Mérida
NEGOCIAZO DE FIN DE SEXENIO
*En plena transición de Gobiernos y en las narices del comité del equipo de transición del próximo gobierno Morenista, Mauricio Vila Dosal, a través de la SSP, cerrará un contrato de unos 300 millones de pesos por medio de la adquisición en la modalidad de renta de patrullas, ambulancias y maquinarias. Amarrará los contratos, los cuales no podrán ser cancelados.
*El Gobierno de Vila Dosal, en los últimos dos años, ha otorgado 12 contratos a la empresa “Lumo Financiera del Centro” por más de 200 millones de pesos. Moche de entre el 15 y 20% del monto total.
*El comandante, Luis Felipe Saidén Ojeda, puso como condición para seguir al frente de la seguridad, la renta o compra de un helicóptero para que tenga traslados seguros ante las amenazas que ha recibido.
En plena transición de Gobiernos y en las narices del comité del equipo de transición del próximo gobierno Morenista, Mauricio Vila Dosal cerrará un contrato de unos 300 millones de pesos por medio de la adquisición en la modalidad de renta de patrullas, ambulancias y maquinarias.
Bienes por los cuales se pagarán millonarias sumas que no formarán como activos de la administración estatal.
De esta manera, Vila Dosal antes de irse de la administración estatal amarrará los contratos, los cuales no podrán ser cancelados por la próxima administración, a menos que estén dispuestos a pagar millonarias penalizaciones y enfrentarse a un litigio mercantil.
De manera mañosa, los contratos firmados por la administración estatal vencen entre agosto y septiembre de este año, por lo cual tendrían que ser renovados para no exponerse a que Yucatán se quede sin patrullas y ambulancias, lo que sería una situación desastrosa y altamente peligrosa.
En julio pasado, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), emitió una convocatoria para la licitación de nuevos vehículos.
Sin embargo, de manera por demás mañosa, pidió una serie de requisitos muy difíciles de reunir en los cinco días que se dio de plazo para que las empresas interesadas puedan acceder al concurso.
Por lo cual, la convocatoria es solo un trámite, debido a que esta ya está “amarrada”, es decir, es una licitación a modo.
A cambio, el Gobierno recibe un “moche” que oscila entre el 15 y 20 % del monto total de la licitación.
Además, existe la presunción de que se ha entregado una menor cantidad de vehículos, como ha ocurrido en otras partes del país, donde la empresa ha brindado este tipo de servicios.
De acuerdo con investigaciones de Sol Yucatán, las nuevas unidades en la modalidad de renta serían otorgadas a la empresa “Lumo Financiera del Centro S.A de C.V., S.O.F.O.M., E.N.R”, con domicilio en Tlanepantla, en el Estado de México.
El Gobierno de Mauricio Vila, por medio de la Secretaría de Seguridad Pública, le ha otorgado a esta empresa envuelta en algunos líos de presunta corrupción por dar menos vehículos de los contratados, con lo cual los gobiernos logran desviar recursos.
Es decir, facturan cantidades de dinero para la renta de cierto número de vehículos, pero no entregan en la totalidad estas unidades.
De acuerdo con los datos de la Plataforma Nacional de Transparencia, en los últimos dos años, el Gobierno de Vila Dosal le ha otorgado 12 contratos a esta empresa por un monto global de 200 millones 649 mil 964 pesos.
Es decir, a pesar de las malas calificaciones de la empresa, esta se ha convertido en la favorita del Gobierno Estatal, también envuelta en problemas de corrupción, para el arrendamiento de vehículos de emergencia y renta de maquinaria.
El contrato más cuantioso fue firmado el 5 de enero del año pasado por la suma de 84 millones 195 mil 151 pesos.
De acuerdo con el convenio GEY-SSP-304/2023, firmado por Luis Alberto Pinzón Sarabia, director de administración de la SSP y Griselda Chiang Sam García, representante legal de la empresa, la SSP les contrató maquinaria, cuyo contrato iniciaría el 6 de enero del 2023 y concluirá el 30 de agosto, es decir, el próximo viernes.
Además, se tuvo que firmar una póliza de garantía por la suma de 2 millones 467 mil 106 pesos con la empresa Dorama.
El contrato vence el próximo viernes, por lo cual se renovaría antes de que concluya la administración, tienen 30 días para firmar el contrato millonario, con lo cual estarían atando de manos a la próxima administración estatal.
Sin embargo, de acuerdo con las investigaciones de Sol Yucatán, la renovación del contrato sería en los primeros días de septiembre.
Lo que llama la atención es que, por la misma cantidad de vehículos y maquinaria, un año antes el Gobierno del Estado a través de la SSP le pagó a la misma empresa la suma de 71 millones 151 mil 572 pesos.
Si tomamos en cuenta que el contrato se firmó el 1 de septiembre del 2022 y concluyó el 31 de diciembre del 2023, es decir, tuvo una duración de 15 meses, para el periodo que está a punto de concluir, se elevó el costo en 15 millones de pesos.
En noviembre se vence el contrato de arrendamiento del helicóptero de la SSP, por lo cual la administración tendría que renovarlo o en su caso regresarlo al proveedor.
La nueva administración no tendría tiempo para convocar a una licitación y regresarlo sería un duro golpe, además de que la permanencia del actual Secretario de Seguridad tenía como condición la renta o adquisición de un helicóptero, por lo cual lo más seguro es que vuelvan a negociar con la empresa B3-Flyservice y rentar la aeronave por un monto cercano a los 11 millones de dólares.
Una de las condiciones que planteó Saidén Ojeda a Joaquín Díaz Mena era precisamente el helicóptero, para garantizar su seguridad.
La aeronave, si bien se utiliza para el traslado de enfermos, patrullajes aéreos, también es el medio de transporte que ha estado utilizando el Secretario de Seguridad, ante las amenazas que ha recibido.
Por ello, Díaz Mena no tiene de otra que conservar o adquirir una aeronave con las mismas características, si quiere mantener contento a su Secretario de Seguridad.
Otras dependencias como el Ivey, Sedesol, Consejería Jurídica, Japay, Incay, DIF Estatal, entre otras, también han licitado millonarios contratos, debido a que durante este Gobierno la condición es dar entre el 15 y 20 % del monto total del contrato.