No puede ni con su casa

Que está estudiando en CDMX, ¿pues no están de vacaciones?

• El junior Joaquín desató una ola de indignación, pues ciudadanos cuestionan si un Gobernador que es  incapaz de poner orden en su propio entorno familiar puede hacerlo en todo Yucatán.

Redacción/Sol Yucatán

A casi dos años de gobierno, el presunto escándalo protagonizado por el hijo del gobernador Joaquín Díaz Mena desató una ola de indignación en redes sociales, donde ciudadanos cuestionan si un mandatario incapaz de poner orden en su propio entorno familiar puede hacerlo en todo Yucatán.

Para numerosos usuarios, el caso exhibe un preocupante mensaje de impunidad, privilegios y uso del poder para proteger al círculo cercano del Ejecutivo, mientras la «austeridad republicana» y la «transformación» quedan reducidas, afirman, a un simple discurso.

La molestia no se concentró únicamente en el presunto altercado ocurrido en un bar, sino en lo que para numerosos ciudadanos representa el episodio: la incapacidad del mandatario para imponer orden dentro de su propio círculo cercano y la percepción de que los privilegios del poder siguen intactos.

El presunto zafarrancho protagonizado por uno de los hijos del gobernador Joaquín Díaz Mena en un bar, no solo desató la polémica por los hechos ocurridos durante la madrugada del fin de semana, sino que abrió un nuevo frente de cuestionamientos contra el mandatario estatal.

Todo surge a raiz de una agresión ocurrida en una discoteca de la costa yucateca involucra a Joaquín Díaz Méndez, “El Junior”, hijo del gobernador Joaquín Díaz Mena y a sus escoltas. Según circula en varias redes sociales el hijo del gobernador habría sido quien inicio un pleito sin embargo recibió un buen golpe que lo mandó al suelo ocasionando la intervención de sus escoltas para agredir al otro joven.

Lejos de poner en duda la versión de los hechos, una parte importante de las reacciones difundidas en redes sociales se concentró en criticar la imagen que proyecta la familia del gobernador, el supuesto uso de escoltas para un familiar que no ocupa un cargo público y el contraste entre el discurso de austeridad y la percepción ciudadana sobre los privilegios del poder.

Los comentarios recopilados tras la difusión del caso muestran un patrón común: para numerosos ciudadanos, el episodio representa un reflejo del ejercicio del poder y de la falta de consecuencias cuando los protagonistas pertenecen al círculo cercano del Ejecutivo estatal.

Entre las opiniones predominó la percepción de que el hijo del gobernador habría actuado amparado por su condición familiar y por la presencia de elementos de seguridad, situación que generó indignación entre usuarios que cuestionaron quién financia esos servicios y bajo qué fundamento se asignan.

¿Hasta cuándo el presupuesto pagado por los yucatecos seguirá sirviendo para que elementos de seguridad actúen, presuntamente, como guaruras de discoteca de la prole del gobernador?

Otra de las constantes fue la exigencia de que cualquier investigación o procedimiento legal se realice sin privilegios, como ocurriría con cualquier otro ciudadano involucrado en un altercado similar.

También surgieron críticas dirigidas directamente a Joaquín Díaz Mena. Diversos ciudadanos señalaron que un gobernante que no logra controlar el comportamiento de su entorno familiar difícilmente puede transmitir confianza sobre su capacidad para conducir el estado, mientras otros consideraron que el episodio deteriora aún más la imagen pública de su administración.

Las publicaciones también reflejaron molestia por lo que consideran una contradicción entre el discurso político de cercanía con la ciudadanía y la presunta existencia de escoltas para un integrante de la familia del gobernador, cuestionando si esos recursos provienen del erario y cuál sería su justificación.

Mientras las colonias y municipios reclaman mayor vigilancia y policías capacitados, las redes sociales se encargan de recordar a la ciudadanía cómo la seguridad pública del Estado termina envuelta en escándalos nocturnos para solapar caprichos de juniors.

A casi la tercera parte del sexenio, la famosa «austeridad republicana» y la «transformación» quedan reducidas a discursos huecos cuando los testimonios digitales exhiben a guardespaldas oficiales actuando como un presunto brazo ejecutor del los desaseos familiares.

Otro tema recurrente fue la percepción de impunidad. Numerosos comentarios expresaron escepticismo sobre la posibilidad de que el caso tenga consecuencias reales, al considerar que las influencias políticas podrían impedir que se esclarezcan los hechos o que exista alguna sanción.

Para numerosos ciudadanos, el incidente dejó de ser únicamente un pleito en un centro nocturno. En redes sociales, el caso se transformó en un termómetro del desgaste que enfrenta la administración de Joaquín Díaz Mena, pues decenas de comentarios vincularon el comportamiento atribuido a su hijo con un gobierno al que califican de alejado de las promesas de austeridad, igualdad y combate a los privilegios. La exigencia que predominó entre los usuarios fue que no exista trato preferencial para ningún integrante de la familia del gobernador y que los recursos públicos se destinen a las necesidades de la población, no a sostener privilegios.

En medio de la polémica, Joaquín Díaz Méndez aseguró en redes sociales que se encontraba en la Ciudad de México y publicó una fotografía en la Cineteca Nacional como supuesto respaldo de su versión. Sin embargo, la imagen carece de una fecha o elemento que permita confirmar cuándo fue tomada. Además, la publicación no disipó las dudas de numerosos usuarios, quienes recordaron que un vuelo entre Mérida y la Ciudad de México dura menos de dos horas, por lo que una fotografía en la capital del país no necesariamente acredita que no hubiera estado previamente en Yucatán. A ello se suma que el propio hijo del gobernador afirmó que se encuentra estudiando en la capital; no obstante, también surgieron cuestionamientos en redes sociales al señalar que actualmente muchas instituciones educativas se encuentran en periodo vacacional, por lo que su explicación tampoco logró apagar la controversia.

La indignación vertida en los comentarios de las publicaciones es rotunda. A casi dos años de haber asumido el poder, si el «trovador de San Felipe» no tiene la autoridad moral ni el firme liderazgo para frenar a su propio círculo cercano, ¿cómo pretende gobernar Yucatán?

Si el mandatario tolera o solapa los presuntos desmanes de su familia, la señal hacia la burocracia es de absoluta impunidad.

Yucatán no necesita un «papá alcahuete» mientras las redes sociales ventilan la presunta prepotencia de su familia.