Ni Xóchitl, ni Claudia apuntan directo al narco

Golpe de Tecla

En Culiacán, Sinaloa halcones y narcomenudistas del Cártel de Sinaloa ofertan en la calle el cambio de dólares a pesos mexicanos, a un precio menor a su valor. De esa manera, “lavan dinero” en menor escala para una de las organizaciones más poderosas del narcotráfico en el mundo.

En Guadalajara, Jalisco, en pleno centro, Casas de Cambio -que a cada rato cambian de dueño y de razón social- ofrecen venta de dólares y euros a un precio menor que las instituciones bancarias, perdiendo 1.5 y 2 pesos por unidad. Un “lavado de dinero” sin pudor alguno, con oficinas climatizadas incluidas.

Ahí cerquita, en Zapopan y en Tlaquepaque, Jalisco, el cártel inmobiliario -cártel espejo del Cártel de Jalisco Nueva Generación- continúa con la voraz construcción de torres de lujo, sistemas condominales, ostentosas bodegas y parques industriales que parecerían no tener vida productiva mayor, que no sea, la de servir para “facturar” y volver lícito dinero proveniente del narcotráfico.

En Quintana Roo y Yucatán, el esquema es similar: Casas de cambio, microchangarros,  en Mérida y en Playa del Carmen que ofertan los euros, dos pesos por debajo de su valor cambiario, y que únicamente sirven -en la mayoría de los casos- para volver lícitos, el dinero proveniente del crimen organizado.

En Veracruz, el exsecretario de Seguridad Pública acusado de enriquecimiento ilícito y de pactos con el Cártel de Jalisco Nueva Generación en tiempos de Javier Duarte, hoy es un boyante empresario hotelero en la Riviera Maya y portentoso dueño de empresas de seguridad -el sarcasmo es cortesía de la casa- en la Ciudad de México.

Y podríamos seguir con ejemplos similares en Acapulco, Manzanillo, Ciudad Juárez, Tijuana y demás etcéteras, de complejos inmobiliarios, lujosos restaurantes, casinos, tables dance y sospechosas desarrolladoras industriales cuya finalidad principal es lavar activos del crimen organizado.

Y al día de hoy, transcurridos los dos primeros meses y medio del año, ninguna de las dos candidatas presidenciales en México, ni Berta Xóchitl Gálvez Ruiz, ni Claudia Sheinbaum Pardo han ahondado en el meollo del asunto de golpear, con seriedad -y no con aspavientos- al crimen organizado y esto es, pegarle, en primera instancia al lavado de dinero; y en segunda instancia “congelar cuentas bancarias” de empresarios, gobernadores, diputados, alcaldes, cualquier servidor público, comandantes policíacos, abogados e incluso periodistas, de las que se tengan sospechas fundadas y pruebas en la mano de haber participado o cobrado con el crimen organizado.

Hasta hoy, Gálvez Ruiz sólo ha hablado de construir una “mega cárcel”, al puro estilo del presidente nicaragüense,        Nayib Bukele, así como en incrementar la matrícula de los actuales elementos de la Guardia Nacional, con el respectivo “baño de sangre” -al estilo Calderón- que hizo implica.

Por otro lado, Claudia Sheinbaum, la ha tenido más complicada, en plena precampaña y posteriormente campaña presidencial, poco podrá criticar o hablar de lo malo que se hizo en este sexenio en materia de seguridad.

La doctora Sheinbaum apenas ha esbozado algunos matices alusivos a reforzar -legislativamente- la prisión preventiva oficiosa, esa que tantas críticas causó por defensores de derechos humanos y la propia Corte Interamericana.

Resulta extraño, por demás sospechoso, que a 75 días de que millones de mexicanos salgan a las urnas a decidir a su próxima presidenta de México -el caso del candidato del Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, ni lo contemplamos aquí por ser una auténtica burla-, ni Claudia Sheinbaum, ni Xóchitl Gálvez han querido aludir a una real política pública que aluda a detener el lavado de dinero y a congelar las cuentas bancarias de los miles de mexicanos que directa o indirectamente han intervenido en coadyuvar al crecimiento descomunal del crimen organizado en nuestro país.