No saben cómo gastaron 20 mil MDP

• Ni el gobierno panista de Mauricio Vila ni la administración morenista de Joaquín Díaz Mena permiten conocer con claridad cómo se ha gastado el dinero de los yucatecos.

Redacción/Sol Yucatán

Más de 20 mil millones de pesos del erario público de Yucatán permanecen bajo una pesada cortina de opacidad.

Entre 2017 y 2025, los gobiernos de Mauricio Vila Dosal y Joaquín Díaz Mena realizaron miles de contrataciones con empresas y proveedores, pero reconstruir el destino de esos recursos se ha convertido prácticamente en una misión imposible.

Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), denominada Tras la Huella de Nuestro Dinero, elaborada por Ricardo Alvarado, exhibe las graves deficiencias de transparencia en las contrataciones públicas del Gobierno de Yucatán y las dificultades para conocer quién recibió los recursos, bajo qué condiciones y por qué servicios o productos se pagaron cantidades millonarias.

El análisis identificó 8 mil 511 contrataciones por un monto superior a los 20 mil millones de pesos. Sin embargo, la existencia de registros electrónicos no significa que la ciudadanía pueda consultar efectivamente los expedientes, conocer sus anexos o verificar la documentación que justifica cada desembolso.

La administración estatal carece de una plataforma propia, integral y funcional que concentre la totalidad de los contratos y permita seguir el rastro del dinero público.

Los portales disponibles están incompletos, presentan registros inconsistentes y, en numerosos casos, carecen de los documentos necesarios para comprobar las operaciones.

Así, mientras los gobiernos presumen transparencia y rendición de cuentas, la información sobre el uso del presupuesto permanece dispersa y fragmentada.

Uno de los hallazgos más preocupantes de la investigación es que, de mil 711 procesos revisados, en 966 no fue posible abrir el documento correspondiente.

Los enlaces ya no funcionaban o los archivos no se encontraban en las carpetas señaladas, lo que impidió consultar los expedientes y verificar los detalles de las contrataciones.

El problema no termina ahí. También se encontraron números de contrato inconsistentes, proveedores sin identificar y diferentes criterios de captura entre las dependencias estatales.

Estas irregularidades dificultan reconstruir las operaciones y seguir la ruta del dinero desde las dependencias hasta las empresas que recibieron los pagos.

En otras palabras, aunque existen registros de miles de contrataciones, no hay garantías de que la información publicada permita conocer integralmente cómo se ejercieron los recursos.

La opacidad alcanza tanto a la administración panista de Mauricio Vila como al actual gobierno morenista de Joaquín Díaz Mena, pues el periodo analizado comprende nueve años de ejercicio presupuestal y dos administraciones estatales.

Ante la ausencia de un sistema estatal confiable, la investigación tuvo que recurrir principalmente a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) para reconstruir el historial de contrataciones.

De acuerdo con el análisis, el 98.4 por ciento de los contratos de la administración centralizada fue localizado en esa plataforma, mientras que el 1.6 por ciento restante únicamente pudo obtenerse mediante solicitudes de acceso a la información.

Esto evidencia que el Gobierno de Yucatán no cuenta con mecanismos propios suficientemente completos para facilitar la consulta pública de sus adquisiciones, servicios y contratos.

La Secretaría de Salud es la única dependencia que cuenta con un portal local de contratos, pero su cobertura es limitada: únicamente contempla los años 2017, 2021 y 2022. Además, ninguno de esos registros contiene documentos de respaldo que permitan verificar las operaciones.

El resultado es un sistema fragmentado en el que encontrar un contrato no garantiza conocer sus condiciones, identificar plenamente al proveedor o comprobar que el servicio contratado fue efectivamente entregado.

La investigación de MCCI, incorpora dos tablas que adquieren especial relevancia para dimensionar el manejo del dinero público: una con las diez empresas que recibieron los mayores montos y otra con los diez proveedores que acumularon más contratos.

Estos listados permiten identificar a los principales beneficiarios de las contrataciones gubernamentales y representan un punto de partida para investigar posibles concentraciones de recursos, relaciones comerciales y condiciones de adjudicación.

Sin embargo, la falta de expedientes completos dificulta profundizar en aspectos fundamentales como los procedimientos utilizados, la competencia entre proveedores, las justificaciones de las adjudicaciones y el cumplimiento de los contratos.

Más de 20 mil millones de pesos no son una cifra menor. Se trata de recursos provenientes de los contribuyentes y destinados, en teoría, a satisfacer las necesidades de la población.

Por ello, conocer quién recibió ese dinero, qué vendió, qué servicios prestó y bajo qué condiciones debería ser una obligación elemental de cualquier administración pública.

La investigación Tras la Huella de Nuestro Dinero deja al descubierto una realidad incómoda: en Yucatán, conocer el destino de los recursos públicos sigue siendo una tarea complicada, incluso cuando existen leyes e instituciones obligadas a garantizar el acceso a la información.

No hay que olvidar que los gobiernos de Mauricio Vila Dosal y ahora de Joaquín Díaz Mena, han estado en medio de señalamientos de actos de corrupción a través del desvió de millonarias sumas de dinero a través de empresas factureras controladas en ambas administraciones por Mario Millet Encalada.