.

En esa sociedad, Héctor José Victoria Maldonado aparece como socio fundador con aproximadamente una tercera parte de las acciones y, más importante aún, como Presidente del Consejo de Administración, con poderes amplísimos para pleitos y cobranzas, actos de administración y dominio, manejo de cuentas bancarias y operación de documentos de crédito.

La segunda empresa es todavía más contundente por la forma en que concentra capital y control. Se trata de H3K INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., constituida el 19 de noviembre de 2020, con folio mercantil electrónico N-2021003336.

El acta la define con un objeto social abiertamente orientado a urbanización y fraccionamiento de terrenos, compra-venta y explotación de inmuebles, construcción de fraccionamientos y desarrollos habitacionales, con capacidad incluso para intervenir en obra pública y privada.

En esa sociedad, Victoria Maldonado no solo es socio: es el accionista mayoritario, aportando 67% del capital social, y además es el Administrador Único, es decir, el operador total, la firma que manda, la mano que compromete, la que abre cuentas, suscribe contratos y decide sobre bienes y obligaciones. Si HVM&MV lo coloca en la cúspide corporativa, H3K lo coloca como dueño y ejecutor.

El patrón se vuelve más delicado cuando se revisan los alcances de ambos objetos sociales. No hablamos de “empresa de construcción” limitada, sino de sociedades que incluyen financiamiento, préstamos, garantías, títulos de crédito y facultades de litigio y cobranza.

En el mercado inmobiliario de Yucatán, esa combinación es oro: no solo vendes tierra; vendes tierra a plazos, financias, cobras, ejecutas garantías y litigias cuando el comprador cae. Y si quien participa en ese esquema es, al mismo tiempo, un fedatario con capacidad para protocolizar operaciones, validar documentos y abrir puertas registrales, el conflicto deja de ser teórico.

Esta dualidad adquiere un peso aún mayor por el rol público y gremial que ha ocupado Victoria Maldonado. No solo es Notario 2: también ha sido voz visible del gremio, citado en medios al hablar de sanciones y quejas contra fedatarios y sobre los honorarios que se cobran en operaciones inmobiliarias.

En otras palabras: forma parte del circuito que explica y defiende cómo funciona el notariado, mientras participa en empresas que extraen rentabilidad del mismo sistema. En un entorno donde los casos de suplantación, quejas por escrituras y señalamientos por despojo suelen terminar empantanados, el liderazgo gremial de un notario que además es operador inmobiliario amplifica una sensación social: que el árbitro juega con equipo.

El asunto se vuelve más grave por la opacidad que envuelve a estas sociedades en el ámbito público abierto. Fuera del registro mercantil, su huella pública es escasa, difusa o inexistente: no aparecen de manera clara páginas oficiales, informes, licencias visibles o anuncios inequívocos de desarrollos con esas razones sociales exactas. Esto no demuestra ilegalidad, pero sí refuerza un rasgo clásico del negocio de tierra: las empresas pueden operar bajo marcas comerciales distintas, intermediarios o redes privadas, mientras la razón social opera como vehículo de control que firma, financia y concentra utilidades.

Poseedor de grandes extensiones de tierra, un notario que también es socio mayoritario y directivo de empresas fraccionadoras no es un caso anecdótico, es un riesgo institucional. Porque el notario no solo certifica lo que ocurre; puede moldear qué ocurre. Y cuando el fedatario se sienta en la mesa del negocio, la fe pública deja de ser un servicio neutral y empieza a parecer un instrumento de mercado.

Los documentos mercantiles muestran algo más que “participación empresarial”: muestran arquitectura de poder. En HVM&MV, Victoria Maldonado tiene mando corporativo y poderes para litigar y manejar títulos de crédito.

En H3K, tiene mayoría accionaria y control operativo absoluto. Ambas sociedades están diseñadas para hacer lo que el mercado inmobiliario hace cuando crece sin control: fraccionar, vender, financiar y cobrar. Y mientras Yucatán se reconfigura a golpes de fraccionamientos, plusvalía y especulación, el hecho de que un notario con fe pública participe activamente en esa cadena no solo es cuestionable: es una señal de alerta.

La discusión de fondo no es moralista. Es de ética pública. ¿Quién vigila al fedatario cuando el fedatario se vuelve empresario del mismo mercado que valida? ¿Qué controles existen para impedir que la notaría se convierta en puerta de entrada a negocios privados? ¿Cuántas operaciones inmobiliarias, sociedades, compraventas y poderes pasan por sus manos mientras sus empresas diseñan fraccionamientos y financiamientos?

El ciudadano, en la práctica, queda indefenso: llega a la notaría buscando certeza, pero el sistema permite que la certeza sea una autopista hacia negocios privados.

En cualquier democracia funcional, la fe pública debería ser muralla contra abusos, no plataforma para multiplicarlos. Y por eso, el caso de Héctor José Victoria Maldonado no se reduce a dos actas constitutivas: es el espejo de un modelo donde notarios pueden acumular tierra, crear empresas inmobiliarias, financiar operaciones y, al mismo tiempo, conservar el sello que convierte todo en legal. Cuando eso ocurre, la ética del cargo se vuelve una palabra vacía, y la ciudadanía paga la factura con lo único que no se recupera: el patrimonio.