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¡Niñas embarazadas!
- Siete niñas y adolescentes en Casa Otoch, bajo tutela del Estado, enfrentan una realidad mucho más silenciosa: embarazos que obligan a cuestionar si fueron víctimas de violencia sexual y si realmente recibieron información para decidir sobre su futuro
Redacción / Sol Yucatán
Yucatán puede presumir que la violencia del narcotráfico no forma parte de su vida cotidiana como ocurre en otras entidades. No hay balaceras constantes ni disputas territoriales visibles en las calles. Pero la violencia también tiene rostros que no aparecen en los partes policiacos.
Uno de ellos está dentro de las instituciones públicas: niñas y adolescentes embarazadas que permanecen bajo tutela del Estado.
En el Centro de Asistencia Social (CAS) Casa Otoch hay actualmente siete binomios de niñas y adolescentes que están maternando. Cinco ya tuvieron a sus hijos y dos continúan embarazadas. La menor tiene 12 años y una de las adolescentes es originaria de Chiapas.
El dato por sí mismo debería obligar a encender una revisión institucional mucho más profunda.
Porque cuando una niña o adolescente menor de edad resulta embarazada, particularmente cuando se trata de menores de 15 años, el Estado tiene la obligación de investigar si detrás de esa gestación existe violencia sexual o violación, activar los mecanismos de protección y garantizar que la menor conozca plenamente sus derechos.
Y aquí aparece una pregunta que hasta ahora no tiene una respuesta clara: ¿estas niñas tuvieron realmente la posibilidad de decidir si querían continuar con el embarazo o acceder a una interrupción legal del mismo?
No existe certeza.
Niñas, no madres
El director de Casa Otoch, Walter Mena, explicó que la función del centro consiste en resguardar y reportar la situación de las menores, mientras que las decisiones corresponden a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán (Prodennay).
La institución, dijo, proporciona cuidado y acompañamiento psicológico, pero la toma de decisiones se realiza a través de la Procuraduría.
Lo que no quedó establecido es si las menores recibieron información completa sobre la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), si conocieron las alternativas disponibles o si decidieron continuar con la maternidad después de haber recibido orientación integral.
En otras palabras, no está claro si se les garantizó una decisión verdaderamente informada sobre algo que cambiará para siempre su proyecto de vida.
Y no se trata de una concesión del Estado.
Es un derecho.
Ante un embarazo de una niña o adolescente existe una ruta institucional específica: la Ruta NAME, Niñas y Adolescentes Madres y/o Embarazadas, diseñada para detectar, atender y proteger integralmente a menores de 15 años que enfrentan un embarazo.
Su objetivo es proteger y restituir los derechos de las niñas y adolescentes, así como los de sus hijos e hijas, y garantizar la no repetición del daño.
La estrategia exige coordinación entre instituciones, autoridades, organizaciones sociales y quienes tengan contacto con menores embarazadas o víctimas de violencia sexual.
Entre las primeras acciones se encuentra la aplicación de la NOM-046-SSA2-2005, relacionada con la prevención y atención de la violencia familiar, sexual y contra las mujeres.
Las menores deben recibir información y orientación sobre sus derechos, incluido el acceso a la interrupción legal del embarazo.
Cuando esto no ocurre, la omisión puede constituir violencia institucional y colocar a una niña ante un embarazo forzado.
La abogada Amelia Ojeda, asesora legal de la Unidad de Atención Psicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal (UNASSE), advierte precisamente sobre este escenario: no basta con resguardar a las menores; el sistema completo debe garantizar una protección reforzada de sus derechos.
La responsabilidad, por tanto, no termina en Casa Otoch.
Involucra a todo el sistema estatal.
El propio esquema de atención contempla que las instituciones de salud deben proporcionar atención médica urgente e inmediata conforme a la NOM-046, sin condicionar el servicio a la presentación previa de una denuncia.
La protección debe considerar las distintas edades de las NAME, desde niñas de 10 a 14 años hasta adolescentes de 15 a 19 años, además de las condiciones geográficas, étnicas y sociales de cada caso.
En Yucatán, el seguimiento médico de los embarazos de las menores bajo tutela estatal se realiza en el Hospital General “Dr. Agustín O’Horán”, donde el ginecólogo y obstetra Pavel Calderón, responsable del programa Aborto Seguro, plantea que el centro de la atención debe ser la vida que la menor tendrá después del embarazo.
No basta con vigilar la gestación.
La atención debe considerar la seguridad legal de la niña, la eliminación de cualquier contexto de violencia y la continuidad de sus estudios.
El embarazo no puede convertirse en el único horizonte de una menor que todavía está construyendo su propia vida.
La propia condición física de una niña o adolescente puede incrementar los riesgos durante la gestación.
Entre las complicaciones señaladas por especialistas se encuentran preeclampsia, eclampsia, sepsis, anemia, parto prematuro y recién nacidos con bajo peso, además de complicaciones durante las primeras horas, días o semanas posteriores al nacimiento.
En adolescentes que todavía no han completado su madurez biológica y ósea, también existen mayores riesgos durante el parto o una cesárea.
Por ello, el seguimiento médico no puede separarse de la protección jurídica y psicológica.
La pregunta debe ser mucho más amplia que si la niña continuará embarazada.
Debe ser: ¿qué necesita para recuperar sus derechos, proteger su salud y conservar la posibilidad de decidir qué quiere hacer con su vida?
El aborto ya es un derecho en Yucatán
Además, el contexto jurídico cambió.
En abril de 2025, Yucatán aprobó la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 12 semanas de gestación.
Posteriormente, el 22 de junio de 2026, la Suprema Corte aprobó la reforma constitucional que eliminó las trabas legales.
Con 22 votos a favor y 13 en contra, Yucatán se convirtió en la entidad número 23 del país en reconocer legalmente el derecho a decidir.
La aprobación fue resultado también del trabajo de colectivas, activistas, organizaciones y defensoras, entre ellas UNASSE.
Los votos favorables provinieron de legisladores de Morena, PT, PRI y Movimiento Ciudadano, mientras que los 13 votos en contra correspondieron a integrantes del PAN.
Por eso, cuando se habla de niñas embarazadas bajo tutela del Estado, la discusión ya no puede reducirse a si existe o no una legislación que permita interrumpir el embarazo.
La pregunta es si las instituciones están garantizando que esas niñas conozcan ese derecho y puedan ejercerlo de manera informada, libre y segura.
Yucatán puede presumirse como un estado relativamente seguro frente a la violencia asociada al crimen organizado.
Pero la ausencia de balaceras no significa ausencia de violencia.
La violencia sexual contra niñas también es violencia.
El abuso también es violencia.
Un embarazo impuesto por una agresión sexual también es violencia.
Y obligar a una menor a continuar una gestación sin haberle informado adecuadamente que tiene derechos y alternativas puede convertirse en violencia institucional.
Siete niñas y adolescentes bajo tutela del Estado están maternando en Casa Otoch. Cinco ya cargan con la responsabilidad de criar a sus hijos y dos atraviesan actualmente un embarazo.
Una de ellas tiene apenas 12 años.
Ese dato debería ser suficiente para que todas las instituciones involucradas revisen cada expediente, cada circunstancia y cada decisión.
Porque una niña que termina embarazada no debería ser vista primero como madre, sino como una menor cuyos derechos deben ser protegidos.
La verdadera seguridad de Yucatán no se mide únicamente por la ausencia de narcoviolencia en sus calles.
También se mide por la capacidad del Estado para impedir que sus niñas sean violentadas, abandonadas institucionalmente o condenadas a una maternidad que quizá nunca eligieron.